Hasta hace unos días, el sector empresarial yucateco se sentía ignorado por el gobierno del Estado y al margen de las decisiones que tomaban las autoridades para tratar de resolver la grave crisis sanitaria que todavía padecemos.

Fernando Ponce Díaz, presidente de Coparmex, recuerda que le habían insistido al gobierno que era necesario sentarse a dialogar para buscar soluciones —“sin descuidar el tema de salud, que sabemos que es prioritario”— a la progresiva destrucción de la actividad económica derivada de la pandemia.

“Hacía falta una reunión así”, comenta el líder empresarial, en referencia a la junta que más de 30 integrantes del Consejo Directivo del sindicato patronal sostuvieron con el gobernador, Mauricio Vila Dosal, y funcionarios de su gabinete el lunes pasado, como informamos, en el Centro Internacional de Congresos.

Se trató de una reunión de carácter informativo y se desarrolló en un ambiente muy serio, pero cordial, dice. No fue una sesión para debatir o intercambiar puntos de vista, no hubo discusiones ni enfrentamientos, aunque al final se abrió un espacio de preguntas y respuestas.

Desinformación

Básicamente, el gobernador expuso cómo ha evolucionado la pandemia de Covid en Yucatán, cómo está actualmente la situación, lo que están haciendo para frenar el avance del virus y los resultados de estos esfuerzos.

Mostró gráficas y datos que dan sustento a las medidas que se han tomado en la gestión de la crisis y reconoció que su gobierno ha fallado en la forma de compartir la información con la sociedad, por lo que mucha gente no comprende todavía el porqué de muchas decisiones, añade.

Independientemente de esa reunión —similar a las que el gobierno sostuvo después con otras agrupaciones empresariales— esta semana se han realizado varias mesas de trabajo virtuales a fin de presentarle al gobierno propuestas concretas del sector privado para avanzar en la reactivación de la economía estatal.

“Gente del gobierno acusará recibo de las iniciativas sugeridas, que serán evaluadas para definir cuáles son viables y en su caso implementarlas”.

De acuerdo con Ponce Díaz, en la reunión del lunes los empresarios le hicieron saber al gobernador que están de acuerdo con algunas de sus estrategias para contener el avance de la epidemia, pero con otras definitivamente no.

Corregir el rumbo

“Creo que el gobierno estatal no ha sabido cómo manejar ciertos temas. En algunos casos incluso no ha podido señalar el rumbo correcto”, opina el empresario.

“Esperamos que sea capaz de admitir que se ha equivocado y rectificar, para poder comenzar a reconstruir lo que la crisis sanitaria está destruyendo”.

Preservar la salud es fundamental, pero también nos enfrentamos a un gran problema económico, porque muchas familias yucatecas comienzan a pasar hambre y tenemos que hacer algo, no podemos seguir parados donde estamos, agrega.

A su juicio, si la situación sanitaria ha mejorado un poco en los últimos 12 días, como les afirmó Vila Dosal, hay que actuar en consecuencia. La propuesta de Coparmex es clara: gobierno del Estado y las cámaras empresariales deben esforzarse para alcanzar acuerdos encaminados a la elaboración de un programa de recuperación económica y social.

“Necesitamos un compromiso compartido que considere, sin dejar de atender la crisis de salud, como se ha hecho hasta la fecha, generar un entorno de negocios favorable para no tener tanta afectación”.

El líder patronal reitera que todavía no hay acuerdos concretos, pero que esperan alcanzarlos pronto para trabajar juntos por el bienestar y la salud de la sociedad yucateca.

“No hay que olvidar que con esta situación todos salimos perjudicados, unos más otros menos. Lo ideal sería llegar a decisiones consensuadas en beneficio de todos los yucatecos”.

Lograr eso, señala una vez más, exige el compromiso tanto del sector privado como del público, en adecuada coordinación.

Sobre el tema del transporte público, uno de los más delicados y polémicos, Ponce Díaz comenta que se está analizando en las mesas temáticas para definir las estrategias a seguir. Por lo pronto, ya se habla de la adopción de medidas inmediatas, como el escalonamiento por días para reducir la movilidad.

Por último, Ponce Díaz insiste en que tiene muchas esperanzas de que pronto iniciativa privada y gobierno se pondrán de acuerdo para trabajar juntos en resolver las necesidades más apremiantes del Estado.

“Hubo momentos en el pasado reciente en que el gobierno de Mauricio Vila no mostró disposición a escucharnos, pero ahora sí. Este espacio de comunicación con las cámaras empresariales, que han podido manifestar sus opiniones y sus inquietudes, nos hace pensar que pronto podremos alcanzar acuerdos en favor de todos los yucatecos”.— Megamedia

Gobierno y sector privado sostuvieron reuniones virtuales en busca de acuerdos.

Las mesas de trabajo, cinco en total, comenzaron a celebrarse el lunes por la noche y terminaron ayer por la mañana.

La intención era que en cada una de estas mesas, coordinadas por un representante del sector privado, se hicieran propuestas concretas para orientar o consolidar lo que se está haciendo hoy en día en materia de reactivación económica.

Participaron también funcionarios del gobierno del Estado, quienes recogieron las conclusiones de cada mesa.

La intención es que el gobierno revise las propuestas para determinar su implementación.

En los próximos días el Consejo Coordinador Empresarial y el gobierno del Estado darían a conocer los resultados.

Ayer miércoles trabajadores de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) se manifestaron a las puertas de las oficinas centrales de la dependencia, para exigir al secretario Mauricio Sauri Vivas una explicación por la disminución en el pago del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable (FEAC).

De acuerdo con los empleados regularizados y formalizados, el pago del FEAC siempre ha sido homologado con el Fondo de Ahorro Capitalizable (Fonac) porque, en su caso, ese ahorro suma aportaciones de los trabajadores, de los sindicatos, las cuotas sindicales y de los gobiernos federal y estatal.

Sin embargo, indicaron, este año recibieron 1,200 pesos menos que los trabajadores federales.

Los manifestantes pidieron y exigieron a las autoridades estatales una explicación sobre este descuento que consideran violatorio de sus derechos laborales, pues el dinero que aportan de manera igualitaria todos los trabajadores basificados genera intereses con un fideicomiso, razón por la que todos reciben la misma cantidad de dinero, según explicó uno de ellos.

José Maldonado González, líder de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, expuso que en su gremio hay muchas personas que se vieron afectadas por esta mala medida, aunque la mayoría de los empleados a quienes les llegó el pago incompleto pertenecen a la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntss), para un total de 4,000 perjudicados.

Según Maldonado González, el secretario general de la sección 67 del Sntss, Eulogio Piña Briceño, no estuvo presente en la protesta porque él, junto con las autoridades de la dependencia, ejerce presión sobre los trabajadores para que no alcen la voz o los amenazan para evitar que hablen sobre las violaciones a sus derechos laborales.

“Esto no es cosa de sindicatos, es asunto de derechos laborales de todos, es dinero que nos corresponde”, expresó.

Los trabajadores presentaron en la recepción de la dependencia una solicitud de audiencia al secretario Sauri Vivas, a quien acusaron de evadir a los trabajadores al solicitar respeto a sus derechos.

“Pone de pretexto que por la pandemia, en las solicitudes le hemos hecho ver que puede ser por videoconferencia, pero se niega a hablar con nosotros”, dijo Maldonado González.

La SSY informó que apoyará a los trabajadores afectados por bajos rendimientos del FEAC.

La dependencia indicó en un comunicado que transferirá a más de 2,800 trabajadores formalizados y regularizados un pago único y extraordinario para compensar la pérdida en rendimientos que obtuvo ese fondo, consecuencia de la crisis por la pandemia.

“El pago de este fondo siempre ha sido homologado con el Fonac, el cual suma aportaciones de los trabajadores, de los sindicatos, las cuotas sindicales y de los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, este año debido a la situación económica derivada de la pandemia no obtuvo los rendimientos esperados”.

La medida, refirió, se tomó luego de escuchar la solicitud de las dirigencias de las secciones 67 y 68 del Sntss, Eulogio Piña Briceño y Gerardo Ventura Vázquez, respectivamente.

Los líderes sindicales “agregaron que es lamentable que se quiera sacar raja política ante una situación muy complicada en términos económicos debido a la pandemia, y que gracias al diálogo permanente con el gobierno del Estado y la sensibilidad del gobernador Mauricio Vila ya se han dispuesto estas medidas para proteger a los trabajadores, especialmente en momentos como los que están pasando”.

La SSY reiteró su reconocimiento a todos aquellos trabajadores de la salud que han estado brindando su máximo esfuerzo para salvaguardar la salud de los pacientes que hacen uso de las unidades de salud en todo el territorio estatal.

Empleados de Telmex, adscritos a la sección 29 del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, se sumaron al paro nacional con motivo del estancamiento de las negociaciones del contrato colectivo 2020-2022.

Abelardo Moguel Cárdenas, secretario de la sección 29, señaló que no ha habido un avance en la revisión del contrario, pues la empresa ha argumentado una falta de liquidez por la regulación de la Ley de Telecomunicaciones que se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Quiere (Telmex) que los trabajadores asumamos el costo de esa regulación, excluyendo la jubilación de los trabajadores de nuevo ingreso. Hay que ser claros, ellos quieren excluir del derecho de jubilación a los compañeros de nuevo ingreso a partir de que se firme esta revisión contractual”, señaló.

Abordado en la entrada del Centro Operativo Telmex Sambulá, el líder sindical comentó que si la empresa continúa en su postura, en dos semanas, a finales de agosto habría un estallamiento a huelga.

“No vamos a ceder un paso atrás para darle gusto a la empresa de excluir la cláusula 149 del contrato colectivo”, resaltó Moguel Cárdenas en representación de los 1,180 empleados sindicalizados de Teléfonos de México en Mérida.

A final de cuentas, añadió, la jubilación es un logro sindical de muchos años de lucha “y por ningún motivo permitiremos que pase sobre el contrato colectivo”.

También aclaró que el servicio de telefonía no se interrumpe por el paro. “El servicio en sí no se ve afectado. Tenemos afectación de que no estamos atendiendo a nuestros clientes y tenemos reparaciones por atender, pero amerita la falta colectiva hoy (por ayer), y esperamos que la sociedad nos entienda porque estamos luchando por el derecho de trabajadores”.—Iván Canul Ek

Moguel Cárdenas enfatizó que el paso es nacional y participan empleados de diferentes áreas. “Es una falta colectiva, donde nosotros hoy (miércoles) no nos presentamos a trabajar, pero cumpliremos nuestra jornada laboral aquí afuera de las instalaciones durante ocho horas”.

El líder sindical recordó que cada dos años se hace la revisión contractual y en febrero pasado se hizo llegar a Telmex un pliego petitorio, que por la pandemia quedó en pausa. “Lo que llama la atención es que la empresa esté condicionando el sentarse a negociar con el sindicato la revisión contractual si no eliminamos esa cláusula (la 149). Entonces eso nos está deteniendo”.

A fin de garantizar la calidad de la enseñanza al poner en marcha las acciones que aseguren el inicio de actividades a distancia, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey) informa que se renovarán 7,601 contratos a personal docente y de intendencia de nivel básico en el ciclo 2020-2021.

En un comunicado se informa que, de ese total, 6,610 corresponden a maestras, maestros e intendentes y su vigencia comenzó el lunes 17 de agosto. Asimismo, 991 contratos correspondientes a las asignaturas de Educación Física y Educación Artística se renovarán a partir del próximo 24 de agosto, fecha de arranque de clases en línea.

“En este proceso se dará prioridad a las funciones y perfiles que respondan a las necesidades del estudiantado en el escenario actual. El personal de apoyo operativo y administrativo será contratado conforme se vaya reactivando el sector, lo cual solo sucederá cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde”, se indica.

“Situación inédita”

“Se trata de una situación inédita y, en ese sentido, los niveles de educación inicial y preescolar, primaria, secundaria, indígena y especial están trabajando para garantizar que todas las alumnas y alumnos continúen su formación académica de forma exitosa, mientras se protege su salud y la de todas las personas que integran las comunidades escolares”.

Esta acción, se añade, se suma a otras iniciativas emprendidas por el gobierno del Estado de cara al siguiente curso. Con ese objetivo, ya comenzó la distribución de libros de texto y paquetes de útiles a los planteles, para que el alumnado pueda reforzar y dar seguimiento a los contenidos que se transmitirán por televisión, radio y plataformas digitales.

La Segey pone a disposición el número 800 839 1888 del Centro de Atención Telefónica (CAT), para brindar orientación psicológica y resolver dudas respecto a trámites, consulta de calificaciones y expedición de certificados, así como inquietudes sobre los planes y programas de estudio.

En los últimos tres días el comportamiento de la pandemia del Covid-19 en la entidad registra una desaceleración en el número de contagios, pero un tanto errático, pues mientras que el lunes fueron tres, ayer aumentó a 13 y hoy se registraron 21 nuevos contagios y cuatro decesos.

De acuerdo con el médico Manuel Julián Zaldívar Báez, subdirector de Salud Pública, hoy se procesaron 73 muestras, 21 resultaron positivas y 52 negativas. Sin embargo, 109 personas están a la espera de “sus laboratorios”.

En todo Campeche 5,368 positivos y 4,508 se han recuperado.

En plataforma nacional, cuatro defunciones confirmadas por Covid-19 que se presentaron entre el 14 al 17 de agosto entre adultos mayores de 67 y 76 años de edad.

“Como en todo el país, la epidemia se encuentra en fase de descenso. El riesgo no ha acabado. En el estado esta noche hay 81 casos activos. Llevamos el registro de 9,944 personas estudiadas. Han salido negativos 4,467”, subrayó.

Los municipios de Tenabo, Calakmul y Palizada no tienen casos activos. Campeche registra 31, Carmen 20 y Hopelchén 10.

La emergencia de salud pública disminuye gradualmente. Pero la autoridad estatal exhorta a los campechanos a no confiarse y mantener las medidas sanitarias establecidas.

“Las recomendaciones siguen reiterándose, permanecer en casa el mayor tiempo posible, utilizar cubrebocas en la calle, edificios públicos y centro de trabajo, evitar saludar de mano, abrazo o beso, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar áreas y objetos de uso común, proteger a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas no controladas, principalmente”, exhorta el médico Záldivar.

Blanca Lilia Ibarra, comisionada delInstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), hizo un llamado a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Sistema de Justicia Penal, como uno de los objetivos principales de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas”.

En su participación durante el quinto “Conversatorio de Alto Nivel. Relevancia de la Agenda 2030 en tiempos de covid-19: Paz, justicia e instituciones para no dejar a nadie atrás”, Ibarra Cadena indicó que dentro de los retos puntuales para el SNA está el pasar de la homologación de marcos legales a la implementación efectiva y del establecimiento de las bases de coordinación a la ejecución de respuestas del Estado eficaces en casos de corrupción.

De cara al proceso electoral de 2021, la comisionada del INAI mencionó que es importante mantener dicho sistema “sin politizar”, desde los nombramientos de las personas servidoras públicas hasta los procesos específicos en casos de gran resonancia mediática, puntualizando que “es importante también que se establezcan parámetros de actuación hacia los futuros y futuras candidatas a un cargo de elección popular”.

En cuanto al Sistema de justicia sostuvo que es relevante garantizar su correcto funcionamiento para prevenir y erradicar la violencia en el país. “El Estado mexicano debe asegurar lo que ya está planteado en la estrategia Nacional de Seguridad Pública y que tiene que ver con la profesionalización, certificación y capacitación de policías estatales, municipales, custodios y ministeriales”, afirmó .

Recalcó que el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema de justicia penal representa el objetivo 16 de la agenda 2030 y que este es el “habilitador” del resto de las metas de desarrollo sostenible. Por su parte, Eduardo Bohórquez, director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, aseveró que para fortalecer el SNA cada una de las instancias que lo integran deben cumplir con su función: la Secretaría de la Función Pública, fiscalizar el gasto y sancionar en materia administrativa; la Fiscalía Anticorrupción, investigar los delitos, y los Jueces, sancionarlos.

“El Sistema no es nada que no tenga cualquier democracia funcional en el mundo: un conjunto de instituciones que previenen y sancionan la corrupción”, las cuales deben coordinarse y asegurar que cuando se “traicione la confianza de la sociedad” por actos de corrupción se investiguen y se sancionen apropiadamente. Mientas que Salomé Flores Sierra, Oficial Nacional del Programa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), apuntó que “la lucha efectiva contra la corrupción y la reducción de la impunidad tiene un alto grado de responsabilidad desde el fortalecimiento de las instituciones”.

El Lobo de Wall Street se inscribió como entrenador en RagingBull, una plataforma estadunidense de capacitación de operaciones bursátiles que provocó críticas por sus tácticas de venta de alta presión.

Jordan Belfort se ganó el apodo al vender acciones muy baratas sin valor a inversionistas minoristas en Stratton Oakmont, el corretaje que dirigió en la década de 1990, que la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC) describió como “el boiler room (un tipo de fraude se conoce como sala de calderas, porque se lleva a cabo en salas clandestinas donde se llama por teléfono a clientes potenciales para que inviertan en empresas inexistentes o sin valor) por excelencia”.

Fue enviado a prisión y se le prohibió asociarse con cualquier corredor, operador, compañía de inversión o asesor de inversiones. Ahora, “compartirá sus sectores favoritos de operaciones bursátiles” con inversores minoristas y les enseñará cómo “aprender de sus errores” y “aprovechar las oportunidades” en una serie de videos, dijo RagingBull el miércoles. La compañía agregó que no se darán consejos sobre acciones, compañías o estrategias de inversión específicas.

“El mercado se inundó de nuevas cuentas y operadores y muchos de ellos no saben lo que están haciendo”, dijo Belfort. RagingBull no es supervisado por los reguladores de valores de EU y “no tiene licencia ni está calificado para brindar asesoría de inversión”, afirma la compañía en su sitio web. En cambio, un “equipo de expertos” sin experiencia profesional en inversiones presenta capacitación en línea para suscripciones anuales de hasta 2 mil dólares, según la compañía.

Los tutores incluyen a Jeff Bishop, a quien la compañía describe como “miembro vitalicio de Mensa, la sociedad de alto coeficiente intelectual”, y Jason Bond, ex profesor de educación física que afirmó en un video ser “conocido como el mejor entrenador de operaciones bursátiles del mundo”.

El par lanzó la compañía con sede en Lee, New Hampshire en 2011. RagingBull se enfrentó a críticas por las docenas de correos promocionales que se enviaron a los clientes, los retrasos en la entrega de reembolsos y por solicitar a los clientes que firmen acuerdos de no divulgación antes de recibir su dinero.

La compañía ha sido el foco de 148 quejas ante el US Better Business Bureau, un grupo de derechos del consumidor sin fines de lucro. RagingBull dijo que muchas de las quejas se relacionan con problemas de servicio al cliente y que “casi todas” se resolvieron después de un reciente aumento de personal. Keith Elliott, trabajador de la construcción jubilado en Angleton, una ciudad de Columbia Británica, intentó 17 veces sin éxito cancelar la función de renovación automática para un conjunto de servicios que alcanzaba un total de 4 mil dólares.

Le pagó a la compañía más de 14 dólares por capacitación durante los últimos tres años y dijo que pocos servicios resultaron ser útiles. “Definitivamente no gané dinero gracias a Raging Bull”, dijo al Financial Times. Tom Steel, un jubilado en Palm City, Florida, pagó 199 dólares para recibir cuatro ideas de operaciones bursátiles de Bishop, pero solamente le llegaron dos.

Rechazaron su solicitud de reembolso hasta que presentó una queja ante el Better Business Bureau y el fiscal general de New Hampshire. “Te bombardean constantemente con correos electrónicos para registrarte en otras cosas que cuestan miles de dólares”, dijo Steel.

La mercadotecnia de la firma es “una máquina bien engrasada”, dijo Sydney Budina, un corredor de bienes raíces en Miami que pagó 2 mil 999 dólares en 2017 por consejos para hacer operaciones con acciones del sector de biotecnología. Al año siguiente, se le volvió a facturar la misma cantidad a pesar a no participar en el programa.

La empresa le ofreció un reembolso a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad, que él rechazó. Desde entonces, lanzó una web para destacar las quejas de clientes de RagingBull.

Wall Street cerró en rojo ayer y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0.31 % tras una jornada irregular marcada por las sombrías previsiones económicas dadas a conocer por la Reserva Federal (Fed), mientras que el S&P 500 y el Nasdaq se descolgaron de sus récords de la jornada previa.

Los inversores reaccionaron con preocupación a las actas de la última reunión de la Fed, según las cuales la entidad cree que la pandemia seguirá “lastrando pesadamente” la economía, aunque reconoció que la actividad y el empleo han repuntado levemente en los últimos meses.

Un mercado bursátil que alcanza niveles récord en una pandemia puede parecer fuera de realidad, pero el presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo a la agencia Reuters que Wall Street lo hizo bien y espera que EU lo haga mejor de lo que muchos anticipan, a medida que empresas y hogares aprenden a gestionar los riesgos del virus. “Espero que más empresas puedan operar y más economía sea capaz de funcionar… con éxito en la segunda mitad de 2020”.

La Audiencia Nacional de España determinó absolver a Isabel M.G., originaria ese país reclamada por México por participar en 2017 del secuestro en San Miguel de Allende, Guanajuato, de Nancy Michelle Kendall, ciudadana francesa a la que sus captores fue torturada con el corte de parte de un dedo para exigir a la familia el pago de seis millones de dólares.

Tras ser denegada su extradición a México en 2018 por ser ciudadana española y tener arraigo en su país, en marzo de este año fue juzgada, acusada inicialmente de un delito de secuestro, dos de lesiones y otro por la integración en organización criminal, aunque tras la vista oral solo fue acusada de cómplice de secuestro.

En una sentencia dictada el 31 de julio, la Audiencia Nacional española consideró que no había pruebas para condenarla, por lo que fue absuelta hoy. La mujer nació en Madrid, en 1978. Llegó a vivir a México en 2012 y en 2015 se casó con un mexicano en Guanajuato.

Sin embargo, el hombre, que en México se hacía llamar Ramón Alberto Valencia, le habría ocultado que era un ex guerrillero chileno, conocido como ‘Comandante Emilio’, buscado por el país sudamericano con el nombre de Raúl Julio Escobar Poblete, por atentado terrorista con resultado de muerte.

El secuestro de Nancy Michelle Kendall ocurrió el 13 de marzo de 2017, donde dos hombres abordaron en la calle a la ciudadana francesa y la mantuvieron recluida en una casa alquilada por un hijastro de Isabel hasta que fue liberada.

Durante su secuestro, Nancy Michelle Kendall fue golpeada y agredida sexualmente. Los captores llegaron a cortarle parte del dedo meñique de la mano izquierda. «No ha quedado probado que la procesada interviniera en modo alguno en el secuestro», subrayó la Audiencia Nacional de España.

En el relato de los hechos apenas aparece el nombre de Isabel M.G.: conocía a la víctima y a su esposo, Alain, y cuando su marido fue detenido, el 30 de mayo de 2017, una de las llamadas autorizadas que hizo fue a ella. Según declaró en el juicio, decidió regresar a España «aterrorizada» cuando, tras ser detenido su esposo, comprobó que le había mentido sobre su identidad.

Los magistrados españoles tomaron en cuenta los antecedentes de que el ‘Comandante Emilio’ había ocultado su verdadera identidad a su círculo cercano, por lo que no negaron el hecho de que también ocultara a Isabel su participación en el secuestro.

Además, la justicia le creyó su versión sobre que ignoraba que era un ex guerrillero chileno buscado internacionalmente, ya que presentó demanda de nulidad matrimonial apoyándose en ese motivo.