El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en Yucatán se encuentra en el ojo del huracán por presuntos actos de corrupción liderados por su delegado, Mauricio Sahui Rivero, y su círculo cercano. Los proyectos inmobiliarios de las sofom Yavo y Solimex en Umán, Hunucmá y Ticul, continúan inconclusos mientras las autoridades siguen sin resolver el problema, permitiendo que las empresas involucradas evadan sus responsabilidades.

LA RED DE ENCUBRIMIENTO Y MANIOBRAS FINANCIERAS

Detrás de esta operación se encuentra Humberto Ríos Covián, responsable de autorizar los proyectos de Yavo y Solimex en Yucatán. Ríos Covián, con 18 años al frente del área técnica del INFONAVIT, se ha consolidado como el operador clave en la aprobación de desarrollos inmobiliarios. Su estrategia es clara: favorecer a ciertos constructores, incluyendo aquellos con lazos familiares, como su primo Fernando Carrillo, quien está a cargo de la unidad de verificación Consorcio Mexicano de Valuación.

Los dictámenes técnicos del INFONAVIT están siendo manipulados para permitir la entrega de viviendas sin servicios completos. La complicidad entre Ríos Covián y los verificadores, a quienes él mismo califica, garantiza que no haya objeciones en la aprobación de obras deficientes.

LAS SOFONES Y EL JUEGO DEL DINERO

El INFONAVIT, lejos de sancionar a los responsables de los proyectos inconclusos, sigue ofreciendo nuevas negociaciones a los derechohabientes. Esta estrategia le otorga a las Sofomes (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple) tiempo suficiente para librarse de cualquier responsabilidad legal, mientras retienen los recursos financieros, generando mayores rendimientos. La negativa de estas entidades a pagar se debe a un simple cálculo económico: cuanto más tiempo mantengan el dinero en sus cuentas, más ganan.

MAURICIO SAHUI: NEGOCIOS Y AMIGOS EN EL INFONAVIT

El delegado del INFONAVIT, Mauricio Sahui Rivero, parece tener un interés más grande en la compra de tierras que en la resolución de los problemas de los trabajadores. El instituto ha estado adquiriendo terrenos estratégicos para la construcción de viviendas, y Sahui, con su conocida faceta de terrateniente, está maniobrando para beneficiar a sus aliados constructores, cobrándoles comisiones a cambio de contratos.

El respaldo mediático también forma parte del entramado de corrupción. Se ha denunciado que el Diario de Yucatán protege a Ríos Covián a cambio de beneficios en sus propios proyectos habitacionales y jugosas comisiones. Aún más preocupante es el vínculo personal entre Sahui y Ríos Covián, ya que la esposa de este último trabajó en SEDESOL durante la gestión de Sahui, lo que refuerza la conexión entre ambos personajes.

LA URGENCIA DE UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

El INFONAVIT en Yucatán se ha convertido en un botín para una red de funcionarios y empresarios que priorizan el enriquecimiento personal sobre el bienestar de los derechohabientes. Mientras miles de familias siguen esperando por sus viviendas, el delegado Mauricio Sahui Rivero y su círculo cercano continúan lucrando con la venta de tierras y la manipulación de verificaciones técnicas.

Es urgente que se realice una auditoría independiente para esclarecer el destino de los fondos, la legalidad de las autorizaciones emitidas por Ríos Covián y la relación de Sahui con las empresas beneficiadas. Los derechohabientes merecen justicia, no un entramado de impunidad que siga beneficiando a unos cuantos.

El sector inmobiliario en Yucatán se ve sacudido una vez más por una grave denuncia judicial. La abogada representante del banco HSBC ha presentado una querella contra Gabriel Antonio Dávila Alva, a quien se le acusa de incumplimiento contractual y fraude financiero en relación con un crédito millonario otorgado por la institución bancaria.

De acuerdo con la documentación legal presentada, Dávila Alva ha sido declarado judicialmente en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, estipuladas en el acta número 811 de fecha 26 de junio de 2019. Este incumplimiento ha derivado en una serie de consecuencias económicas y judiciales que afectan directamente a HSBC y ponen en evidencia presuntas irregularidades en el manejo de recursos financieros.

Las exigencias legales contra Gabriel Antonio Dávila Alva:

1. Pago del adeudo principal: Se exige la liquidación de $9,326,333.16 (nueve millones trescientos veintiséis mil trescientos treinta y tres pesos con 16 centavos), correspondiente al capital vencido según el contrato de crédito firmado entre ambas partes.
2. Intereses ordinarios vencidos: Se reclama el pago de $847,588.29 (ochocientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos con 29 centavos), generados hasta el 13 de junio de 2023, con la advertencia de que seguirán acumulándose hasta la liquidación total del adeudo.
3. Primas de seguros impagas: Se exige el pago de $46,168.80 (cuarenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos con 80 centavos) en concepto de primas de seguro vencidas hasta la fecha de la demanda.
4. Gastos de cobranza: La demanda contempla una penalización por gastos de cobranza impagos por $1,800.00 (mil ochocientos pesos), así como un impuesto al valor agregado (IVA) de $288.00 (doscientos ochenta y ocho pesos).
5. Gastos y costas del juicio: Se solicita la condena de Gabriel Antonio Dávila Alva al pago de los gastos procesales generados en este litigio, los cuales serán cuantificados al momento de la ejecución de la sentencia.

El caso ha sido radicado en el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, bajo el número de inscripción 1041819, y es supervisado por la jueza Elsa Guadalupe Rivera Uc.

Un nuevo golpe a la confianza en el sector inmobiliario

Este caso representa un fuerte golpe a la credibilidad del sector inmobiliario en Yucatán, donde recurrentemente se han denunciado fraudes y malas prácticas financieras. HSBC busca recuperar su capital y evidenciar la falta de cumplimiento de Dávila Alva, cuyas acciones podrían afectar a otros inversionistas y empresas vinculadas con sus proyectos.

Mientras la demanda sigue su curso, la comunidad empresarial y los afectados están a la espera de una resolución que siente un precedente en el combate a las irregularidades en el sector financiero e inmobiliario de la región.