El Ejército de Birmania prometió, a través de Facebook, que serán celebradas elecciones «libres y justas» en cuanto termine el estado de emergencia, determinado luego de la detención de la jefa del gobierno civil, Aung San Suu Kyi.
El golpe, sin violencia, es necesario para preservar la «estabilidad», afirmaron los militares, luego de que Suu Kyi no aceptara el golpe de Estado.
Los militares acusan a la comisión electoral de no haber subsanado las «enormes irregularidades» que se produjeron, según ellos, durante las elecciones de noviembre, donde ganó por amplia mayoría el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND).
Aung San Suu Kyi así como el presidente de la República, Win Myint, y otros responsables del partido fueron detenidos en Naypyidaw, la capital, dijo Myo Nyunt, portavoz de la formación. L
os militares acordonaron las carreteras alrededor de la capital con tropas armadas, camiones y vehículos blindados de transporte mientras los helicópteros militares sobrevolaban la ciudad.
El ejército declaró, a través de su propio canal de televisión, el estado de emergencia durante un año y anunció que el ex general Myint Swe sería el presidente en funciones durante el próximo año.
Los militares justificaron el golpe alegando «enormes irregularidades» en las elecciones de noviembre que la comisión electoral no había resuelto.
«Como la situación debe resolverse de acuerdo con la ley, se declara el estado de emergencia», según la declaración.
Más tarde, el ejército se comprometió a celebrar nuevas elecciones tras el estado de excepción, que debe durar un año.
«Pondremos en funcionamiento una auténtica democracia pluripartidista», declararon los militares en un comunicado en Facebook. Antes de su detención, Aung San Suu Kyi instó en un mensaje a la población a «no aceptar el golpe de Estado», según una carta publicada en Facebook por su partido.
Los militares actuaron rápidamente para reprimir posibles resistencias, por lo que restringieron las comunicaciones por internet y por teléfono móvil en todo el país.
En Rangún, la antigua capital que sigue siendo el centro económico del país, las tropas tomaron el Ayuntamiento justo antes del anuncio.
Además, los bancos quedaron cerrados temporalmente debido a las malas conexiones de internet, indicó la asociación bancaria de aquél país. Asimismo, varios simpatizantes del ejército viajaron en camiones con banderas de Birmania, mientras entonaban himnos nacionalistas.
Algunos miembros de la LND dijeron que las fuerzas de seguridad les habían ordenado quedarse en casa.
Además el ministro jefe del estado de Karen y otros ministros regionales también fueron retenidos, dijeron fuentes del partido a la AFP.
Condenan el golpe de Estado
El golpe de Estado suscitó una avalancha de condenas internacionales. Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea denunciaron de inmediato el golpe, mientras China se limitó a pedir a las partes implicadas «solucionar sus diferendos».
«Estados Unidos se opone a cualquier intento de alterar el resultado de las recientes elecciones (…) y tomaremos acciones contra los responsables», advirtió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado.
Por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, «condenó firmemente» la detención de Aung San Suu Kyi.
«Estos hechos asestan un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania», agregó. El golpe de Estado tuvo lugar poco antes de que el Parlamento resultante de los últimos comicios iniciara su primera sesión, prevista este mismo lunes. Birmania salió hace apenas diez años de un régimen militar que estuvo al frente del país durante casi medio siglo.
Los dos últimos golpes de Estado desde la independencia del país en 1948 se remontan a 1962 y 1988. Desde hace semanas, los militares denunciaron millones de casos de fraudes en las elecciones de noviembre.
Reclamaron que la comisión electoral, dirigida por el gobierno, publicara la lista de los votantes para verificarla, lo que no ha sucedido. Los temores aumentaron cuando el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, declaró que la Constitución podría ser revocada bajo ciertas circunstancias.
