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Faltan datos sobre los 48 mil mdp asegurados en Andorra a mexicanos: SG

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La posibilidad de que México pudiera reclamar los 48 mil millones de pesos confiscados a 23 mexicanos en Andorra dependerá de que se realice una indagatoria sobre los fundamentos y razones con los que se llevó a cabo este operativo, sostuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero: “yo no podría decir en este momento siquiera si están o no asegurados, habría que ver y si de alguna manera se podrían reclamar esos montos”.

Durante la conferencia, se refirió a las investigaciones en torno al asesinato de migrantes mexicanos y guatemaltecos en Tamaulipas, sobre lo cual aseveró que se mantiene estrecha colaboración con la físcalía estatal. Mencionó que efectivamente una de las camionetas involucradas había sido asegurada por el Instituto Nacional de Migración, por lo que se indagará si hay responsabilidad de funcionarios de esa dependencia y las razones por las cuales procedieron a asegurarla.

Sánchez Cordero indicó que colaboran con las autoridades de Chiapas en las investigaciones del asesinato de la doctora Mariana Dávalos, subrayando la importancia de que se aborde con perspectiva de género. Por otro lado, a pregunta expresa en cuanto a la posibilidad de legislar sobre el funcionamiento de las redes sociales, la secretaria informó que ha instruido al área de Normatividad de Medios revisar la viabilidad de regular estas empresas, pero reconoció la necesidad de hacer un estudio comparado para conocer cómo se ha regulado o no en otras naciones.

Sobre el dinero confiscado en Andorra, Sánchez Cordero admitió sólo tener información publicada en los medios de comunicación (La Jornada, edición del sabado 30 de enero). Aseveró que la investigación de los recursos debería partir sobre el principio de presunción de inocencia y acatando el debido proceso. Sin embargo, acotó que el reclamo de este dinero no sólo debe analizarse en este caso, sino en muchos otros que hay en varios países.

Al abundar sobre el feminicidio en Chiapas, destacó que la doctora fue revictimizada por las autoridades que iniciaron las indagatorias. “Esta situación de Mariana nos indica que todavía falta un camino muy largo en materia de combatir y erradicar esta violencia”.

Dijo que la diferencia entre investigar, resolver y sentenciar con perspectiva de género y no hacerlo, incluso el primer respondiente, es que los resultados pueden ser totalmente distintos.

La secretaria de Gobernación aludió al anuncio del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales y anticipó que revisarán en su momento la iniciativa para, en su caso, respaldarla. Subrayó la necesidad para analizar el contexto mundial “sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, para saber exactamente cómo están siendo regulados en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo de regulación”.

Finalmente, desestimó las versiones de que Morena estaría promoviendo la postergación de las elecciones, pregunta que le permitió aseverar que en su momento se deberán coordinar el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de Salubridad para determinar las acciones sanitarias pertinentes con el fin de evitar mayores contagios tanto en las campañas como en los comicios.

Riesgosa, la reforma a la ley del Banco de México: Díaz de León

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El gobernador del Banco de México (BdeM), Alejandro Díaz de León, alertó que la reforma a la ley del banco central afectaría el cumplimiento de sus objetivos, su capacidad para hacer o recibir pagos en nombre del gobierno federal, así como de generar y mantener acuerdos internacionales, centrales para la liquidez en divisas, “aumentando con ello el riesgo de la depreciación de nuestra moneda”.

En un foro virtual convocado por la Cámara de Diputados para revisar la minuta del Senado, explicó que el BdeM no podría incluir en la reserva los dólares excedentes que, al no ser reintegrados al sistema financiero, estaría obligado a adquirir.

La Secretaría de Hacienda, a través de Jorge Meléndez, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, informó que analiza un proyecto de inclusión financiera, en conjunto con el Banco del Bienestar y el apoyo del Instituto de Mexicanos en el Exterior, para ampliar las sucursales de esa institución y mediante la ayuda de sociedades financieras populares y Telecomm, poder captar dólares.

Durante el debate, diputados y senadores de Morena afirmaron que la reforma no tiene como objeto vulnerar la autonomía del Banco de México, sino resolver el problema del cambio de dólares por parte de los migrantes.

En respuesta, Díaz de León expresó que, en el camino de buscar una solución para los recursos en efectivo que ingresan a México desde el extranjero, “el mecanismo que se opta sí transgrede a la autonomía del banco con una obligación de conducir operaciones de compra de dólares en efectivo”.

Por tanto, indicó, si se coincide en que seguramente no es la intención de Morena afectar a la institución, “podremos encontrar mecanismos de solución alternativos que nos permitan llegar al objetivo, de una manera plenamente compatible con el perímetro de autonomía del banco y con un sistema financiero al servicio de la sociedad, en este caso de los migrantes”.

En cambio, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Alejandro Armenta Mier (Morena), afirmó que la autonomía del BdeM “no es absoluta ni irrestricta; no es un ente autónomo del Estado, sino autónomo del gobierno”.

Armenta Mier afirmó que la reforma pretende instituir una “nueva política cambiaria social”.

Recordó que el BdeM ha señalado que las transacciones de dólares en efectivo representan un porcentaje menor a las totales, “lo cual es falso”.

Díaz de León precisó que las operaciones en efectivo, según información el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, representaron 0.6 por ciento de enero a noviembre del año pasado.

La Asociación de Banqueros de México planteó alternativas para migrantes que actualmente tienen necesidad de viajar al país con dólares en efectivo, como incorporar nuevas funciones a cuentas básicas sin costo y comisiones, abrir cuentas nuevas de manera remota o bien ampliar la red de sucursales y corresponsalías, incluidas las tiendas de conveniencia.

Desechan amparo solicitado por prima de AMLO para licitaciones de Pemex

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Una jueza federal con sede en Campeche desechó “por notoriamente improcedente” el juicio de amparo que presentó Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que su empresa Litoral Laboratorios Industriales continuara participando en las licitaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En diciembre pasado, Pemex determinó rescindir cuatro contratos por un monto global de 312 millones de pesos a las empresas relacionadas con Litoral Laboratorios Industriales, propiedad de Obrador Olán, y relevó de su cargo a diversos funcionarios de la empresa productiva del Estado, después de una amplia revisión de su relación comercial.

La decisión tuvo que ver con la contravención a la instrucción del presidente de México, consistente en evitar que se realicen negocios de miembros de su familia con el gobierno.

Felipa Guadalupe Obrador promovió el recurso el 15 de enero para impugnar el memorándum 016/06/13/19, del 13 de junio de 2019, que emitió el presidente, dirigido a secretarios del gobierno federal, directores de empresas u organismos paraestatales y a servidores públicos en general, con aquella indicación.

Entre los actos reclamados, Obrador Olán argumentó que el documento vulnera “su derecho al trabajo, por vetarla y no poder realizar contratos con empresas públicas y privadas, al ser la apoderada de la sociedad quejosa, prima del Presidente”.

Asimismo reclamó la resolución dictada el 10 de diciembre de 2020 por el coordinador de Abastecimientos para Explotación y Producción, residente en Villahermosa, Tabasco, donde se decidió la rescisión del contrato de servicios número 688220805, por incumplimiento del proveedor.

En su resolución, la jueza Grissell Rodríguez Febles, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Campeche, desechó la promoción.

La juzgadora determinó que el memorándum no produce un agravio personal y directo a la empresa, ya que no se dirije a ella, y que el documento presidencial no fue la base o fundamento para rescindir el contrato, ni que por el oficio se vete la posibilidad o prohiba participar en licitaciones para obtener contratos con el sector público o privado.

Añadió que el memorándum «es una simple recomendación presidencial hacia los funcionarios de gobierno, para evitar gestiones al margen de la ley por parte de familiares o personas relacionadas para obtener beneficios o contratos, pero no determina algún veto que restrinja el derecho fundamental del trabajo lícito de la empresa quejosa, sino que se refiere, en un contexto integral, a que no existan actos de corrupción e influyentismo de los familiares del presidente con la administración del gobierno federal, pero de ninguna forma se encuentra dirigido materialmente a la empresa quejosa o a negarle contratos públicos y privados o la participación en licitaciones en igualdad de condiciones con otros prestadores de servicios”.

Asimismo reiteró que la rescisión del contrato no se dio por la emisión del instrumento presidencial, sino, según la resolución del 10 de diciembre de 2020, por haber incumplido la cláusula contractual 30, numeral 30.1, es decir, por no presentar el documento denominado “Manifestación de Vínculos de los Particulares”.

La jueza añadió que para impugnar la rescisión del contrato, la prima hermana del presidente debió acudir en primera instancia al juicio contencioso administrativo federal y luego al juicio de amparo.

Homicidio doloso aumentó 0.12 por ciento en enero: SESNSP

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Durante enero pasado, en todo el país se registraron un promedio de 76 homicidios dolosos por día, un total de 2 mil 379 durante todo el mes, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estas cifras representan un aumento del 0.12 por ciento, con respecto a enero del 2020, cuando se registraron 2 ml 376 víctimas de este delito.

Comparado con el mismo mes de 2019, en el que murieron 2 mil 326 personas por homicidio doloso, el incremento en 2021 es de 2.2 por ciento.

Siguiendo la tendencia marcada desde el año pasado, Guanajuato es la entidad con más víctimas, un total de 327, seguida de Michoacán con 203, Jalisco con 194 y el Estado de México con 172.

La Ciudad de México se ubica en la quinta posición, con 85 homicidios dolosos registrados durante el enero pasado.

El reporte del SESNSP se elabora con base en la información diaria que proporcionan las fiscalías estatales, además de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.

Reporta Ssa 159 mil 100 decesos por Covid

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En la nueva modalidad del reporte sobre el comportamiento de la pandemia de Covid-19 en México, a esta hora sólo está disponible la información sobre la cantidad de fallecimientos confirmados con prueba de laboratorio. Hoy fueron 564, con lo que el registro nacional subió a 159 mil 100 personas que han perdido la vida por causa de la enfermedad.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde reapareció Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, después de diez días de confinamiento por haber tenido contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tiene Covid-19, la directora del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), Alethse de la Torre, informó que hay 2 millones 64 mil 109 casos estimados, mientras que los que iniciaron con síntomas en los pasados 14 días son 92 mil 760 personas.

López-Gatell presentó los datos sobre el avance de la vacunación contra Covid-19. Dijo que hoy se aplicaron mil 621 dosis y que desde el 24 de diciembre, 675 mil 202 trabajadores de la salud han recibido el biológico. De estos, 43 mil 455 ya tienen el esquema completo de dos dosis.

Cierre de playa, mal necesario

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“No quiero que cierren la playa, es un lugar donde se distrae la gente en forma gratuita. Yo no tengo miedo al Covid, me cuido. Lo que sí está bien es la cancelación del Carnaval porque viene muchísima gente, allí si hay aglomeración”, dijo Ivette Miranda Gruintal, quien fue a Progreso ayer para celebrar su cumpleaños.

Ella y sus acompañantes no tenían al momento cubrebocas y tampoco guardaron la sana distancia.

El incumplimiento de estos dos protocolos se extendió en toda la playa, donde la inmensa mayoría de la gente no usó el cubrebocas y no estuvo a una distancia de 1.5 o dos metros uno de otro.

“El cierre de la playa consideramos que es para preservar la salud de todos. No creo que sea buena medida porque muchos resultan afectados, como los que dependen del comercio y los servicios turísticos, pero este cierre tiene más beneficios que perjuicios”, dijo el joven Alejandro Sánchez.

Su compañero de visita, Eric Sánchez Salgado, también estuvo de acuerdo con el cierre temporal porque es para que baje el nivel de contagio, aunque admitió que afectará a la gente que trabaja y depende del turismo y de quienes llegan para vender sus artículos en la playa.

Sin embargo, considera que la salud de todos es más importante y por ello el cierre en ese plazo dejará beneficios a todos, pues si alguien de la familia que vaya a la playa se enferma perjudicará a toda la familia.

El buen clima que prevaleció durante el día atrajo a cientos de personas, principalmente turistas nacionales y algunos internacionales. También llegaron vendedores de dulces, frituras, papagayos, trovadores y masajistas.

lUn matrimonio con un detector de metales caminó a la orilla del mar para detectar y extraer de la arena pedazos de metal, anzuelos oxidados y algunas monedas que se pierden en la arena, pero que son un peligro para la gente que corre descalza o se tiende en la arena para tomar el sol.

Amparo ante negativa

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La empresa Bari Internacional S.A. de C.V., interpuso un amparo ante la justicia federal debido a que el alcalde de Chocholá, Pedro Pech Aragón, no le otorga los permisos de uso de suelo para explorar un banco de materiales pétreos a las afueras del poblado.

Esa firma, según su director general, Esteban Canto Guzmán, cumple con todos los requisitos de ley establecidos por la propia Comuna para estos casos e incluso otros no considerados para tal efecto.

El directivo funge como propietario de la parcela 216 del ejido de Chocholá, un terreno de casi 20 hectáreas fuera del poblado sobre la carretera Chocholá-Kopomá, el cual fue adquirido a un ejidatario y validado en asamblea del ejido de 2019, donde 400 campesinos le reconocieron la propiedad y el uso a su favor, dijo.

El terreno se utilizaría para la explotación de un banco de materiales pétreos destinados a las obras del Tren Maya y en su operación se contrataría a vecinos de Chocholá.

La empresa Bari Internacional tiene más de 36 años de presencia en la entidad y opera bancos de materiales pétreos de similares características en Umán, Cacalchén, Izamal y Maxcanú. Entre 2010 y 2012 obtuvo de las autoridades de Chocholá de entonces un permiso de uso del suelo para la explotación de un banco de materiales pétreos en otro sector a las afueras del poblado.

Entrevistado al respecto, Canto Guzmán indicó que ante la falta de argumentos del primer edil para negarles el permiso, el pasado lunes 25 sostuvo una reunión con él en el Palacio Municipal y, aseguró, el concejal le dijo que “aunque me traigas todas la documentación en regla, yo soy quien decide si te doy el permiso o no”.

“Han sido meses de presentar ante el alcalde toda clase de documentos, desde 2018 cada visita a la autoridad ha representado un nuevo requisito que cumplir, cada uno cubierto satisfactoriamente y con el visto bueno de la instancia que lo otorga, algunos con tan celeridad que incluso el propio alcalde ha dudado de su autenticidad alegando ‘no soy abogado, soy médico’”, dijo Canto Guzmán.

Primeras negativas

En un principio el concejal Pech Aragón, de extracción panista, alegó que no daba el permiso de uso del suelo porque al hacerlo le daría motivos a un adversario político de la comunidad para atacar su gestión.

Al parecer se refería a la excandidata de Morena al Ayuntamiento de Chocholá, Claudia Cob, a quien derrotó en las elecciones de 2018.

Sin embargo, Canto Guzmán aseguró que tras sostener una conversación con la propia Claudia Cob, ella dijo que no tiene ningún inconveniente en que se le otorgue a la compañía Bari el permiso de uso de suelo siempre y cuando cumpla con la normatividad establecida para el caso y con los requisitos que se le solicitan.

En otra ocasión Pech Aragón solicitó a Canto Guzmán el título de propiedad sobre la parcela 216 de Chocholá.

“Llegué al punto de preguntarle al alcalde: ¿nos quiere apoyar o no quiere otorgarnos el permiso? Me respondió que ‘lo estamos analizando, déjame lo checo’”.

“Por eso metimos un amparo federal, por no tener respuesta del alcalde, lo que dio pie a que comenzara a solicitar a la empresa varias cosas y documentos que ni al caso, pero afortunadamente contamos con ellos”.

“Me pidió acreditar la propiedad de la parcela 216, lo cual queda demostrado con el convenio de la asamblea de 2019 legalmente constituida y validada, en la que con 400 firmas y huellas digitales de igual número de ejidatarios participantes de Chocholá y presididos por la comisaria ejidal Maritonia Flores Rosado, en el que se me otorgó uso y posesión del terreno”.

El alcalde le habría exigido un documento en el que el Registro Agrario Nacional otorgue la propiedad de la parcela a Canto Guzmán, por lo que se le respondió que el RAN no otorga la propiedad de una parcela, su función es cotejar que los ejidatarios que en asamblea otorgaron uso y posesión del terreno a su favor sean legítimos ejidatarios considerados en el padrón. El ejido en asamblea es la máxima autoridad para otorgar en propiedad un terreno.

Asimismo, el alcalde objetó que el uso del suelo con fines de banco de materiales porque provocaría incomodidad entre los vecinos de las parcelas aledañas, así que la empresa presentó un documento firmado por los ejidatarios cuyos terrenos colindan con la parcela 216 en el cual no objetan la operación de la empresa ahí.

Otros documentos que ha solicitado el alcalde son:

1) Permiso de uso de explosivos expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional. El directivo dijo que Bari tiene años usando éstos y sus permisos se renuevan periódicamente sin contratiempos; se le entregó al alcalde el revalidado a 2021.

(Este requisito no figura dentro los que se mencionan para el otorgamiento de un permiso de uso de suelo expedido por el municipio de Chocholá).

2) Estudio de Factibilidad Urbana Ambiental. Se le presentó uno de 2018 firmado por Eduardo Batllori Sampedro, entonces secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado.

El doctor Pech Aragón exigió algo más actualizado al 2020, por lo cual se solicitó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable siendo otorgado y validado por su titular Sayda Medina Rodríguez Gómez, destacándose que en el lugar es factible operar un banco de material pétreos.

“La rapidez con que la empresa consiguió el documento hizo dudar al alcalde de la autenticidad del mismo, pero cuando se le indicó que podía llamar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y verificar, entonces respondió que él no era abogado, sino médico”, apuntó el entrevistado.

3) Guía de Mitigación de Impacto Ambiental, un archivo de 600 páginas a manera de manual de manejo y operación del banco de materiales que incluye procedimientos, protocolos, medidas de seguridad, cuestiones de manejo sustentable, producción, cifras, estadísticas, etcétera.

Se hizo entrega de la citada guía y, para facilitar el análisis, la empresa anexó un documento más sintetizado con los datos más relevantes de la operación del banco de material pétreo.

También se le ofreció al alcalde una “Fe de Hechos”, documento suscrito por la notaría pública número 33 del estado, para que pueda actuar de manera libre, sin presiones y protegido, ya que la empresa cuenta con toda la documentación que el caso demanda para explorar el terreno.

Bari Internacional tiene incluso los dictámenes del INAH que no objetan la explotación del terreno (no hay vestigios arqueológicos), así como la anuencia de Protección Civil del Estado para operar en el lugar un banco de materiales pétreos.

Se aclaró que no operará ahí ninguna calera como se ha rumorado en el poblado.

El expediente completo fue presentado al reportero del Diario en las oficinas de la empresa en Mérida.

El pasado lunes, en la última reunión que Canto Guzmán tuvo con el alcalde Pech Aragón, éste indicó que aun con documentos, estudios y permisos, ya estaría en él otorgar o no el permiso del uso del suelo para un banco de materiales pétreos en la parcela 216.

Permiso Ayuntamiento de Chocholá

Otros dichos del director de la empresa Bari sobre el permiso de uso de suelo en un terreno.

Operaciones

“Venimos a traer empleo a Chocholá y el alcalde nos está frenando; hablamos de manera inicial de 30 empleos directos a favor de igual número de familias. Así estamos trabajando en los bancos de materiales de otros municipios donde no se objetó nuestra operación y se han generado empleos”, dijo.

Señalamientos

“Desconozco por qué el alcalde de Chocholá no está actuando conforme a derecho; cumplimos con los requisitos que exigen la autoridad en materia de uso de suelo en Chocholá, él mismo objeta sus propias disposiciones al decir que aun cumpliendo con todo, él decide si otorga o no el permiso”, apuntó Canto Guzmán.

El ruido rebasa los límites en Mérida

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En todos los sectores se sobrepasan los límites recomendados, advierte un estudio

Un estudio confirma que en prácticamente todos los sectores de Mérida los niveles de ruido sobrepasan los límites recomendados y, aunque en ocasiones surgen quejas de los habitantes, hasta ahora no se ha hecho nada para solucionar el problema.

El estudio fue efectuado en 2018 y 2019 por el doctor Arturo Campos Rodríguez, especialista en acústica arquitectónica, quien el año pasado elaboró un mapa del ruido en Mérida.

De acuerdo con los datos obtenidos, el ruido sobrepasa los límites de 65 decibeles en horas pico, de 12 del día a 3 de la tarde. El fenómeno, que impacta en forma negativa en la salud de los habitantes, está presente en todas las avenidas principales, circuitos, Anillo Periférico y Centro Histórico de la ciudad.

El Paseo Montejo y su Prolongación, las avenidas Yucatán, Alemán, García Lavín, Caucel y Ciudad Caucel, así como la calle 60, el Circuito Colonias y el Periférico están en un nivel inaceptable, con una producción de ruido de 70, 74 y 75 decibeles, pero hay tramos peores que llegan a 80 decibeles, indica el especialista.

La zona sur donde está el aeropuerto y la Avenida Aviación alcanzan los 90 a 100 decibeles por el ruido de los aviones.

Inegi, con nuevas cifras respecto al exceso de muertes

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Yucatán registró 3,193 fallecimientos más de los esperados entre enero y agosto de 2020, por causas atribuidas directa o indirectamente al Covid-19, afirma un estudio del Inegi.

Esta cifra es mayor que la arrojada por un cálculo parecido dado a conocer por la Secretaría de Salud federal —el Diario lo publicó el lunes 25 de enero—, basado en datos del período del 29 de diciembre de 2019 al 12 de diciembre de 2020, que calculó la cantidad de fallecimientos en exceso en 2,567.

La diferencia se explica porque el Inegi utiliza información de mejor calidad, dice el economista Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.

Cuando este organismo dé a conocer las cifras definitivas del exceso de fallecimientos, en octubre, entonces “podremos conocer mejor el subregistro de defunciones por Covid en Yucatán y el tamaño de la tragedia”, añade el economista.

De acuerdo con el estudio “Características de la defunciones registradas en México durante enero a agosto de 2020”, publicado por el Inegi el 26 de enero, el número de personas fallecidas en Yucatán en ese lapso fue de 12,887, de los cuales 7,308 fueron hombres, 5,486 mujeres y 93 sujetos no identificados.

La cifra de fallecimientos esperados para ese mismo período fue de 9,694, que corresponde a la cifra promedio de los fallecimientos registrados en los primeros ocho meses del año, de los últimos cinco años.

La diferencia entre los fallecimientos observados y los esperados en el lapso enero-agosto de 2020 es de 3,193, el 32.9% de más.

Según la Secretaría de Salud de Yucatán, 1,964 de esos fallecimientos son atribuidos al Covid-19, de modo que los restantes 1,229 son defunciones sin causa específica.

Este exceso de fallecimientos sin causa debe interpretarse como defunciones tanto directamente asociadas al coronavirus como a otras causas que de manera indirecta se pueden asociar a la situación general de la emergencia sanitaria, opina Osorio Acevedo.

Por su parte, el estudio “Estimación del exceso de mortalidad por todas las causas en México 2020”, publicado por la SSA, indica que el número de fallecimientos esperados hasta el 12 de diciembre de 2020 fue de 13,052 y los decesos observados, 15,911, una diferencia de 2,859 equivalente al 21.9%.

Para esa fecha los fallecimientos por Covid ascendieron a 2,780, de modo que quedaron solo 79 defunciones sin causa específica.

Evidentemente esta cifra no es la real, afirma Osorio Acevedo.

Opinión Víctimas de la pandemia

Habría que esperar el informe definitivo del Inegi para saber cuántas víctimas del Covid se tuvo en Yucatán el año pasado.

Atraso

“El estudio de la SSA solo toma como referencia las actas de defunción recopiladas por el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) en todo el país, que no siempre están actualizadas”, señala Osorio Acevedo. Por ejemplo, Yucatán pertenece a un grupo de estados con atrasos de hasta dos meses en la entrega de actas al Renapo.

Confiabilidad

El Inegi, en cambio, para actualizar el exceso de mortalidad de todas las causas utiliza los certificados de defunción, complementados con las actas de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, así como la información de los servicios médicos forenses y los cuadernos estadísticos de mortalidad de las agencias del Ministerio Público. Por esto, afirma, es más confiable el cálculo del Inegi sobre las muertes sin causa conocida.

Voluntarios habrían recibido dosis equivocada de vacuna anticovid de Oxford

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La vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca contra el covid-19 fue aplicada a mil 500 voluntarios iniciales en un ensayo clínico, quienes recibieron una dosis equivocada, pero no se les informó del incidente hasta después de que éste fue detectado.

Por lo que, la cuestión de la dosis menor fue informada a los participantes del ensayo en una carta con fecha del 8 de junio, cuando los investigadores de Oxford descubrieron que la vacuna funcionaba con diferentes dosis.

El científico y profesor de Oxford Andrew J. Pollard, envió una carta firmada a los voluntarios de las pruebas.  Como informó Reuters el 24 de diciembre, los participantes recibieron aproximadamente la mitad de la dosis debido a un error de medición de los investigadores de Oxford.

La carta de Pollard no reconoció ningún error. Tampoco reveló que los investigadores habían informado del problema a los reguladores médicos británicos, quienes luego le dijeron a la Universidad de Oxford que añadiera otro grupo de prueba para recibir la dosis completa, de acuerdo con el plan original del ensayo.

De acuerdo con la información, no hay indicios de que hubiera algún riesgo para la salud de los participantes en el ensayo.

Para Reino Unido y otras naciones con menos recursos, la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford es una formula de bajo costo para terminar con la pandemia.

La vacuna ha sido objeto de escrutinio debido al error de dosificación en el ensayo de la Universidad de Oxford y la escasez de datos sobre su eficacia en las personas mayores que son más vulnerables al virus.

La carta compartida de la universidad a través de una solicitud legal de Libertad de Información, con tres expertos diferentes en ética sanitaria.

Los especialistas dijeron que es posible que los investigadores no hayan sido suficientemente transparentes con los participantes del ensayo. Se supone que los voluntarios en los ensayos clínicos deben estar completamente informados sobre cualquier cambio.

«No tienen claro qué es lo que necesitan tener claro: qué está pasando, qué sabían, la razón fundamental para realizar más investigaciones.

Todo esto está perdido en una tormenta de verborrea», dijo Arthur L. Caplan, director fundador de la División de Ética Médica de la Universidad de Nueva York Escuela de Medicina Grossman.

«El hecho de que ese grupo recibiera media dosis no estuvo planificado, pero sabíamos de antemano que había una discrepancia en las mediciones de dosis y lo discutimos con los reguladores antes de la dosificación y cuando se revisó esa dosificación», expresó Steve Prichard, portavoz de la universidad de Oxford.

Pritchard también dijo: «No hemos declarado que haya ocurrido un error de dosificación».

 

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