La suspensión de vuelos de Canadá a México es una decisión desafortunada que afectará gravemente la economía nacional, aseguró este lunes el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el organismo, las medidas que deben ser tomadas en este momento es aplicar pruebas de bajo costo a la salida de los pasajeros, así como la puesta en marcha de un modelo de rastreo de contactos y no cerrar fronteras o cancelar vuelos de manera drástica.

Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general del WTTC, consideró que estas medidas “radicales” perjudican la colaboración internacional y dañan más a un sector que contribuye con uno de cada diez empleos en el mundo.

“El sector turístico será clave para la recuperación económica de Canadá una vez que se haya contenido la pandemia”, dijo en un comunicado.

El viernes, el gobierno de Canadá anunció que como medida de prevención para mitigar los contagios de Covid-19, canceló todos los vuelos a México y el Caribe desde ayer hasta el 30 de abril.

Según una investigación del WTTC, en América del Norte la pandemia de Covid-19 podría generar una pérdida entre 10.8 y 13.8 millones de empleos.

Gloria Guevara reconoció que Canadá ha hecho una buena labor con el control de contagios en la primera etapa, pero cerrar fronteras y cancelar vuelos asumiría que 100 por ciento de la población de esos países donde dejarán de volar están contagiados.

“Es fundamental que Canadá trabaje con otros gobiernos en una estrategia efectiva para enfrentar esta crisis”, apuntó la directiva.

Por su parte, la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur), expresó su preocupación por la medida aplicada por el gobierno de Canadá.

“Esta decisión tendrá serias afectaciones a la industria de los viajes y el turismo”, aseguró Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asetur.

Consideró que la suspensión de vuelos ha demostrado no ser la solución para contener el virus, y lo conveniente es la aplicación de pruebas rápidas en los aeropuertos, así como el uso de mascarillas y todas las medidas de higiene y desinfección

El gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que viven sin documentos en Estados Unidos desde el comienzo de su mandato, señaló la agencia de noticias Ap.

Un juez federal ordenó la semana pasada al gobierno de Biden no implementar una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el gobierno las programara.

En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a inmigrantes a cuando menos tres países: 15 personas a Jamaica el jueves y 269 a Guatemala y Honduras el viernes. Había más vuelos de deportación programados ayer.

En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, las autoridades de inmigración deportaron el viernes a una mujer que sobrevivió a la matanza de 2019 en un Walmart donde murieron 22 personas. Ella aceptó declarar en contra del agresor y se ha reunido con los fiscales locales, según sus abogados.

A la mujer se le marcó un alto el miércoles cuando conducía porque no le funcionaba una luz de frenado a su vehículo; quedó detenida con base en citaciones previas de tránsito, y luego fue transferida al ICE, que la deportó antes de que pudiera contactar a su abogado, dijo Melissa Lopez, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, que la representa.

La mujer es identificada sólo como Rosa porque teme por su seguridad en Ciudad Juárez, urbe conocida por su violencia y actividad de pandillas.

La representante federal demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye El Paso, comentó que su oficina hizo notar el caso de Rosa a la Casa Blanca. “Me preocupa que el ICE siga movilizándose con rapidez, antes de que el gobierno de Biden tenga una oportunidad de evaluar las cosas y proporcionar más directrices”, señaló Escobar el lunes.

Dos expertos en derecho dicen que, sin importar la orden del juez sobre la moratoria a las deportaciones, el ICE podría liberar a inmigrantes con órdenes de expulsión, mantener gente detenida o demorar de alguna otra forma el proceso de deportación.

“Para la agencia, programar las deportaciones sigue siendo una cuestión discrecional”, indicó Steve Yale-Loehr, profesor de derecho migratorio en la Universidad Cornell.

La Casa Blanca volvió a emitir el viernes un comunicado en el cual sostuvo que la moratoria es “totalmente adecuada”, y añadió que el “presidente Biden sigue comprometido a actuar de inmediato para reformar el sistema de inmigración con el fin de asegurar que conserva los valores estadunidenses al tiempo que mantiene seguras a nuestras comunidades”.

Se prevé que Biden emita hoy una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con la migración. Se calcula que incluirán la formación de una fuerza especial para reunificar a las familias separadas durante el gobierno del ex presidente Donald Trump.

Los principales legisladores demócratas del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron una medida presupuestaria conjunta de 1.9 billones de dólares para paliar la crisis del Covid-19, y Biden se reunió con senadores republicanos que rechazan esa iniciativa, para discutir otro paquete de ayuda, sin obtener resultados.

Trump tiene nuevo equipo de abogados

En tanto, Trump contrató a dos abogados acostumbrados a la polémica para su segundo juicio político, que comenzará la semana entrante. Uno es Bruce Castor, ex fiscal que rechazó procesar al actor Bill Cosby por agresión sexual. Y el otro, David Schoen, quien sigue convencido de que el financiero y depredador sexual Jeffrey Epstein no se suicidó en prisión.

La comunidad internacional rechazó ayer el golpe de Estado perpetrado por el ejército de Myanmar contra el gobierno democráticamente electo de Aung San Suu Kyi, quien fue detenida junto con otros líderes de su partido Liga Nacional para la Democracia (LND).

Los militares argumentaron que llevaron a cabo los arrestos en respuesta a un “fraude electoral”, entregando el poder a su jefe, el general Min Aung Hlaing, e imponiendo el estado de emergencia durante un año, según un comunicado emitido a través de un canal de televisión propiedad del ejército.

El partido de la Nobel de la Paz Suu Kyi anunció que su líder llamó a la población a protestar contra la toma del poder por los militares.

“La comunidad internacional debe unirse en una sola voz para presionar a los militares birmanos a renunciar inmediatamente”, sostuvo el presidente estadunidense, Joe Biden, en un comunicado.

“Estados Unidos eliminó las sanciones contra Birmania durante la última década basándose en el avance hacia la democracia”, señaló el texto, en el cual el mandatario advirtió que puede revertir el levantamiento de sanciones.

China llamó a todas las partes a solucionar sus diferendos en el orden legal y constitucional.

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, condenó la acción castrense.

Boris Johnson, primer ministro británico, condenó el golpe y exigió la liberación de los “dirigentes civiles”.

La Unión Europea, Francia Dinamarca, Noruega, India, Australia, Singapur, Japón, Canadá, Argentina y Bolivia, repudiaron el golpe.

Tailandia, donde una protesta contra el golpe se saldó con dos heridos, señaló que sigue con atención lo que sucede en Myanmar.

Nepal también fue escenario de protestas.

Los generales asestaron el golpe horas antes de que el Parlamento se reuniera por primera vez desde la abrumadora victoria de la LND en los comicios del 8 de noviembre, consideradas un referendo sobre las discutidas credenciales democráticas del gobierno de Suu Kyi.

Las conexiones telefónicas y por Internet en la capital Naypyidó, y en Rangún, el principal centro comercial del país, fueron interrumpidas y la televisión estatal suspendió sus emisiones tras la detención de los líderes de la LND.

El ejército resumió una reunión de la nueva junta con el anuncio de que Min Aung Hlaing prometió practicar “un sistema democrático multipartidista que haga florecer de forma genuina la disciplina”. Asimismo, prometió elecciones libres y justas, así como una entrega del poder al partido ganador, sin aportar un calendario.

Soldados y policías antidisturbios estaban desplegados en Rangún, donde los residentes acudían a los mercados para conseguir suministros y otros hacían fila en cajeros automáticos para sacar dinero. Los bancos suspendieron actividades debido a las malas conexiones por Internet, pero aseguraron que reabrirían hoy.

Firmas extranjeras como el gigante minorista japonés Aeon, la surcoreana Posco International y la noruega Telenor intentaban contactar a su personal para evaluar la situación.

Las multinacionales llegaron al país después de que el partido de Suu Kyi estableció en 2015 el primer gobierno civil en medio siglo, aunque la persecución de la minoría musulmana Rohinyá generó dudas en algunos inversionistas.

Suu Kyi, de 75 años, llegó al poder tras la celebración de elecciones en 2015 luego de haber permanecido por décadas en arresto domiciliario por su lucha contra los militares que tomaron el poder en un golpe en 1962 y que reprimieron la disidencia durante años.

Aunque mantiene gran popularidad en su país, el prestigio mundial de la premio Nobel se vio muy dañado después de que no hizo nada por detener la expulsión de cientos de miles de musulmanes de Rohinyá en 2017.

Las detenciones de los líderes de la LND se dieron tras varios días de tensión entre el gobierno civil y los militares luego de los comicios en los que el partido de Suu Kyi logró 83 por ciento de sufragios.

Un golpe pondría a Myanmar “de vuelta bajo una dictadura”, señaló un comunicado publicado Facebook citando a Suu Kyi.

“Insto a la gente a que no acepte esto, a que responda y proteste con todo contra el golpe militar”, añade el texto. La agencia de noticias Reuters no pudo contactar a funcionarios de la LND para confirmar la autenticidad del comunicado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión una iniciativa, de carácter preferente, de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, para dar prioridad al despacho de energía que produce el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al final a la generada por empresas privadas.

El Ejecutivo propone dar marcha atrás a los aspectos centrales de la reforma energética en materia eléctrica aprobada en el sexenio pasado, cuando “se otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal o neoporfirista de privatización de las empresas públicas para despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

En ese sentido, en la iniciativa –que debe ser aprobada por la Cámara de Diputados en un plazo de 30 días– plantea revisar la legalidad y rentabilidad para el gobierno de los contratos de compraventa de energía eléctrica suscritos con productores independientes, “que han causado un gran daño al patrimonio de CFE”.

También, eliminar la obligatoriedad de compra de energía mediante subastas, y obligar a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de autofinanciamiento, que desvirtuaron su objetivo inicial.

En la exposición de motivos se cuestiona que, con la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto y que se aprobó mediante “sobornos entregados a legisladores”, se aprovechó para proteger los permisos y contratos de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, importación y exportación, además de que las bases de mercado definieron el despacho prioritario sobre las centrales eléctricas de CFE.

Con ello se autorizó “un programa de despacho fijo, creando un mercado paralelo y subsidiario para las centrales eléctricas privadas”.

En contraste, la reforma propone sustituir el actual despacho económico por el de entrega física de las centrales eléctricas, con lo cual se espera garantizar el servicio prioritario de CFE ante otros participantes de la industria, así como superar la relegación intencionada de las centrales de la comisión frente a los entes privados.

De esta manera, el orden de entrada se dará a partir de cuatro etapas: primero, el despacho de la energía producida por las hidroeléctricas de CFE.

Enseguida, la energía generada nuclear, geotérmica, de ciclo combinado y de termoeléctricas de CFE. En esta etapa se despacharán posteriormente las centrales de ciclos combinados de productores independientes de energía amparadas por contratos suscritos en los términos de la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

En tercer lugar, la energía eólica o solar producida por particulares. Finalmente, se despacharán las centrales eléctricas de ciclos combinados propiedad de particulares y el resto de los generadores de otras tecnologías.

La iniciativa presidencial resalta que los contratos financieros diseñados por el gobierno de Peña Nieto dieron prioridad a los precios de energía y la capacidad, pero no obligan a la entrega física de energía, lo cual pone en riesgo y vulnerabilidad financiera a CFE, que está obligada a asumir la pérdida por no despacho de electricidad, aun cuando los costos unitarios de seis centrales son menores a los de las privadas.

Además, que los contratos fijaron criterios de despacho a modo y beneficio del sector privado, por encima del interés público. “Aun con un contrato financiero de precios de energía y capacidad, no garantiza, en lo absoluto, el despacho físico de centrales de generación con un costo por kilovatio-hora menor”.

En su proyecto, el Presidente cuestiona que el gobierno de Peña Nieto “otorgó plena cobertura legal a la política neoliberal que impuso un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.

Incluso afirma que para justificar la reforma, se alteró la realidad, pues se argumentó entonces que las modificaciones se traducirían “en la llegada masiva de inversiones extranjeras, en más producción de petróleo, gas y electricidad, y en mejores precios de estos energéticos para beneficio de los consumidores y el desarrollo del país”.

En realidad, lamenta, todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico.