Los diputados-fiscales en el juicio político a Donald Trump acusaron al ex presidente de ser el “incitador en jefe” del asalto violento al Capitolio por sus seguidores, con lo que buscaban frenar físicamente la certificación de la elección por el Congreso y “asesinar” al ex vicepresidente Mike Pence; la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, y a otros legisladores.

“¿Esto es Estados Unidos? Esa es la pregunta que está ante ustedes en este juicio… ¿Puede restaurarse nuestro país y nuestra democracia si no hacemos que la persona responsable por incitar el ataque violento contra nuestro país sea obligado a rendir cuentas?”, declaró el diputado demócrata Jamie Raskin, jefe del equipo de nueve diputados en su función de fiscales, al inicio del segundo día del juicio político de Trump.

En la presentación de la evidencia, sólo del cargo de “incitar a la insurrección” contra el gobierno de Estados Unidos, los fiscales afirmaron que las acciones del 6 de enero eran parte de una larga campaña “premeditada” de Trump para descarrilar el proceso electoral si no ganaba los comicios, una que empezó aun antes de la elección y que culminó con el primer asalto armado al Capitolio desde 1814.

Efecto dramático

Con el uso efectivo y dramático de videos grabados durante la incursión al Capitolio –algunas escenas difundidas públicamente por primera vez–, audios de comunicaciones de policías bajo ataque y escenas de los discursos de Trump tanto ese día como antes y después de las elecciones –y no podían faltar los innumerables tuits del ex presidente–, los fiscales documentaron una historia de lo que Raskin proclamó como “la traición más grande de un presidente en la historia de Estados Unidos”.

No sólo acusaron que Trump incitó a una turba para frenar el proceso constitucional, sino de que al promover tal “insurrección”, esa multitud estaba dispuesta a asesinar a sus “enemigos”, incluyendo al ex vicepresidente Mike Pence y la presidenta demócrata de la cámara baja, Nancy Pelosi.

Entre las escenas y testimonios exhibidos ayer sobre la huida de legisladores y sus equipos el 6 de enero, se incluyeron las de los militantes extremistas literalmente cazando a Pence y Pelosi, entre otros. Pence, al interrumpirse el proceso del conteo del voto electoral en el Senado con el asalto, fue escondido en una oficina en el Capitolio con su familia, y se mostró un nuevo video de cómo huyó de ahí con escoltas para ser llevado a un lugar más seguro.

Los fiscales recordaron que Trump, ya enterado del inicio del asalto violento por sus seguidores, envió un tuit denunciando la “falta de valentía” de su vicepresidente cuando éste rehusó obedecer los deseos del magnate y frenar el conteo ese día, provocando a militantes en el Capitolio a corear “cuelguen a Pence” y “traidor”.

“¿Dónde estás, Nancy?”

Mientras, Pelosi fue evacuada por agentes de seguridad, tan preocupados de que la asesinaran, que se la llevaron a un lugar seguro fuera del complejo del Capitolio. Los militantes ingresaron a sus oficinas, algunos de ellos captados en los videos cantando “Oh, Nancy, ¿dónde estás?”, mientras abrían puertas y varios de sus asistentes estaban escondidos en una sala al lado.

Pence y Pelosi “estaban amenazados de muerte por negarse a cumplir con las órdenes del presidente”, resumió Stacey Plaskett, del equipo de fiscales y delegada federal. Señaló que la FBI, en las investigaciones criminales de algunos líderes del asalto entregadas a tribunales, afirmó que “cualquier (legislador) que agarraran, lo hubieran matado” incluyendo Pence y Pelosi. O sea, la “turba de Trump” buscaba asesinar a quienes ocupaban el segundo y tercer puestos en la línea de sucesión presidencial en Estados Unidos.

Trump, concluyó Raskin, es “singularmente responsable” por “incitar una insurrección violenta” con el propósito de mantenerse en el poder. Recordó a los senadores –en su papel de jurado– que cinco personas murieron ese día, y más de 140 policías fueron heridos, algunos de gravedad.

El diputado Joe Neguse argumentó que desde George Washington, el país ha gozado de una transición pacífica del poder, pero eso fue “violentamente interrumpido” por la horda incitada por Trump para subvertir el proceso democrático.

Para demostrar que el asalto al Capitolio no fue un hecho espontáneo, los fiscales –entre ellos los diputados Joaquín Castro y Ted Lieu, que como comentó un observador, junto con Neguse y Plaskett son hijos de inmigrantes y/o de minorías que defienden esta democracia de los supremacistas blancos– detallaron cómo Trump había preparado durante meses el terreno para lo que culminó con el asalto al Capitolio en una intentona de golpe de Estado.

Sembrando de manera sistemática lo que llamaron “la gran mentira” de que sólo podía ser derrotado con un fraude masivo, Trump impulsó un campaña para subvertir la elección, primero instando a sus seguidores a frenar el conteo del voto de las casillas, ignorando después decenas de fallos de tribunales que rechazaron su “gran mentira” y presionando a autoridades electorales estatales para que anularan los resultados en varios estados claves.

El caso de Georgia

Resaltaron el caso de Georgia, donde Trump atacó públicamente al secretario de estado, un republicano que votó por el presidente, pero que rehusó revertir los resultados o lograr “encontrarle” –como Trump solicitó– los votos necesarios para ganar el estado. Por negarse a su demanda, Trump lo calificó de “enemigo del pueblo”, y con ello el funcionario y su familia recibieron amenazas de muerte (por cierto, fiscales en Georgia anunciaron ayer el inicio de una investigación criminal contra Trump por sus intentos para revertir los resultados electorales, incluyendo sus comunicaciones con el secretario de Estado).

Cuando esas maniobras no brindaron los resultados deseados, Trump presionó a legisladores federales a sumarse a su “gran mentira” (de hecho, 139 diputados y ocho senadores se estaban oponiendo a la certificación del voto de varios estados durante la sesión el 6 de enero cuando el proceso fue interrumpido con el asalto) e instó a su Departamento de Justicia a declarar que existió el supuesto fraude.

Al fracasar todos esos esfuerzos, Trump presionó a su propio vicepresidente, quien estaría encabezando la sesión del conteo del voto electoral, pero Pence dejó claro que no tenía la autoridad constitucional para hacerlo.

Con ello, argumentaron los fiscales, Trump había agotado las vías “pacíficas” para revertir la elección. Ante ello, convocó a sus bases más leales y militantes e instigó el asalto al Capitolio, última oportunidad para descarrilar el resultado electoral que ese 6 de enero era certificado por el Congreso. Al presentarse ante la multitud, los invitó a avanzar hacia el Capitolio, o sea, fueron en su nombre.

La presentación de la evidencia por los fiscales continuará este jueves. Los abogados de Trump ofrecerán su defensa el viernes y sábado, y el juicio podría concluir tan pronto como a inicios de la próxima semana.

A pesar de las imágenes y los sonidos de una intentona de golpe de Estado –algo sin precedente en este país– presentados al Senado y al país, aún se pronostica que es probable que el acusado quedará impune. Expertos recuerdan que, finalmente, éste no es un proceso judicial, sino político.

Entre el martes y miércoles se confirmaron mil 328 decesos por Covid-19, con lo cual el registro nacional subió a 169 mil 760 personas que han perdido la vida por esta causa. En tanto, la tendencia de la curva epidémica mantuvo una disminución de 30 por ciento en la semana del 24 al 30 de enero pasado, con relación a la semana previa, informó José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario comentó que un millón 519 mil 572 personas se han recuperado de la enfermedad, mientras que los casos activos ascendieron este día a 67 mil 536; representan 3 por ciento del total de personas afectadas en el país.

La ocupación de camas generales de hospitalización se ubicó en 48 por ciento y en 45 por ciento las que tienen ventilador.

La Ciudad de México se mantiene en 77 por ciento para las camas generales y en 75 por ciento de las que cuentan con ventilador.

Respecto a la vacunación contra Covid-19, 84 mil 592 trabajadores de la salud ya tienen el esquema completo de dos dosis de la vacuna de Pfizer, comentó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Las obras del aeropuerto Felipe Ángeles (ubicado en el área de la base aérea de Santa Lucía) fueron supervisadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien junto con funcionarios de su gobierno e invitados efectuó una inauguración parcial al aterrizar en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en una de las dos pistas concluidas. La terminal aérea deberá estar finalizada el 21 de marzo de 2022.

La visita del mandatario a la zona de Zumpango, donde se ubica la obra, tuvo dos motivos: supervisar el avance del nuevo aeropuerto y celebrar el Día de la Fuerza Aérea.

La construcción ya superó 50 por ciento de lo proyectado en 14 meses de trabajos. Destacan las dos pistas nuevas –una de 4.5 kilómetros y la segunda perteneciente a la base militar, de 3.5– y el avance en las obras de la terminal central, la concluida torre de control y la barda perimetral, que tendrá más de 35 kilómetros.

Esas instalaciones enorgullecieron al Presidente. A la distancia se le notaba animado, a pesar de haberse reincorporado apenas hace tres días a sus actividades, tras recuperarse del contagio por Covid.

“Las fuerzas armadas, instituciones, son pilares del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina.

“En circunstancias difíciles, como estos tiempos, están ayudando a salir adelante. Quedaron de pie, a pesar de las desviaciones y de todos los daños causados por el vendaval neoliberal, por la tragedia que significó la aplicación de esa política que puso por delante el interés de las minorías, una política parecida a lo que se aplicó durante el porfiriato. Por eso, para nosotros los mexicanos, neoliberalismo es neoporfirismo y, conociendo la historia, sabemos que eso no es lo que conviene a nuestro país, al pueblo, a la patria.”

Reiteró que “México no puede ser país de minorías, no puede ser país de privilegios para unos cuantos. El país es de todos los mexicanos. Con estas dos instituciones estamos sacando adelante al país. Es mucho lo que nos apoyan las fuerzas armadas”.

Horas antes, en Palacio Nacional, argumentó que fue “una decisión sabia” cancelar el aeropuerto en Texcoco y construirlo en la base militar ubicada en el estado de México.

La inauguración del aeropuerto “es todo un acontecimiento, de modo que hoy es un día muy importante. Son de esas decisiones que se han tomado, afortunadas, en beneficio del pueblo. A los mercaderes, a los corruptos, a sus achichincles, no les parece, no les gusta, pero ofrecemos disculpas si se causan molestias con el combate a la corrupción”.

Una vez que concluyó su habitual exposición en el salón Tesorería de Palacio Nacional fue trasladado al aeropuerto. Ahí le esperaba un Boing 737-800 de la Fuerza Aérea. Subió y se instaló en el asiento número uno. Desde su llegada a la base aérea militar 19, que fue durante décadas el hangar presidencial, se colocó un cubreboca, del cual no se despojó durante los 12 minutos que duró el vuelo del Benito Juárez al Felipe Ángeles.