Los diputados-fiscales en el juicio político a Donald Trump acusaron al ex presidente de ser el “incitador en jefe” del asalto violento al Capitolio por sus seguidores, con lo que buscaban frenar físicamente la certificación de la elección por el Congreso y “asesinar” al ex vicepresidente Mike Pence; la presidenta de la cámara baja, Nancy Pelosi, y a otros legisladores.
“¿Esto es Estados Unidos? Esa es la pregunta que está ante ustedes en este juicio… ¿Puede restaurarse nuestro país y nuestra democracia si no hacemos que la persona responsable por incitar el ataque violento contra nuestro país sea obligado a rendir cuentas?”, declaró el diputado demócrata Jamie Raskin, jefe del equipo de nueve diputados en su función de fiscales, al inicio del segundo día del juicio político de Trump.
En la presentación de la evidencia, sólo del cargo de “incitar a la insurrección” contra el gobierno de Estados Unidos, los fiscales afirmaron que las acciones del 6 de enero eran parte de una larga campaña “premeditada” de Trump para descarrilar el proceso electoral si no ganaba los comicios, una que empezó aun antes de la elección y que culminó con el primer asalto armado al Capitolio desde 1814.
Efecto dramático
Con el uso efectivo y dramático de videos grabados durante la incursión al Capitolio –algunas escenas difundidas públicamente por primera vez–, audios de comunicaciones de policías bajo ataque y escenas de los discursos de Trump tanto ese día como antes y después de las elecciones –y no podían faltar los innumerables tuits del ex presidente–, los fiscales documentaron una historia de lo que Raskin proclamó como “la traición más grande de un presidente en la historia de Estados Unidos”.
No sólo acusaron que Trump incitó a una turba para frenar el proceso constitucional, sino de que al promover tal “insurrección”, esa multitud estaba dispuesta a asesinar a sus “enemigos”, incluyendo al ex vicepresidente Mike Pence y la presidenta demócrata de la cámara baja, Nancy Pelosi.
Entre las escenas y testimonios exhibidos ayer sobre la huida de legisladores y sus equipos el 6 de enero, se incluyeron las de los militantes extremistas literalmente cazando a Pence y Pelosi, entre otros. Pence, al interrumpirse el proceso del conteo del voto electoral en el Senado con el asalto, fue escondido en una oficina en el Capitolio con su familia, y se mostró un nuevo video de cómo huyó de ahí con escoltas para ser llevado a un lugar más seguro.
Los fiscales recordaron que Trump, ya enterado del inicio del asalto violento por sus seguidores, envió un tuit denunciando la “falta de valentía” de su vicepresidente cuando éste rehusó obedecer los deseos del magnate y frenar el conteo ese día, provocando a militantes en el Capitolio a corear “cuelguen a Pence” y “traidor”.
“¿Dónde estás, Nancy?”
Mientras, Pelosi fue evacuada por agentes de seguridad, tan preocupados de que la asesinaran, que se la llevaron a un lugar seguro fuera del complejo del Capitolio. Los militantes ingresaron a sus oficinas, algunos de ellos captados en los videos cantando “Oh, Nancy, ¿dónde estás?”, mientras abrían puertas y varios de sus asistentes estaban escondidos en una sala al lado.
Pence y Pelosi “estaban amenazados de muerte por negarse a cumplir con las órdenes del presidente”, resumió Stacey Plaskett, del equipo de fiscales y delegada federal. Señaló que la FBI, en las investigaciones criminales de algunos líderes del asalto entregadas a tribunales, afirmó que “cualquier (legislador) que agarraran, lo hubieran matado” incluyendo Pence y Pelosi. O sea, la “turba de Trump” buscaba asesinar a quienes ocupaban el segundo y tercer puestos en la línea de sucesión presidencial en Estados Unidos.
Trump, concluyó Raskin, es “singularmente responsable” por “incitar una insurrección violenta” con el propósito de mantenerse en el poder. Recordó a los senadores –en su papel de jurado– que cinco personas murieron ese día, y más de 140 policías fueron heridos, algunos de gravedad.
El diputado Joe Neguse argumentó que desde George Washington, el país ha gozado de una transición pacífica del poder, pero eso fue “violentamente interrumpido” por la horda incitada por Trump para subvertir el proceso democrático.
Para demostrar que el asalto al Capitolio no fue un hecho espontáneo, los fiscales –entre ellos los diputados Joaquín Castro y Ted Lieu, que como comentó un observador, junto con Neguse y Plaskett son hijos de inmigrantes y/o de minorías que defienden esta democracia de los supremacistas blancos– detallaron cómo Trump había preparado durante meses el terreno para lo que culminó con el asalto al Capitolio en una intentona de golpe de Estado.
Sembrando de manera sistemática lo que llamaron “la gran mentira” de que sólo podía ser derrotado con un fraude masivo, Trump impulsó un campaña para subvertir la elección, primero instando a sus seguidores a frenar el conteo del voto de las casillas, ignorando después decenas de fallos de tribunales que rechazaron su “gran mentira” y presionando a autoridades electorales estatales para que anularan los resultados en varios estados claves.
El caso de Georgia
Resaltaron el caso de Georgia, donde Trump atacó públicamente al secretario de estado, un republicano que votó por el presidente, pero que rehusó revertir los resultados o lograr “encontrarle” –como Trump solicitó– los votos necesarios para ganar el estado. Por negarse a su demanda, Trump lo calificó de “enemigo del pueblo”, y con ello el funcionario y su familia recibieron amenazas de muerte (por cierto, fiscales en Georgia anunciaron ayer el inicio de una investigación criminal contra Trump por sus intentos para revertir los resultados electorales, incluyendo sus comunicaciones con el secretario de Estado).
Cuando esas maniobras no brindaron los resultados deseados, Trump presionó a legisladores federales a sumarse a su “gran mentira” (de hecho, 139 diputados y ocho senadores se estaban oponiendo a la certificación del voto de varios estados durante la sesión el 6 de enero cuando el proceso fue interrumpido con el asalto) e instó a su Departamento de Justicia a declarar que existió el supuesto fraude.
Al fracasar todos esos esfuerzos, Trump presionó a su propio vicepresidente, quien estaría encabezando la sesión del conteo del voto electoral, pero Pence dejó claro que no tenía la autoridad constitucional para hacerlo.
Con ello, argumentaron los fiscales, Trump había agotado las vías “pacíficas” para revertir la elección. Ante ello, convocó a sus bases más leales y militantes e instigó el asalto al Capitolio, última oportunidad para descarrilar el resultado electoral que ese 6 de enero era certificado por el Congreso. Al presentarse ante la multitud, los invitó a avanzar hacia el Capitolio, o sea, fueron en su nombre.
La presentación de la evidencia por los fiscales continuará este jueves. Los abogados de Trump ofrecerán su defensa el viernes y sábado, y el juicio podría concluir tan pronto como a inicios de la próxima semana.
A pesar de las imágenes y los sonidos de una intentona de golpe de Estado –algo sin precedente en este país– presentados al Senado y al país, aún se pronostica que es probable que el acusado quedará impune. Expertos recuerdan que, finalmente, éste no es un proceso judicial, sino político.
