El gobierno del presidente Joe Biden aseguró ayer que está dispuesto a unirse a las conversaciones de Irán con potencias mundiales para discutir el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015, y renunció a las pretensiones de su antecesor Donald Trump de imponerle nuevas sanciones, en un tajante repudio a la “campaña de presión máxima” del magnate con la que intentaba aislar a la república islámica.

El gobierno estadunidense también adoptó dos medidas que atañen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a fin de restaurar la política existente antes de que Trump sacara a Estados Unidos del acuerdo nuclear, en 2018.

Las medidas fueron censuradas de inmediato por sectores radicales opuestos a Irán y de seguro causarán preocupación en Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico.

El Departamento de Estado anunció las medidas al cabo de conversaciones entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y sus contrapartes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, y en momentos en que Biden se dispone a participar, aunque virtualmente, en sus primeras reuniones con gobernantes de otras naciones.

El anuncio tiene lugar un día antes de que Biden converse con los gobernantes de las naciones del Grupo de los Siete y después pronuncie un mensaje ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se efectúa cada año. En ambas intervenciones, Biden tiene previsto hablar sobre sus compromisos con la diplomacia multilateral y su deseo de eliminar los daños que las posturas de Trump habrían causado los cuatro años anteriores.

En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó que Estados Unidos aceptaría una invitación de la Unión Europea para asistir a una reunión de participantes del acuerdo nuclear original: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, además de Irán.

Los abogados del presunto líder de la organización de ultraderecha Proud Boys culparon al ex presidente Donald Trump por el asalto del 6 de enero al Capitolio y dijeron que en las cinco semanas transcurridas desde entonces “se acabó el sueño febril”.

William Chrestman, veterano del ejército y trabajador metalúrgico de Olathe, Kansas, continúa preso mientras el juez decide si le otorga la libertad condicional hasta el juicio. Está acusado de conspiración, obstrucción de un acto oficial, amenazas a un agente de policía federal y otros cargos derivados de la insurrección.

Proud Boys es un grupo armado de ultraderecha integrado principalmente por militares y policías retirados.

“Es asombroso imaginar tomar por asalto el Capitolio de Estados Unidos con palos y banderas y aerosoles contra una policía armada y altamente entrenada. Sólo lo intentaría alguien que creía que contaba con respaldo oficial. Y un Proud Boy que prestara atención estaría convencido de ello”, señalaron los abogados.

Añadieron que vieron cómo su retórica “pro Estados Unidos, pro capitalista y pro Trump” los introducía en el Partido Republicano. Vieron cómo la policía atacaba a Black Lives Matter y los manifestantes antifascistas, pero escoltaban a los Proud Boys y sus aliados para que estuvieran a salvo. Vieron cómo se nombraba a su líder, Enrique Tarrio, director de Latinos para Trump en Florida.

“Las cinco semanas transcurridas desde el 6 de enero han acabado con el sueño febril. Los Proud Boys son ‘radiactivos ahora’. Todo aire de respetabilidad se ha desvanecido”, escribieron los defensores.

En tanto, el senador texano Ted Cruz reconoció que viajó a Cancún para pasar unas vacaciones familiares cuando su estado sufre una dura tormenta invernal que dejó a millones sin electricidad ni agua potable y provocó 38 muertos en Texas y otros estados.

El prominente legislador republicano, fuerte defensor de Trump, dijo en un comunicado que acompañó a su familia después que sus hijas pidieron ir de viaje con amistades porque las clases estaban suspendidas por el resto de la semana. “Quise ser un buen papá, volé con ellas anoche y vuelo de regreso esta tarde”, dijo Cruz después de que la agencia Ap y otros medios periodísticos informaron los detalles de su viaje.

La revelación expone a Cruz a críticas considerables, tanto de demócratas como de republicanos, en Texas y el resto del país.

Cientos de miles de personas en Texas enfrentaban ayer su cuarto día sin luz y una crisis de agua potable al tiempo que las tormentas invernales causaban estragos en la red eléctrica y otros servicios.

Las autoridades en Texas ordenaron a 7 millones de personas –25 por ciento de los habitantes del segundo estado más grande del país– que hiervan agua de la llave antes de beberla, luego de días de históricas temperaturas bajas que causaron daños en la infraestructura y congelaron tuberías.

Con un renovado sentido de urgencia, el presidente Joe Biden quiso ayer cumplir su palabra empeñada ante una comunidad inmigrante que celebró la presentación en sociedad de una ambiciosa reforma migratoria “amplia e inclusiva”. Una iniciativa que, habría que decirlo, tendrá que superar un sinnúmero de obstáculos antes de convertirse en realidad.

Nada más conocerse la propuesta de Biden, que buscará crear una vía para la naturalización de 11 millones de indocumentados, enfrentó la virulenta reacción de las fuerzas más nativistas y extremistas del partido republicano:

Con esta iniciativa, el presidente Biden “coloca los intereses económicos del país y su seguridad en último lugar, en un momento en que debería estar centrado en reabrir las escuelas, ayudar al empleo y derrotar al Covid-19”, aseguró el congresista republicano Jim Jordan, incondicional del ex presidente Donald Trump y líder del ala más extremista.

La reacción de Jordan demuestra hasta qué punto el Partido Demócrata lidiará contra un adversario renuente a apoyar una iniciativa de ley que ha sido etiquetada como una “amnistía para ilegales”. El proyecto requerirá el apoyo de al menos 10 republicanos en el Senado para convertirse en ley.

Las resistencias previsibles de un sector del Partido Republicano, inmerso en una encarnizada lucha intestina tras la humillante derrota de Trump, se ha topado con la resolución de un Partido Demócrata convencido de que ya es hora de cumplir con una promesa largamente pospuesta: en una rueda de prensa virtual junto a otros legisladores, Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, aseveró que llegó la hora de “sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados”.

Tenemos un “imperativo económico y moral” para pasar una reforma amplia e inclusiva que “no deje a nadie atrás”, agregó Menéndez al reconocer que, si se logra que ciertos elementos avancen y sean aprobados, también será positivo.

El fin principal del proyecto es crear una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, a condición de que estuvieran en Estados Unidos el 1º de enero de 2021.

Uno de los grupos beneficiados por esta iniciativa son los denominados dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres cuando eran menores de edad, ya que podrán tener acceso a la residencia permanente.

En el gobierno de Barack Obama, este grupo de cerca de 700 mil jóvenes –la mayoría de origen latinoamericano– fueron beneficiados por un estatuto de protección que su sucesor, Donald Trump, intentó cancelar en una pugna judicial que llegó hasta la Suprema Corte.

También, de aprobarse, podrán obtener la residencia permanente las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar una historia de empleo en Estados Unidos.

Para el presidente Biden, la presentación de esta iniciativa supone un acto de desagravio hacia una comunidad migrante que ha esperado demasiado tiempo para salir de las sombras y un nuevo intento por recuperar la confianza perdida del electorado latino, un segmento con creciente influencia política y electoral.

“La inmigración es una fuente irrefutable de nuestra fuerza y es esencial para quienes somos como nación. Los pasados cuatro años de políticas equivocadas han exacerbado el sistema de inmigración ya quebrado y han puesto de relieve la necesidad crítica de reforma”, aseguró Biden en un mensaje difundido por la Casa Blanca.

“La legislación que envié al Congreso traerá cambios muy necesarios en un sistema de inmigración en el que la reforma es necesaria desde hace mucho tiempo”, y “administrará responsablemente la frontera con inversiones inteligentes, abordará las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica, modernizará nuestras vías de inmigración legal y creará una vía ganada hacia la ciudadanía para muchos, incluidos los dreamers, los trabajadores agrícolas y los titulares de TPS”, agregó el mandatario.

Para Biden, “ésta es una oportunidad de reiniciar el debate sobre una reforma migratoria después de los pasados cuatro años”, indicó en una rueda de prensa un alto funcionario de la Casa Blanca que prefirió no ser identificado.

El gobierno de Trump aprobó más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados.

Desde que llegó al poder, Biden anunció un golpe de timón en materia migratoria, que incluyó la creación de un contingente para reunir a las familias separadas por la política de tolerancia cero en la frontera impulsada por Trump.

A partir de esta semana se comenzará a desmantelar el polémico programa Quédate en México, que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en el lado mexicano de la frontera en espera de la resolución de sus solicitudes.

La iniciativa enviada por los demócratas se materializará en una directriz provisional, que limitará drásticamente qué personas pueden ser arrestadas y deportadas por agentes de inmigración, una medida que se produce cuando la administración de Biden enfrenta una creciente presión para reducir las repatriaciones.

Expulsiones limitadas

Además, a partir de este jueves, el gobierno anunció que instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) limitar las detenciones y expulsiones de inmigrantes irregulares para concentrarse en las personas que constituyan un riesgo para la seguridad nacional y en aquellos que ingresaron a Estados Unidos después del 1º de noviembre de 2020.

Además, los agentes necesitarán la aprobación previa de un superior de alto rango si desean arrestar a alguien que no entre en una de esas categorías, una condicionante que intentará meter en cintura a las fuerzas más antinmigrantes en el seno de la Patrulla Fronteriza.

Se espera que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emita pautas permanentes dentro de 90 días.

Como era de esperarse, una larga lista de organizaciones defensoras de la causa reaccionaron desde la prudencia y el optimismo moderado. Así, por ejemplo, representantes de Fair Immigration Reform Movement (FIRM) y la Hispanic Federation consideraron en una carta que tomará tiempo eliminar las políticas de mano dura que impuso el ex presidente Trump. “Así que, de momento, se debería aprobar el alivio migratorio para los mexicanos que no pueden regresar a su patria en condiciones seguras debido a la pandemia.”

El TPS, añadieron, sería un primer paso hacia una solución permanente, como una reforma migratoria que el jueves varios políticos demócratas presentaron en el Congreso estadunidense.

El TPS es otorgado por Estados Unidos desde hace décadas a ciudadanos de varios países que fueron afectados por desastres naturales o guerras civiles. Los beneficiados por el programa logran obtener un permiso de trabajo y la suspensión temporal de su deportación.

Los casi 5 millones de mexicanos que residen sin autorización en Estados Unidos representan la mitad del total de indocumentados que viven en el paí

El Senado rechazó a las dos candidatas que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió para ocupar los cargos de comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y dado que una tercera candidata había renunciado antes, la Cámara devolverá la terna al Ejecutivo federal.

Durante una reunión de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía, senadores de todas las fuerzas políticas consideraron que Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González, quienes habían comparecido antes, no reúnen los requisitos de “idoneidad” para el cargo.

Incluso, el senador de Morena, José Antonio Alvarez Lima, comentó que las dos candidatas no respondieron satisfactoriamente a las preguntas que les formuló y “no basta la calificación académica”, sino que “es necesario un compromiso con las causas sociales”.

Los paros de actividades en la industria del centro y norte del país, donde se generan más de cuatro quintas partes del valor de la economía, se extendieron este jueves como consecuencia de la reducción en el suministro de electricidad, que es originada por la interrupción, por cuarto día consecutivo, del flujo de gas de Texas, estado azotado por heladas que paralizaron el sector energético.

Una de las primeras afectadas fue la industria automotriz, la principal exportadora, con ventas al exterior que el año pasado sumaron 122 mil 900 millones de dólares. También ayer paró la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), uno de los motores económicos en la región de La Laguna.

Ante la solicitud de las autoridades mexicanas de reducir el uso de gas natural, Ford decidió detener sus operaciones en la planta de Hermosillo, Sonora, hasta el 22 de febrero, mientras la ensambladora ubicada en Cuautitlán Izcalli seguirá en actividad. La automotriz también anunció afectaciones por el mal clima en Ohio.

Toyota dijo que reducirá turnos y realizará paros técnicos en las plantas ubicadas en Baja California y Guanajuato, pero no dijo cuándo volverán a operar. Este tipo de medidas se sumaron a las hechas por Mazda, Audi, Volkswagen y General Motors.

Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) comentó a La Jornada que el intercambio comercial en la frontera norte sólo presenta retrasos, pero la situación se restablecerá.

En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expresaron que la crisis energética, sumada al Covid-19, causa preocupación para mantener las inversiones realizadas y pone en riesgo millones de empleos.

Resaltó que esta industria genera 18.2 por ciento del producto interno manufacturero y aportó 15 por ciento de la inversión extranjera directa en años recientes, la cual ha sido superior a 55 mil millones de dólares.

“Solicitamos de su valioso apoyo, como siempre lo ha demostrado para garantizar el abasto de energía eléctrica y gas industrial, sin reducción en el suministro o consumo.”

Por su parte, AHMSA detuvo la producción en sus plantas siderúrgicas en Monclova, Coahuila, y en las minas de carbón y de fierro, con una disminución acumulada de más de 20 mil toneladas de acero líquido.

Elementos de la Armada de México rescataron a la tripulación de un buque pesquero que naufragó en inmediaciones de Laguna Verde, Veracruz.

La embarcación, de nombre “Yellowfin”, reportó que comenzó a hacer agua cuando se encontraba cerca del farallón Don Carlos, y que la tripulación se encontraba flotando a la deriva “entre cabos y bidones”.

La Primera Región Naval respondió al llamado de auxilio enviando un avión Persuader, quien ubicó a los náufragos y envió su posición a una embarcación clase MLB, de la Secretaría de Marina, que pudo recoger a los siete integrantes de la tripulación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene lista una nueva reducción a la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa que, al menos desde el sexenio de Ernesto Zedillo y hasta el de Enrique Peña Nieto, pagó impuestos por un monto que superó 100 por ciento de su ganancia neta de operación.

Por esa razón, desde finales del siglo pasado la empresa ha debido endeudarse sólo para pagar impuestos y derechos al fisco. Actualmente arrastra una deuda de 110 mil 300 millones de dólares, la cual creció exponencialmente en la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

El titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó en una entrevista que en los próximos días se anunciará una reducción considerable en la carga tributaria de Pemex para 2021.

La fuente sostuvo que en cuestión de horas será publicado en el diario oficial el beneficio fiscal de unos 75 mil millones de pesos (unos 3 mil 680 millones de dólares) para la empresa. Este beneficio se aplicará de manera mensual en los pagos que hace de los derechos por petróleo.

Este beneficio será adicional a la nueva tasa del derecho a la utilidad compartida (DUC) que para este año se redujo de 58 a 54 por ciento. Estimaciones de Pemex prevén que la reducción de cuatro puntos porcentuales en el DUC para 2021 le permitirán ahorros por 83 mil millones de pesos.

Durante los dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pemex ha realizado refinanciamientos y manejo de pasivos por más de 30 mil millones de dólares.

Antes de impuestos, Pemex es una de las empresas más rentables de la industria petrolera internacional.

“Desafortunadamente, Pemex tiene el régimen fiscal más oneroso, no sólo del sector petrolero nacional sino de toda la industria internacional en general, comentó Fluvio Ruiz Alarcón, experto en temas energéticos.

“Pemex paga una proporción de impuestos que superan 105 por ciento el monto de sus beneficios y por lo tanto se ubica por encima del conjunto de empresas de la industria que pagan una proporción promedio de impuestos y derechos sobre sus flujos de ingresos de 36.2 por ciento” .

Por ello, propuso reducir el DUC, del actual 54 a 35 por ciento, en un lapso de dos años, buscando que la carga fiscal de Pemex se asemeje al promedio del que tienen la empresas nacionales petroleras.

Adicionalmente, actualizar el límite de deducción para cada zona geológica, conforme a los costos de producción respectivos. “En particular, es urgente aumentar el límite de deducción en aguas someras donde se realiza la mayor parte de nuestra producción”, planteó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a ahorrar energía eléctrica, especialmente en las noches, a fin de cuidar las reservas, en medio de la contingencia provocada por la suspensión de las importaciones de gas natural procedentes de Estados Unidos. “Si podemos apagar un foco, dos, lo que no sea indispensable, para que todos ayudemos, como lo hemos hecho siempre”, expresó.

En conferencia de prensa aseguró que “ya está resuelto prácticamente el problema” y no habrá más apagones; sin embargo, subrayó que es necesario ir al origen de la crisis, “darle la vuelta” a la política privatizadora que orilló al sistema eléctrico mexicano a depender del exterior.

Previamente, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señaló que los trabajadores del sector hicieron una hazaña “de lo que pudo haber terminado en desastre”: la paralización de todo el sistema eléctrico en el país.

Funcionarios de la CFE y el director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), Carlos Meléndez informaron que el viernes pasado declararon una emergencia operativa; de inmediato identificaron las reservas de otros combustibles y se contrataron buques de suministro de gas natural.

El Presidente resaltó que la contingencia da varias lecciones; la principal es cambiar la política neoliberal de privatización y desmembramiento de la CFE y de Pemex, porque está claro que gracias a la colaboración de ambas se está pudiendo salir de los momentos críticos.

Reiteró que el país no puede depender de un solo combustible, por ello en su administración en lugar de cerrar plantas de CFE, de hacerlas chatarra, se les ha dado mantenimiento.

Insistió en que no se le puede dar a la CFE el mismo trato que a una empresa particular extranjera como Iberdrola.

Peticiones a la titular de la SEP por la pandemia

La agrupación Misión Rescate México (MRM) hizo un llamado a la nueva secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, a no dejarse presionar para realizar el retorno a clases presenciales, pues considera que no está garantizada la seguridad de los maestros y los alumnos, ante el incremento de casos de coronavirus en el país, ni existen las condiciones para hacerlo en muchas escuelas.

Asimismo, hizo un llamado para que en vez de pensar en un regreso a las aulas, la SEP resuelva la desigualdad digital y de infraestructura, a fin de realizar un cambio en el sistema educativo nacional que ofrezca los apoyos económicos que se necesitan para que los alumnos puedan desarrollar todas sus capacidades físicas, emocionales, intelectuales y espirituales.

También pidió no olvidar el esfuerzo que los maestros realizan en esta etapa de clases virtuales, pues se las han ingeniado para atender debidamente a los alumnos, “muchos de ellos innovando y creando nuevas formas de aprendizaje a pesar, incluso, de los pormenores que tuvieran que pasar por la tecnología”.

Misión Rescate México reconoció la labor de los padres de familia, que asumieron el compromiso de impulsar el proceso educativo y que, junto con el maestro, sacan adelante el ciclo escolar de millones de alumnos.

La postura de MRM, que agrupa a diversas asociaciones de maestros y padres de familia del país, fue dada a conocer ayer en una rueda de prensa virtual, encabezada por Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros y coordinador nacional de MRM en la tarea de propuestas.

Tres representantes de las asociaciones participantes, Nallely Parra (Alianza de Maestros Tijuana), Laura Gurza (Unión Padres de Familia de Chihuahua) y Teresa Paulino (Alianza de Maestros Guanajuato) leyeron la postura de la MRM.

El comunicado destaca que se necesita un regreso que garantice la salud y la vida de toda la comunidad educativa, lo cual consideran que en este momento no puede garantizarse.

Aumento de casos

Igual detalló sobre los incrementos de casos y muertes por Covid-19 en el país de noviembre a la fecha, el sobrecupo en los hospitales y cuestionó el cambio de semáforo en algunas entidades, que dejó de ser rojo, pese a los aumentos en las cifras de contagios y fallecimientos.

Ante esto, indicaron que: Compartimos plenamente la preocupación de las autoridades por una educación de excelencia, pero como ya lo hemos expresado con anterioridad: reiteramos que el regreso a las clases sea cuando se tengan las condiciones adecuadas que garanticen la salud de todos los maestros y alumnos del país, indicó.

Le pedimos a la nueva titular de la SEP no dejarse presionar por aquellas voces que no cuidan de la comunidad educativa. Su mayor reto no es el regreso a clases presenciales, sino hacer que la educación sea la base para un México mejor, subrayó.

Existen varias voces que desean el regreso presencial a las aulas, ya que según dicen los alumnos no están aprendiendo en la modalidad virtual, pero se olvidan del esfuerzo que están realizando miles de maestros por llevar sus clases en distintas formas y medios a los alumnos, muchos de ellos innovando y creando nuevas formas de aprendizaje, agregó.

La agrupación expresó que, además de impulsar la educación, se debe cuidar la salud de todos, razón por la que “no es solo fiarse de un semáforo, es reconocer y conocer la realidad que vivimos y cuidar a los alumnos y a los maestros”.

Luego pidió a la titular de la SEP que considere el trabajo de muchas instituciones de la sociedad civil que están colaborando para que la educación en México salga adelante.

“Tiene usted en la sociedad civil organizada un aliado a favor de la educación. Necesitamos garantizar que las clases presenciales sean el inicio de una nueva etapa para la comunidad educativa, donde la fraternidad y el cuidado del uno por el otro sean parte del aprendizaje de esta nueva generación de maestros, alumnos y padres de familia, todos en vida y con vida”.

Carlos Aguirre destacó que les preocupa el tema de la calidad educativa, pero tanto maestros como padres de familia están haciendo un gran esfuerzo para apoyar en este sentido.

Al respecto Eleazar García, del MRM Durango, señala que los maestros están llegando a los niños con mecanismos innovadores, pero hay una tarea pendiente del gobierno federal en cuanto a infraestructura, y es fundamental que el gobierno invierta en este tema para que todos los alumnos tengan acceso a internet.

Guadalupe Caro, de la Unión Nacional de Padres de Familia de Torreón, resalta el caso de los semáforos estatales, pues asegura no se debe emitir un semáforo generalizado para un Estado, sobre todo en el caso de entidades grandes como la que habita, donde hay zonas que deben estar en rojo.

Esta situación, destaca debe tomarse en cuenta por las autoridades, pues las condiciones de cada municipio y escuela son distintas. Son condiciones particulares y así deben ser evaluadas a la hora de tomar una decisión respecto al regreso a las aulas.

Clases Postura

Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros, también dijo lo siguiente:

Adecuado, pero insuficiente

Vacunar a los maestros es una medida adecuada, pero no suficiente para garantizar la salud, pues se necesitan otras condiciones y elementos para garantizar la vida en este contexto.

Modalidad virtual

Por ello piensa que el regreso a clases presencial no es una opción adecuada en el corto plazo, sino que se debe terminar el curso escolar en la modalidad virtual, e incluso iniciar el ciclo escolar siguiente en estas mismas condiciones porque, de acuerdo con los expertos, la pandemia seguirá muchos meses más.

En 2022

No descartó incluso que las clases deban seguir siendo virtuales en los inicios de 2022.