Frena solicita respuesta sobre el pacto fiscal

También dio a conocer que el próximo sábado 13 de marzo realizarán un “juicio ciudadano” al presidente Andrés Manuel López Obrador en Mérida, previo al que se hará el día 21 en Ciudad de México.

Como se ha informado, esta organización nacional presentó al Legislativo y Ejecutivo del Estado la solicitud de romper fiscalmente con el gobierno federal, que se quede aquí todo lo que se capte de impuestos, “por la Defensa de la Libertad, Soberanía y Autonomía Tributaria de Yucatán contra los objetos y fuentes gravadas por la Federación”.

En improvisada conferencia de prensa que ofreció en la entrada del Congreso, a donde acudió con otros simpatizantes de Frena para dar seguimiento y pedir una respuesta a este planteamiento, Mendoza Elizondo recordó que este es el segundo documento que presentan a los diputados y no les responden, al igual que el gobernador Mauricio Vila Dosal, a quien también le entregaron este documento.

El vocero recordó que el 22 de junio pasado, en lo que fue la segunda caravana que organizaron para manifestarse contra el presidente del país, entregaron un documento a cada uno de los 25 diputados locales para demandar su apoyo y que procedan a exigir la renuncia del jefe de la Nación, pero tampoco les han respondido.

Tal pareciera que aquí en Yucatán no hay interés, comentó. Hacen como si ni siquiera hubieran recibido estos documentos, o no les importa a los diputados locales.

“No tan solo no hemos tenido respuesta de los diputados, ni siquiera nos han recibido, no hemos hablado con ellos a diferencia de otros estados como Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, donde los compañeros de lucha se han entrevistado con sus legisladores”, refirió.

Antes de que lo reciban en el Congreso, Mendoza Elizondo explicó que por eso ayer acudieron a la sede, para pedir una respuesta y de esa forma cubrir los requisitos que marca la ley, para exigir conforme a los derechos que les otorga la Constitución que garantiza el derecho a la información, en torno al derecho de opinar y pedir respuesta de las autoridades.

Luego de entrevistarse en privado con Miguel Ceballos, director jurídico del Congreso, el vocero de Frena declaró que solo les dijeron que su documento está en trámite y les pidió paciencia para que lo revisen antes de turnarlo a los diputados, como lo marca la ley en estos casos.

En ese sentido, expresó que esperarán un tiempo que consideran razonable, tanto como una semana. Si pasado ese plazo siguen sin responderles, entonces promoverán un amparo para exigir con la ley que les den una respuesta.

De un vistazo

Juicio en la capital

El vocero de Frena informó que se convoca para el próximo 21 de marzo, ante el Monumento de la Revolución en Ciudad de México, al Juicio Ciudadano que se hará a López Obrador.

En Mérida

También se hará uno en la explanada del parque de Las Américas el 13 de marzo a las 16 horas, con todo y lo que la ley marca: habrá un fiscal, el presidente del país tendrá un defensor y el jurado será el pueblo, todos los que asistan al evento, quienes decidirán si lo declaran culpable o inocente.

La situación que viven los pasantes de medicina, que se ha hecho notoria a raíz del fallecimiento de las jóvenes Karla, en Tahdziú, y Mariana, en Chiapas, parece no importar a las autoridades estatales, pues ninguna institución ha respondido hasta el momento a la petición de información sobre las condiciones que los jóvenes afrontan al realizar su servicio social.

Este caso es sólo uno de los cientos que han tenido lugar en el estado, ante las condiciones de inseguridad y falta de apoyo que ha sido denunciada por numerosos alumnos a raíz de los casos de las dos jóvenes ya citadas, que se dijo se suicidaron, pero se cree fueron asesinadas.

Se solicitó a la oficina de comunicación social de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) información sobre las condiciones en las que los alumnos desempeñan el servicio social, pero después de unos días respondieron que no les corresponde el contestar, debido a que todo lo relacionado con el servicio social es responsabilidad de la Secretaría de Salud de Yucatán, dado que es en las instituciones a su cargo donde los alumnos realizan el servicio social.

No obstante, en un primer acercamiento al área de comunicación social de la Facultad de Medicina para tratar el tema, la persona a cargo indicó que desde años atrás se han impulsado modificaciones respecto al servicio social de los pasantes, pero el tema “está especificado en la Constitución y las universidades se apegan a dichos artículos y reglamentos”

Cuando se habla de desalojos no se puede hablar de algo voluntario, desalojar es un acto que implica el poder y la fuerza de una parte sobre la otra. Desalojar a familias que durante años han habitado los barrios de Campeche para dar paso al Tren Maya no es solo privarlas de su patrimonio, sino también de su identidad, entorno, tejido social, ambiente, tradiciones y costumbres.

La transmisión vía Facebook Live contó con la participación de Guadalupe Gutiérrez Cáceres, del colectivo Tres Barrios de Campeche, y Kalycho Escoffié Duarte, de Kanan Derechos Humanos. Como moderadora estuvo la abogada Celeste Patiño.

El objetivo de la dinámica fue abrir un canal de comunicación con el público en general a fin de conocer la situación que aqueja a cientos de familias cuyo patrimonio están en peligro de perder, se indicó.

Pero más que sus casas y sus terrenos, los vecinos perderían su identidad y sus vínculos fraternales, costumbres y tradiciones que han arraigado en sus comunidades a lo largo de casi 130 años.

La señora Guadalupe Gutiérrez, férrea opositora al desalojo, explicó que cuando en un principio se habló del proyecto nunca se dijo que los vecinos serían desalojados, pero lo que ha causado mayor indignación y encono contra el proyecto es que se les señale como invasores que se apropiaron de un espacio federal por donde pasan las vías del ferrocarril.

“Nada más falso que decirnos invasores”, comentó. “Las vías son las verdaderas invasoras, se colocaron hacia mediados de los años 30 del siglo pasado y se pusieron sin más a través de las calles de los barrios que tienen casi 130 años de existencia, con familias que por generaciones hemos vivido aquí”.

“Ahora resulta que ocupamos una zona federal, cuando en realidad la zona federal tomó nuestros espacios”, subrayó.

“¿Por qué no en lugar de desalojar familias, despojarlas de su patrimonio y de su estilo de vida, no se reorientan las vías?”, sugirió.

Durante la transmisión en vivo, la participación de la señora Guadalupe Gutiérrez se vio afectada por graves deficiencias en la señal, por lo que fue muy difícil apreciar su testimonio.

Al hablar de los aspectos jurídicos detrás de los intentos por desalojar a los vecinos de sus propiedades, Escoffié Duarte aclaró que todo desalojo implica una situación nunca voluntaria, porque una de las partes utiliza la fuerza para lograr su objetivo.

“La pandemia del Covid ha sido factor determinante en el problema que afrontan los vecinos de los barrios, la falta de claridad y el que los tribunales solo atienden asuntos ‘urgentes’ los ha colocado en un estado de indefensión e incertidumbre, en el que los promotores del proyecto Tren Maya solo tienen para ellos una alternativa: irse voluntariamente”, comentó.— Emanuel Rincón Becerra

La Plancha Desmentido de Fonatur

Fonatur emitió ayer un comunicado en el que habla del caso de La Plancha.

Temores infundados

Ante el temor manifestado por vecinos de ese rumbo de que sean desalojados como parte del proyecto del Tren Maya, el organismo federal dijo que son falsas las versiones en que se basan esas preocupaciones.

Valores

Sostuvo que toma en cuenta el valor histórico, cultural y patrimonial de la ciudad de Mérida y tiene la intención de contribuir en todo momento al desarrollo integral de sus habitantes.

La vivienda

Las acciones de vivienda que surjan como consecuencia del proyecto, dijo, tienen un componente participativo relevante, en ningún momento el proyecto plantea forzar decisiones o, como algunos actores han utilizado, con intenciones ajenas a las de la ciudadanía, la palabra “desplazar”. No es el objetivo del proyecto y la información en ese sentido es falsa, subrayó.

A las 5.00 am, el frente frío No.36 arribó al estado de Yucatán, actualmente se encuentra en la zona noroeste de la entidad.

La vaguada Prefrontal ocasionó lluvias durante la noche, desde las 22.00 horas de ayer hasta la 1.30 de este viernes, en toda la parte oeste y centro del estado de Yucatán.

Hasta el momento, los acumulados de altura de lámina de agua en la ciudad de Mérida, de acuerdo con las estaciones de la Uady:

Ciafeme Nororiente: 100.4 lt/M2
Fiuady norte: 120.2 lt/M2

Las lluvias registradsa, consideradas como torrenciales, han sido las más altas para un mes de febrero en 24 horas desde 1998.

Se espera que durante el día los vientos vayan aumentando de intensidad alcanzando velocidades de fuerza de tormenta tropical en la costa y de menor intensidad en el interior del estado así como la presencia de lloviznas y lluvias a intervalos mientras, el frente frío se vaya moviendo hacia el resto del estado de Yucatán debiendo llegar sus efectos hacia la zona oriente cerca del mediodía.

La intensa masa de aire frío que lo acompaña ocasionará ambiente de templado a frío durante el día y marcado descenso de la temperatura al final de la tarde y la noche.

Las temperatura mínima en este amanecer será de 16° Celsius a 22° C y la temperatura máxima esperada será de 21° C a 23° C cerca del mediodía.

La delegada de programas federales en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, justificó a las 33 personas originarias de colonias de alta plusvalía de la capital estatal que viajaron el pasado 16 de febrero a la comunidad rural Bañón, municipio de Villa de Cos, para ser vacunadas contra el Covid-19, violando las reglas de operación del Plan Nacional de Vacunación contra esa enfermedad.

La propia Verónica Díaz habría autorizado esa acción a través de Edna López Hernández –su subordinada, que coordina el organismo Jóvenes Construyendo el Futuro–, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana se vacunaría únicamente a ancianos habitantes de los 300 municipios de México con mayores índices de pobreza y marginación.

En un comunicado, la delegada descalificó a los medios de comunicación y a los periodistas que difundieron la inoculación irregular a 33 personas, que divulgaron integrantes del programa de Bienestar para la Salud enviados a Bañón como célula de vacunación.

Afirmó que “el único requisito para acceder a la vacuna es tener 60 años cumplidos”, y expuso que no identificaría a los vacunados de forma indebida “por respeto y para no abonar al linchamiento perverso del que seguramente han sido objeto. No abonaremos a la polarización social. Basta de infodemia”.

Sin embargo, admitió en su misiva que el 16 de febrero “recibí información de un centro de vacunación instalado en el municipio de Villa de Cos, al cual estaban acudiendo personas que no son residentes” de la demarcación.

Añadió que no se interpuso a esto, pues “como coadyuvantes de esta política de salud pública, estamos IMPEDIDOS (con mayúsculas) para negar la atención a las personas adultas mayores que acuden a los centros de vacunación y que cumplen con el único requisito (la edad) para ser acreedores de la vacuna”.

La Secretaría de Educación del Estado (SEE) analiza, junto con autoridades federales, cerrar la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, debido al vandalismo y a los actos delictivos que frecuentemente comete un grupo de alumnos, afirmó el titular de la SEE, Héctor Ayala Morales.

La Normal Rural Vasco de Quiroga fue fundada en 1949 y es una de las 17 escuelas de este tipo que aún quedan en todo el país.

En respuesta, la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (Onoem) señaló que, no obstante que ha habido varios intentos por cerrar esta escuela, queda claro que es la única opción para los hijos del obrero, campesino e indígena y que dicho argumento carece de todo sentido.

Hace unos meses, refirió la organización, se trató de restar 48 lugares a la matrícula, hubo una enorme movilización, y “hay que pensar lo que ocurriría con una medida de esa magnitud. Pues lo que urge en estos momentos es fortalecer, por su carácter social, la educación alternativa que representa la Escuela Normal Rural de Tiripetío”, expuso.

El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Gamaliel Guzmán Cruz, calificó la declaración de Héctor Ayala como desafortunada, justo cuando el presidente López Obrador anunció que habrá más respaldo a las normales y una prueba es la reapertura de la Escuela Normal Rural Nacional Luis Villarreal, en la comunidad de El Mexe, Hidalgo, que cerraron en 2003.

Ayala Morales presentó en septiembre de 2020 ante las secretarías de Educación Pública y de Gobernación un estudio de la situación que prevalece en la normal Vasco de Quiroga, en torno a la calidad académica y actos violentos que comenten los alumnos, como robo de vehículos, daño a las cosas, cobro decuotas en carreteras federales y choques con fuerzas de seguridad.

Aunado a sus prácticas de activismo y protesta como retención de vehículos y personas, bloqueos de las vías férreas, incendio de vehículos, entre otros, lo que ha provocado molestia entre los habitantes de la tenencia de Tiripetío.

El pasado 13 de febrero, unos 60 normalistas e integrantes del Frente Social de Lucha por el Socialismo tomaron la caseta de Panindícuaro y pidieron “cuotas voluntarias” a los automovilistas, causando destrozos a los vehículos cuyos conductores se rehusaban a pagar la “cooperación”.

En noviembre de 2020, un grupo de 66 normalistas fue detenido en la misma caseta y después de semanas a 15 de ellos los expulsaron de la conocida Normal de Tiripetío, donde están inscritos 900 alumnos, la mayoría en el sistema de internado.

En al menos tres escuelas normales ubicadas en Michoacán (de ocho) se ha denunciado la presencia de “porrismo” y, en el caso de la escuela de Tiripetío, ha sido señalada la presencia de delincuentes impuestos por el llamado autogobierno desde hace casi una década.

No hay que olvidar, apuntó, que sólo en las normales rurales, como Tiripetío, cuentan con albergue y alimentos para sus estudiantes. “Por eso decimos que las autoridades comunales de las diferentes regiones purépechas respaldarán en todo momento a esta institución, y no vamos a permitir que desaparezca”, advirtió.

Al menos 6 mil 400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló ayer el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.

El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encontró que “por lo menos 6 mil 402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008” durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un body count, conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.

Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2 mil 249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.

La JEP se ocupa de las violaciones más graves de derechos humanos cometidas por guerrilleros y soldados durante el enfrentamiento. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen, se exponen a condenas hasta de 20 años.

Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en 2008, aplaudió el avance de las investigaciones.

Hasta ahora “solamente pensábamos” que las ejecuciones “eran de 2006 para acá”, pero “se ve que en todos los territorios” hubo “muchos falsos positivos”, indicó a la Afp, y agregó: “Nos da tristeza que el ejército, que es el que nos tiene que cuidar (…) haya dejado a tantas madres llorando, tantos hijos huérfanos, tantas hermanas tristes”.

El ex presidente Uribe, que rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un atropello en su intento por desacreditar a su gobierno.

En una declaración pública, negó que hubiera instigado a las tropas a “violar la ley” cuando les exigía eficiencia.

Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela además que hubo complicidad de autoridades para ocultar estos hechos. Por “los muertos siempre se abría una investigación”, pero “o no hay resultados o (…) absuelven” a los responsables, comentó.

Miles de campesinos marcharon ayer para pedir la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, a quien acusaron de no investigar numerosos casos de corrupción.

Cuatro marchas salieron de diferentes puntos de esta capital y se unieron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de Gobierno.

“Somos humanos, sentimos lo que hacen los gobiernos en turno. En el Congreso hay diputados ladrones y corruptos. El pueblo se está muriendo de hambre”, gritaban los campesinos. El Comité de Desarrollo Campesino convocó a las protestas. Agricultores de diferentes departamentos se hicieron presentes, pero algunos no pudieron llegar a esta ciudad porque la Policía Nacional Civil no permitió el ingreso de autobuses.