La selección mexicana de futbol se mantuvo entre las 10 mejores selecciones del mundo, así lo anunció ayer la FIFA en su primer ranking del año. El Tricolor, de esta manera, se ubica por tercer mes consecutivo en la novena posición, consecuencia de los buenos resultados que consiguió el año pasado ante selecciones de prestigio como Holanda, Argelia, Corea del Sur y Japón. México, además, es la selección mejor ubicada de Concacaf. En la parte alta de la tabla, Bélgica retuvo la cima. Detrás le siguen Brasil, Inglaterra, Portugal, España, Argentina y Uruguay. Italia cierra el top 10.
Funcionaria justifica a quienes viajaron a una comunidad de Zacatecas para vacunarse
La delegada de programas federales en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, justificó a las 33 personas originarias de colonias de alta plusvalía de la capital estatal que viajaron el pasado 16 de febrero a la comunidad rural Bañón, municipio de Villa de Cos, para ser vacunadas contra el Covid-19, violando las reglas de operación del Plan Nacional de Vacunación contra esa enfermedad.
La propia Verónica Díaz habría autorizado esa acción a través de Edna López Hernández –su subordinada, que coordina el organismo Jóvenes Construyendo el Futuro–, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana se vacunaría únicamente a ancianos habitantes de los 300 municipios de México con mayores índices de pobreza y marginación.
En un comunicado, la delegada descalificó a los medios de comunicación y a los periodistas que difundieron la inoculación irregular a 33 personas, que divulgaron integrantes del programa de Bienestar para la Salud enviados a Bañón como célula de vacunación.
Díaz Robles planteó que con su documento respondió a “las acusaciones” de quienes “se creen poseedores de la verdad y que utilizan su pluma para señalar sin fundamento”.
Afirmó que “el único requisito para acceder a la vacuna es tener 60 años cumplidos”, y expuso que no identificaría a los vacunados de forma indebida “por respeto y para no abonar al linchamiento perverso del que seguramente han sido objeto. No abonaremos a la polarización social. Basta de infodemia”.
Sin embargo, admitió en su misiva que el 16 de febrero “recibí información de un centro de vacunación instalado en el municipio de Villa de Cos, al cual estaban acudiendo personas que no son residentes” de la demarcación.
Añadió que no se interpuso a esto, pues “como coadyuvantes de esta política de salud pública, estamos IMPEDIDOS (con mayúsculas) para negar la atención a las personas adultas mayores que acuden a los centros de vacunación y que cumplen con el único requisito (la edad) para ser acreedores de la vacuna”.
Analizan gobiernos cerrar normal rural de Tiripetío
La Secretaría de Educación del Estado (SEE) analiza, junto con autoridades federales, cerrar la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia, debido al vandalismo y a los actos delictivos que frecuentemente comete un grupo de alumnos, afirmó el titular de la SEE, Héctor Ayala Morales.
La Normal Rural Vasco de Quiroga fue fundada en 1949 y es una de las 17 escuelas de este tipo que aún quedan en todo el país.
En respuesta, la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (Onoem) señaló que, no obstante que ha habido varios intentos por cerrar esta escuela, queda claro que es la única opción para los hijos del obrero, campesino e indígena y que dicho argumento carece de todo sentido.
Hace unos meses, refirió la organización, se trató de restar 48 lugares a la matrícula, hubo una enorme movilización, y “hay que pensar lo que ocurriría con una medida de esa magnitud. Pues lo que urge en estos momentos es fortalecer, por su carácter social, la educación alternativa que representa la Escuela Normal Rural de Tiripetío”, expuso.
El dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, Gamaliel Guzmán Cruz, calificó la declaración de Héctor Ayala como desafortunada, justo cuando el presidente López Obrador anunció que habrá más respaldo a las normales y una prueba es la reapertura de la Escuela Normal Rural Nacional Luis Villarreal, en la comunidad de El Mexe, Hidalgo, que cerraron en 2003.
Ayala Morales presentó en septiembre de 2020 ante las secretarías de Educación Pública y de Gobernación un estudio de la situación que prevalece en la normal Vasco de Quiroga, en torno a la calidad académica y actos violentos que comenten los alumnos, como robo de vehículos, daño a las cosas, cobro decuotas en carreteras federales y choques con fuerzas de seguridad.
Aunado a sus prácticas de activismo y protesta como retención de vehículos y personas, bloqueos de las vías férreas, incendio de vehículos, entre otros, lo que ha provocado molestia entre los habitantes de la tenencia de Tiripetío.
El pasado 13 de febrero, unos 60 normalistas e integrantes del Frente Social de Lucha por el Socialismo tomaron la caseta de Panindícuaro y pidieron “cuotas voluntarias” a los automovilistas, causando destrozos a los vehículos cuyos conductores se rehusaban a pagar la “cooperación”.
En noviembre de 2020, un grupo de 66 normalistas fue detenido en la misma caseta y después de semanas a 15 de ellos los expulsaron de la conocida Normal de Tiripetío, donde están inscritos 900 alumnos, la mayoría en el sistema de internado.
En al menos tres escuelas normales ubicadas en Michoacán (de ocho) se ha denunciado la presencia de “porrismo” y, en el caso de la escuela de Tiripetío, ha sido señalada la presencia de delincuentes impuestos por el llamado autogobierno desde hace casi una década.
El dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Guzmán, dijo que la normal ha formado a miles de maestros, muchos originarios de pueblos indígenas de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y ha sido la única alternativa para formar profesionistas.
No hay que olvidar, apuntó, que sólo en las normales rurales, como Tiripetío, cuentan con albergue y alimentos para sus estudiantes. “Por eso decimos que las autoridades comunales de las diferentes regiones purépechas respaldarán en todo momento a esta institución, y no vamos a permitir que desaparezca”, advirtió.
El ejército ejecutó a 6 mil 402 personas en Colombia durante el gobierno de Uribe
Al menos 6 mil 400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló ayer el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.
El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este “fenómeno macrocriminal”, como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encontró que “por lo menos 6 mil 402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008” durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
Conocida en el argot militar como “falsos positivos”, esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.
Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un body count, conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.
Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2 mil 249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves de derechos humanos cometidas por guerrilleros y soldados durante el enfrentamiento. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen, se exponen a condenas hasta de 20 años.
Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en 2008, aplaudió el avance de las investigaciones.
Hasta ahora “solamente pensábamos” que las ejecuciones “eran de 2006 para acá”, pero “se ve que en todos los territorios” hubo “muchos falsos positivos”, indicó a la Afp, y agregó: “Nos da tristeza que el ejército, que es el que nos tiene que cuidar (…) haya dejado a tantas madres llorando, tantos hijos huérfanos, tantas hermanas tristes”.
El ex presidente Uribe, que rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un atropello en su intento por desacreditar a su gobierno.
En una declaración pública, negó que hubiera instigado a las tropas a “violar la ley” cuando les exigía eficiencia.
Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela además que hubo complicidad de autoridades para ocultar estos hechos. Por “los muertos siempre se abría una investigación”, pero “o no hay resultados o (…) absuelven” a los responsables, comentó.
Campesinos de Guatemala exigen la renuncia del presidente Giammattei
Miles de campesinos marcharon ayer para pedir la renuncia del presidente guatemalteco Alejandro Giammattei, a quien acusaron de no investigar numerosos casos de corrupción.
Cuatro marchas salieron de diferentes puntos de esta capital y se unieron en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de Gobierno.
“Somos humanos, sentimos lo que hacen los gobiernos en turno. En el Congreso hay diputados ladrones y corruptos. El pueblo se está muriendo de hambre”, gritaban los campesinos. El Comité de Desarrollo Campesino convocó a las protestas. Agricultores de diferentes departamentos se hicieron presentes, pero algunos no pudieron llegar a esta ciudad porque la Policía Nacional Civil no permitió el ingreso de autobuses.
Durante el primer año de su gestión, Giammattei creó la Comisión Presidencial contra la Corrupción, pero no investiga las acciones de este delito en las que estarían involucrados funcionarios cercanos al mandatario. Los campesinos rechazaron esta situación y pidieron la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Biden, dispuesto a que EU vuelva al acuerdo nuclear con Irán
El gobierno del presidente Joe Biden aseguró ayer que está dispuesto a unirse a las conversaciones de Irán con potencias mundiales para discutir el regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015, y renunció a las pretensiones de su antecesor Donald Trump de imponerle nuevas sanciones, en un tajante repudio a la “campaña de presión máxima” del magnate con la que intentaba aislar a la república islámica.
El gobierno estadunidense también adoptó dos medidas que atañen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a fin de restaurar la política existente antes de que Trump sacara a Estados Unidos del acuerdo nuclear, en 2018.
Las medidas fueron censuradas de inmediato por sectores radicales opuestos a Irán y de seguro causarán preocupación en Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico.
Además de señalar la disposición a conversar con Irán, el gobierno de Biden anuló una decisión de Trump de restaurar todas las sanciones en la ONU contra Irán y redujo las severas restricciones al tránsito de los diplomáticos iraníes acreditados ante la ONU.
El Departamento de Estado anunció las medidas al cabo de conversaciones entre el secretario de Estado, Antony Blinken, y sus contrapartes de Gran Bretaña, Francia y Alemania, y en momentos en que Biden se dispone a participar, aunque virtualmente, en sus primeras reuniones con gobernantes de otras naciones.
El anuncio tiene lugar un día antes de que Biden converse con los gobernantes de las naciones del Grupo de los Siete y después pronuncie un mensaje ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se efectúa cada año. En ambas intervenciones, Biden tiene previsto hablar sobre sus compromisos con la diplomacia multilateral y su deseo de eliminar los daños que las posturas de Trump habrían causado los cuatro años anteriores.
En un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó que Estados Unidos aceptaría una invitación de la Unión Europea para asistir a una reunión de participantes del acuerdo nuclear original: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, además de Irán.
Abogados de líder de Proud Boys acusan a Trump del asalto al Capitolio
Los abogados del presunto líder de la organización de ultraderecha Proud Boys culparon al ex presidente Donald Trump por el asalto del 6 de enero al Capitolio y dijeron que en las cinco semanas transcurridas desde entonces “se acabó el sueño febril”.
William Chrestman, veterano del ejército y trabajador metalúrgico de Olathe, Kansas, continúa preso mientras el juez decide si le otorga la libertad condicional hasta el juicio. Está acusado de conspiración, obstrucción de un acto oficial, amenazas a un agente de policía federal y otros cargos derivados de la insurrección.
Proud Boys es un grupo armado de ultraderecha integrado principalmente por militares y policías retirados.
Los fiscales quieren que Chrestman siga en la cárcel porque lo consideran peligroso para la comunidad y piensan que intentará fugarse. La defensa asegura que no huirá y que no es peligroso, porque el mundo que lo rodea ha cambiado desde entonces. Dicen que la cárcel, lejos de envalentonarlo, lo ha disciplinado.
“Es asombroso imaginar tomar por asalto el Capitolio de Estados Unidos con palos y banderas y aerosoles contra una policía armada y altamente entrenada. Sólo lo intentaría alguien que creía que contaba con respaldo oficial. Y un Proud Boy que prestara atención estaría convencido de ello”, señalaron los abogados.
Añadieron que vieron cómo su retórica “pro Estados Unidos, pro capitalista y pro Trump” los introducía en el Partido Republicano. Vieron cómo la policía atacaba a Black Lives Matter y los manifestantes antifascistas, pero escoltaban a los Proud Boys y sus aliados para que estuvieran a salvo. Vieron cómo se nombraba a su líder, Enrique Tarrio, director de Latinos para Trump en Florida.
“Las cinco semanas transcurridas desde el 6 de enero han acabado con el sueño febril. Los Proud Boys son ‘radiactivos ahora’. Todo aire de respetabilidad se ha desvanecido”, escribieron los defensores.
En tanto, el senador texano Ted Cruz reconoció que viajó a Cancún para pasar unas vacaciones familiares cuando su estado sufre una dura tormenta invernal que dejó a millones sin electricidad ni agua potable y provocó 38 muertos en Texas y otros estados.
El prominente legislador republicano, fuerte defensor de Trump, dijo en un comunicado que acompañó a su familia después que sus hijas pidieron ir de viaje con amistades porque las clases estaban suspendidas por el resto de la semana. “Quise ser un buen papá, volé con ellas anoche y vuelo de regreso esta tarde”, dijo Cruz después de que la agencia Ap y otros medios periodísticos informaron los detalles de su viaje.
La revelación expone a Cruz a críticas considerables, tanto de demócratas como de republicanos, en Texas y el resto del país.
Cientos de miles de personas en Texas enfrentaban ayer su cuarto día sin luz y una crisis de agua potable al tiempo que las tormentas invernales causaban estragos en la red eléctrica y otros servicios.
Las autoridades en Texas ordenaron a 7 millones de personas –25 por ciento de los habitantes del segundo estado más grande del país– que hiervan agua de la llave antes de beberla, luego de días de históricas temperaturas bajas que causaron daños en la infraestructura y congelaron tuberías.
Presenta Biden plan de reforma migratoria «amplia e inclusiva»
Con un renovado sentido de urgencia, el presidente Joe Biden quiso ayer cumplir su palabra empeñada ante una comunidad inmigrante que celebró la presentación en sociedad de una ambiciosa reforma migratoria “amplia e inclusiva”. Una iniciativa que, habría que decirlo, tendrá que superar un sinnúmero de obstáculos antes de convertirse en realidad.
Nada más conocerse la propuesta de Biden, que buscará crear una vía para la naturalización de 11 millones de indocumentados, enfrentó la virulenta reacción de las fuerzas más nativistas y extremistas del partido republicano:
Con esta iniciativa, el presidente Biden “coloca los intereses económicos del país y su seguridad en último lugar, en un momento en que debería estar centrado en reabrir las escuelas, ayudar al empleo y derrotar al Covid-19”, aseguró el congresista republicano Jim Jordan, incondicional del ex presidente Donald Trump y líder del ala más extremista.
“Amnistía para ilegales”
La reacción de Jordan demuestra hasta qué punto el Partido Demócrata lidiará contra un adversario renuente a apoyar una iniciativa de ley que ha sido etiquetada como una “amnistía para ilegales”. El proyecto requerirá el apoyo de al menos 10 republicanos en el Senado para convertirse en ley.
Las resistencias previsibles de un sector del Partido Republicano, inmerso en una encarnizada lucha intestina tras la humillante derrota de Trump, se ha topado con la resolución de un Partido Demócrata convencido de que ya es hora de cumplir con una promesa largamente pospuesta: en una rueda de prensa virtual junto a otros legisladores, Bob Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, aseveró que llegó la hora de “sacar de las sombras a 11 millones de indocumentados”.
Tenemos un “imperativo económico y moral” para pasar una reforma amplia e inclusiva que “no deje a nadie atrás”, agregó Menéndez al reconocer que, si se logra que ciertos elementos avancen y sean aprobados, también será positivo.
El fin principal del proyecto es crear una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, a condición de que estuvieran en Estados Unidos el 1º de enero de 2021.
Uno de los grupos beneficiados por esta iniciativa son los denominados dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos de forma irregular junto a sus padres cuando eran menores de edad, ya que podrán tener acceso a la residencia permanente.
En el gobierno de Barack Obama, este grupo de cerca de 700 mil jóvenes –la mayoría de origen latinoamericano– fueron beneficiados por un estatuto de protección que su sucesor, Donald Trump, intentó cancelar en una pugna judicial que llegó hasta la Suprema Corte.
También, de aprobarse, podrán obtener la residencia permanente las personas beneficiadas por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que impide la deportación de ciudadanos de países afectados por desastres naturales o conflictos armados y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar una historia de empleo en Estados Unidos.
Acto de desagravio
Para el presidente Biden, la presentación de esta iniciativa supone un acto de desagravio hacia una comunidad migrante que ha esperado demasiado tiempo para salir de las sombras y un nuevo intento por recuperar la confianza perdida del electorado latino, un segmento con creciente influencia política y electoral.
“La inmigración es una fuente irrefutable de nuestra fuerza y es esencial para quienes somos como nación. Los pasados cuatro años de políticas equivocadas han exacerbado el sistema de inmigración ya quebrado y han puesto de relieve la necesidad crítica de reforma”, aseguró Biden en un mensaje difundido por la Casa Blanca.
“La legislación que envié al Congreso traerá cambios muy necesarios en un sistema de inmigración en el que la reforma es necesaria desde hace mucho tiempo”, y “administrará responsablemente la frontera con inversiones inteligentes, abordará las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica, modernizará nuestras vías de inmigración legal y creará una vía ganada hacia la ciudadanía para muchos, incluidos los dreamers, los trabajadores agrícolas y los titulares de TPS”, agregó el mandatario.
Para Biden, “ésta es una oportunidad de reiniciar el debate sobre una reforma migratoria después de los pasados cuatro años”, indicó en una rueda de prensa un alto funcionario de la Casa Blanca que prefirió no ser identificado.
El gobierno de Trump aprobó más de 400 decretos ejecutivos para frenar la inmigración y castigar a los indocumentados.
Desde que llegó al poder, Biden anunció un golpe de timón en materia migratoria, que incluyó la creación de un contingente para reunir a las familias separadas por la política de tolerancia cero en la frontera impulsada por Trump.
A partir de esta semana se comenzará a desmantelar el polémico programa Quédate en México, que obligó a decenas de miles de demandantes de asilo a permanecer en el lado mexicano de la frontera en espera de la resolución de sus solicitudes.
La iniciativa enviada por los demócratas se materializará en una directriz provisional, que limitará drásticamente qué personas pueden ser arrestadas y deportadas por agentes de inmigración, una medida que se produce cuando la administración de Biden enfrenta una creciente presión para reducir las repatriaciones.
Expulsiones limitadas
Además, a partir de este jueves, el gobierno anunció que instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) limitar las detenciones y expulsiones de inmigrantes irregulares para concentrarse en las personas que constituyan un riesgo para la seguridad nacional y en aquellos que ingresaron a Estados Unidos después del 1º de noviembre de 2020.
Además, los agentes necesitarán la aprobación previa de un superior de alto rango si desean arrestar a alguien que no entre en una de esas categorías, una condicionante que intentará meter en cintura a las fuerzas más antinmigrantes en el seno de la Patrulla Fronteriza.
Se espera que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emita pautas permanentes dentro de 90 días.
Como era de esperarse, una larga lista de organizaciones defensoras de la causa reaccionaron desde la prudencia y el optimismo moderado. Así, por ejemplo, representantes de Fair Immigration Reform Movement (FIRM) y la Hispanic Federation consideraron en una carta que tomará tiempo eliminar las políticas de mano dura que impuso el ex presidente Trump. “Así que, de momento, se debería aprobar el alivio migratorio para los mexicanos que no pueden regresar a su patria en condiciones seguras debido a la pandemia.”
El TPS, añadieron, sería un primer paso hacia una solución permanente, como una reforma migratoria que el jueves varios políticos demócratas presentaron en el Congreso estadunidense.
El TPS es otorgado por Estados Unidos desde hace décadas a ciudadanos de varios países que fueron afectados por desastres naturales o guerras civiles. Los beneficiados por el programa logran obtener un permiso de trabajo y la suspensión temporal de su deportación.
Los casi 5 millones de mexicanos que residen sin autorización en Estados Unidos representan la mitad del total de indocumentados que viven en el paí
Candidatas de AMLO para comisionadas en el IFT son rechazadas por el Senado
El Senado rechazó a las dos candidatas que el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió para ocupar los cargos de comisionadas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y dado que una tercera candidata había renunciado antes, la Cámara devolverá la terna al Ejecutivo federal.
Durante una reunión de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía, senadores de todas las fuerzas políticas consideraron que Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González, quienes habían comparecido antes, no reúnen los requisitos de “idoneidad” para el cargo.
Incluso, el senador de Morena, José Antonio Alvarez Lima, comentó que las dos candidatas no respondieron satisfactoriamente a las preguntas que les formuló y “no basta la calificación académica”, sino que “es necesario un compromiso con las causas sociales”.
Se requiere que el Senado nombre a una nueva comisionada, ya que desde el año pasado el IFT sesiona sin uno de sus integrantes, luego de la renuncia de Gabriel Contreras. Además, el último día de este mes vence el periodo de Mario Fromow, por lo que son dos las vacantes a cubrir.
Amplían paros sectores siderúrgico y de autos
Los paros de actividades en la industria del centro y norte del país, donde se generan más de cuatro quintas partes del valor de la economía, se extendieron este jueves como consecuencia de la reducción en el suministro de electricidad, que es originada por la interrupción, por cuarto día consecutivo, del flujo de gas de Texas, estado azotado por heladas que paralizaron el sector energético.
Una de las primeras afectadas fue la industria automotriz, la principal exportadora, con ventas al exterior que el año pasado sumaron 122 mil 900 millones de dólares. También ayer paró la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), uno de los motores económicos en la región de La Laguna.
Ante la solicitud de las autoridades mexicanas de reducir el uso de gas natural, Ford decidió detener sus operaciones en la planta de Hermosillo, Sonora, hasta el 22 de febrero, mientras la ensambladora ubicada en Cuautitlán Izcalli seguirá en actividad. La automotriz también anunció afectaciones por el mal clima en Ohio.
Nissan adelantó la suspensión de actividades que tenía programada para marzo en su complejo ubicado en Aguascalientes. En otras plantas cambiaron a gas LP para mantener su nivel de producción.
Toyota dijo que reducirá turnos y realizará paros técnicos en las plantas ubicadas en Baja California y Guanajuato, pero no dijo cuándo volverán a operar. Este tipo de medidas se sumaron a las hechas por Mazda, Audi, Volkswagen y General Motors.
Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) comentó a La Jornada que el intercambio comercial en la frontera norte sólo presenta retrasos, pero la situación se restablecerá.
En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Industria Nacional de Autopartes (INA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) expresaron que la crisis energética, sumada al Covid-19, causa preocupación para mantener las inversiones realizadas y pone en riesgo millones de empleos.
Resaltó que esta industria genera 18.2 por ciento del producto interno manufacturero y aportó 15 por ciento de la inversión extranjera directa en años recientes, la cual ha sido superior a 55 mil millones de dólares.
“Solicitamos de su valioso apoyo, como siempre lo ha demostrado para garantizar el abasto de energía eléctrica y gas industrial, sin reducción en el suministro o consumo.”
Por su parte, AHMSA detuvo la producción en sus plantas siderúrgicas en Monclova, Coahuila, y en las minas de carbón y de fierro, con una disminución acumulada de más de 20 mil toneladas de acero líquido.
Agregó que hay retrasos en los pagos que debería recibir a raíz de la crisis energética, lo cual se suma a la menor venta de productos de acero y se traduce en una mayor afectación a la estrecha disposición de flujos con que opera la empresa.