El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en La Mañanera que Berenice Romero Domínguez sustituirá a Ricardo Sheffield como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), «tiene todos los elementos y es una profesional destacada».
En un momento más información…
El presidente André Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre la actuación de un juez que frenó aplicación de reforma eléctrica.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario comentó que la resolución del juez fue una «suspensión de manera veloz y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene ser expedita».
López Obrador dijo que «hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida».
«Vamos a tratar sobe este tema y asunto siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, ala juicio, son embargo, pues también en uso de nuestras facultades de expresarnos y manifestarnos», dijo.
AMLO pide investigar actuación de juez
Al dar lectura a la carta, el Presidente manifestó que solicitará a Arturo Zaldívar «determine e informe si la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficia la suspensión a quienes lo solicitaron y si es de su competencia resolver sobre este caso, asimismo si mi petición es procedente solicito que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez».
El 11 de marzo un juez federal frenó aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, porque podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias, y genera incertidumbre.
Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda la República, concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron el nuevo estatuto, porque es contrario a diversos artículos de la Constitución.
Sin llamar a sesión de cabildo, el presidente municipal de Francisco Z. Mena, Pascual Morales Martínez, solicitó licencia para separarse del cargo, o “notificó su solicitud de licencia para dejar el puesto por 15 días.
Se trata del presidente de extracción morenista, de quien se sabía que buscaría la eventual reelección en el cargo, por lo que no extrañó a los habitantes de la cabecera, Metlaltoyuca, que se ausentara de sus actividades.
Aunque no ha dado ninguna versión, oficial, el presidente ahora con licencia, se ausentó del cargo justo en el periodo en que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) definirá a quien le otorgará la candidatura por la presidencia municipal.
De acuerdo con versiones del Ayuntamiento de Francisco Z. Mena, en el escrito que se entregó a los concejales no notificó o no sugirió quién quedará al frente de la administración durante este período equivalente a dos semanas.
En el mismo oficio, tampoco se explican las razones por las que solicitó la licencia por la que, “se daría un descanso de sus funciones”.
El edil está denunciado por violencia política y de género, en agravio de la regidora panista plurinominal, Flor Ávila, desde el pasado mes de diciembre del año 2019, ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), institución que ordenó al munícipe y al resto del Cabildo, ofrecer una disculpa pública a la regidora, capacitarse en materia de género y restituir en el cargo a la afectado, a quien le suspendieron dietas from the mes de junio de ese mismo año, mismos que pagó de manera parcial el pasado mes de diciembre de 2020.
A través de las redes sociales los habitantes manifestaron su inconformidad ante la espera de muchas horas debido al retraso de la unidad que transportaba la vacuna del SARS-CoV-2, por mala logística.
La Secretaría de Salud informó que durante la jornada de este lunes fueron aplicadas 4 mil 118 dosis que equivalen al 15 por ciento de lo programado para la región.
La aplicación de la vacuna dio inicio aproximadamente después de cinco horas de espera por parte de los ciudadanos de la tercera edad.
Muchos habitantes acudieron a los diferentes puntos de distribución pero sin antes contar con un pase entregando en el Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza con el fin de mantener un orden; para la entrega de este permiso se solicitó cédula de identidad de la persona que recibiría la vacuna, CURP, comprobante de domicilio, hoja de registro en la página mivacuna.salud.gob.mx y no haber sido vacunado en los últimos 30 días contra la influenza o neumococo.
De acuerdo con la leyenda de la comunidad de Santiago Xalitzintla, del municipio de San Nicolás De Los Ranchos, había un hombre que podía ser localizado a las faldas del volcán, era de edad avanzada y se llamaba Gregorio Chino Popocatépetl.
Según la leyenda, era el espíritu personificado del volcán y se aparecía para anunciar a los lugareños cuando el Popocatépetl tenía actividad. En Santiago Xalitzintla existen una especie de elegidos que pueden comunicarse con el espíritu del volcán, les llaman Temperos, quienes pertenecen a la familia de los Analco.
Es debido a la leyenda de Gregorio Chino Popocatépetl que los pobladores comenzaron a llamar al Popocatépetl Don Goyo. Cada 12 de Marzo, día de San Gregorio Magno, los pobladores de Xalitzintla llevan flores y alimentos al volcán don Goyo.
Los pobladores de Xalitzintla son quienes se organizan para llevar flores, mole de guajolote con arroz y bebidas. Hay quienes llevan obsequios, cigarros, ropa, sombreros, botellas de licor y hasta dulces.
¡También le cantan las mañanitas.
Aumenta el Colegio Americano de Puebla las colegiaturas en casi 5 por ciento en todos sus niveles
La medida desata fuertes protestas de los padres de familia
Por CONCEPCIÓN AVENDAÑO LEPE
Mientras la crisis provocada por la COVID-19 parece no tener fin, mientras decrece la economía del estado y del país, y mientras las perspectivas de recuperación se alargan, en el Colegio Americano de Puebla parecen tener otros datos.
En una decisión insólita, una de las escuelas de mayor prestigio de la capital ha comunicado el alza de colegiaturas y reinscripciones para el próximo período escolar pese a que, debido a la pandemia, sus costos de operación se han abatido y la situación imperante impone mesura, sensibilidad y prudencia.
Lejos de reducir sus cobros y de solidarizarse con la situación que atraviesan las familias que le han confiado la formación de sus hijos a la institución propiedad de la familia Jenkins, dueña también de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) y del Club Alpha, sus directivos decidieron aumentarlos de manera arbitraria, y si ya eran altos ahora probablemente se han vuelto prohibitivos para una parte importante de su clientela.
Clientes y no aliados, clientes y no corresponsables en la educación de miles de educandos, es el trato de una escuela que, con su desmedido afán de lucro, contraviene los valores y principios que supuestamente constituyen su visión y su misión, hoy traicionadas al aplicar la medida sin el correspondiente análisis de impacto y la sensibilidad que cabría esperar del CAP.
Como mercenarios de la educación, con el alza arbitraria el colegio demerita su imagen y coloca en severo predicamento a las familias que con esfuerzos han seguido cubriendo los 12 mil pesos mensuales por alumno que cuestan en promedio las colegiaturas en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
Interrogados por esta reportera, decenas de padres y madres de familia reprocharon severamente la decisión del CAP e hicieron un llamado a sus directivos y propietarios para reconsiderar la medida. “Muchos de nosotros tenemos hasta cuatro alumnos inscritos. Imagínese lo que el aumento significa para nuestra economía en medio de la grave situación económica que estamos atravesando. Esperábamos una disminución solidaria de las colegiaturas, esperábamos que se condonara la reinscripción en el próximo ciclo y en lugar de ello deciden aumentarlo todo. Es increíble tanta insensibilidad”, puntualizó Javier N, socio de una fábrica que cumple un año de paro y padre de cuatro alumnos, resumiendo las críticas de los demás entrevistados a la decisión arbitraria del CAP, de la
Fundación “Mary Street Jenkins” que nació en octubre de 1954 con el propósito de otorgar becas a estudiantes y apoyar con recursos a obras de beneficencia. Hoy, esas metas parecen más lejanas que nunca.
⁃ La mesa directiva que preside Iliana Barroeta Pérez pone en grave riesgo la seguridad de más de 300 colonos
⁃ Denuncian a Barroeta por exigir moches del 10 por ciento a proveedores de la conocida unidad habitacional
Por AMPARO MENCHACA
El 19 de noviembre del 2019 en este espacio se dieron a conocer las irregularidades que hoy mantienen en zozobra permanente a los residentes del fraccionamiento Santa Cruz Guadalupe. Una historia plagada de abusos, ilegalidades y corrupción.
El tiempo ha confirmado los peores temores de los vecinos que hace 16 meses se acercaron a la reportera para manifestar su inconformidad y disgusto frente al estilo autoritario que desde el comienzo de su gestión exhibió la psicóloga Iliana Barroeta, quien en aquel momento se negó a responder a los cuestionamientos de nuestro medio.
Un estilo autoritario que le permitió imponer su voluntad a sus supuestos representados, que la han visto no solamente prolongar ilegalmente el periodo de la mesa directiva sin la menor rendición de cuentas, imponiendo decisiones que van en contra de los intereses del fraccionamiento.
Así, con la complicidad de quienes han sido señalados en la denuncia penal interpuesta por la empresa de seguridad Grupo Bazvic, cuyo prestigio profesional se trató de poner en entredicho por negarse a otorgar un moche del 10 por ciento de su contrato, exigido por Barroeta para renovar su servicio.
Lo anterior se detalla en la querella presentada el pasado 8 de marzo ante la Fiscalía General del Estado, en la que se relatan los hechos que provocaron el aumento de la presión de los vecinos del fraccionamiento para que cesen las acciones abusivas y delincuenciales de la mesa directiva presidida por Barroeta Pérez.
Y es que, de acuerdo a testimonios recibidos por esta reportera, el aferramiento de Barroeta y los demás integrantes de la mesa obedece a intereses inconfesables, y principalmente al manejo opaco de las cuotas que mensualmente superan los 300 mil pesos.
En contraste, en el fraccionamiento se observa un abandono casi total del mantenimiento, con calles plagadas de baches, basura, luminarias inservibles y áreas comunales deterioradas.
Claramente el problema ha rebasado a las autoridades del ayuntamiento de Cuautlancingo y ahora serán las instancias judiciales las que se encarguen de poner un alto a Barroeta y la obliguen a la rendición de cuentas que ha logrado eludir durante más de dos años.
Por último, el Grupo Bazvic ha anunciado que debido a la falta de pagos, a partir del 15 de marzo se verán obligados a suspender el servicio de vigilancia al fraccionamiento, que quedará inerme frente a la ola de robos y asaltos que se multiplican en la zona.
El 2021 viene dejando atrás de una manera lenta pero segura el panorama desolador del año pasado, en la cuestión de salud es cuestión de tiempo antes de que todos los ciudadanos gocen de la inmunización necesaria para salir victoriosos ante el Covid-19 y algunas de sus variantes. Sin embargo, la recuperación económica vendrá un tiempo después a un paso aún más lento, estancando el panorama general en una crisis para la cual cada peso ganado será de suma importancia en las finanzas de los ciudadanos y sus familias.
¿Cómo se refleja esto en el transporte privado?
Se ha generado este escenario en el que la forma “más sencilla” de ganar dinero es perteneciendo a una plataforma de transporte y dar vueltas por la ciudad con el objetivo de ganar unos cuantos cientos de pesos al día sin más preocupaciones ¿qué acaso no suena esto como algo genial? Claro que sí, sin embargo esto no ha sido así desde ya hace algún tiempo. A la inicial pero ahora complicada demanda se ha sumado la adquisición de nuevas responsabilidades para este tipo de servicios: hablamos aquí de impuestos fiscales, cargas adicionales de cada plataforma y, en el caso de Yucatán, algunas otras que se traducen en más gasto y menos márgenes de ganancia para los socios conductores. El precio de la gasolina se encuentra a la alza y en muchos casos el conductor debe pagar una tarifa adicional al dueño original del vehículo. Y claro, la pandemia y los toques de queda no han hecho esta tarea más sencilla.
“La verdad es que ya no alcanza” es el argumento generalizado entre los conductores a quienes ya difícilmente puede pintarse una raya para dividirlos como taxistas o privados. Son personas con necesidades que deben lograr cumplir sus responsabilidades de servicio con la finalidad de llevar el pan a la casa. Las grandes plataformas cada vez son más reacias a aflojar la cuerda, estas no toman en cuenta las dificultades existentes y la verdad es que tampoco a ellas les está “saliendo” como para que puedan hacerlo.
La única alternativa es “tomar lo que se pueda” de otras aplicaciones de transporte, que no garantizan nada a nadie más que tomar el dinero en servicios hormiga que solo generan un sentimiento de zozobra y de pérdida de la dignidad hacia los conductores en general.
Ese es el destino de este mercado, está tomado ¿para qué te atreves a otra cosa?
“¿Pa’ qué? ¡Que se j****n los conductores, wey! ¿Si no les alcanza pa’ qué andan aceptando viajes de 15 baros?”… Ciertamente no podemos dejarle la responsabilidad absoluta al consumidor, pero también debemos entender que ellos parten de la misma necesidad en la mayoría de los casos; negocios y restaurantes quebrados. incentivos públicos enfocados hacia otras necesidades, y la falta general del “dinero” en el flujo social son dificultades que todos compartimos. Viajar en una plataforma que garantice la seguridad de su viaje por el triple de lo que están acostumbrados a pagar no está entre las prioridades de todos en esta época. Pero tampoco tiene que ser el otro extremo.
Kab, una alternativa para el presupuesto de todos en la península.
Y bien, después de todo este tiempo y a pesar de las dificultades seguimos aquí, con nuestras puertas abiertas a todos quienes deseen sumarse a nuestra plataforma; esto implica más que solo montarnos a un “jet” publicitario que solo se enfoque a contar dinero de todos los implicados, servido en bandeja de plata para que tanto usuarios como conductores se dediquen a quejarse de lo que hace falta. No, venimos de abajo y en nuestra experiencia anterior nos quedó muy claro que las metas solo se logran cohesionando los esfuerzos conjuntos de toda la comunidad: conductores y sus familias, usuarios dispuestos a sumar y reconocer el esfuerzo que se realiza para brindarles el servicio e innovaciones que cubran todas sus necesidades. Y por último nosotros, la maquinaria comercial y “los fierros” que nos hemos encargado a la labor de comenzar a construir con nuestros propios recursos esta solución; una plataforma dispuesta a sumar, y edificar el mejor servicio, en armonía con las necesidades de todos.
¿Porqué no nos íbamos a atrever a hacer las cosas bien? Si se quieren atrever con nosotros y colaborar para tener la mejor plataforma para nuestra ciudad, no dudes en formar parte de nuestro equipo. Como usuario o conductor, todo suma (y no cobramos comisión durante el primer mes).
Segundo implicado en un homicidio en Las Américas
La Jueza de Control del primer distrito judicial del sistema penal, Elsy del Carmen Villanueva Segura, vinculó a proceso penal a una segunda persona por la probabilidad de que participó en un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado.
En un comunicado del Poder Judicial se informa que en la audiencia de ayer los fiscales expusieron los siguientes hechos: “Que el día 23 de febrero, aproximadamente a las 7:45 horas, el hoy imputado, en común acuerdo con otra persona, privó de la vida a una persona”.
Como informamos en su oportunidad, a plena luz de día y en la vía pública, el pasado 23 de febrero fue asesinado en Mérida Jesús Damasco Contreras “El Chuy”, un narcomenudista de Cancún, Quintana Roo.
Siete días después la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos personas implicadas en este “ajuste de cuentas”.
La mañana del 2 de marzo pasado Luis Felipe Saidén Ojeda y Juan Manuel León León, titulares de la SSP y la FGE, respectivamente, realizaron una rueda de prensa para informar la detención del segundo implicado en este delito, al que se identificó como Ernesto Amaro E. P.
En la audiencia de ayer, y derivado del citad auto de vinculación, la Jueza de Control Villanueva Segura accedió otorgar a los fiscales el plazo de tres meses para continuar con la investigación complementaria del caso.
Cabe mencionar que el imputado, Ernesto Amaro E. P., mantiene la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso penal.
Falta de pruebas y otras omisiones, causas del fallo
En sesión privada el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán ayer desechó de plano el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por Adda Rubio G. Cantón, por su propio y personal derecho, en el cual manifiesta no haber sido tomada en cuenta por su partido político para un puesto de elección popular, vulnerando sus derechos político electorales, dice un comunicado.
Una vez analizado el escrito el órgano jurisdiccional desechó de plano el juicio toda vez que la promovente fue omisa en los requisitos referidos en el artículo 24 fracciones IV y VI de la ley de Sistemas de Medios de Impugnación local, a pesar que se le requirió.
Por ello, se actualiza la causal de improcedencia del medio de impugnación, con fundamento en los artículos 27 y 54, de la Ley de Medios Local.
Las fracciones aludidas del artículo 24 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Yucatán son “IV.- Hacer mención expresa del acto o resolución impugnados y de la autoridad, organismo electoral o asociación política, a la cual le impute el acto reclamado” y “VI.- Ofrecer las pruebas que junto con el escrito se aporten, mencionándose las que se habrán de aportar dentro de los plazos legales, y solicitar las que deban requerirse, cuando el promovente justifique que habiéndolas solicitado oportunamente por escrito a la autoridad, organismo electoral o asociación política, no le fueron entregadas”.
