- Antes de irse, la mesa directiva intenta imponer una empresa de seguridad carente de certificaciones y experiencia
- Ante el descontento de la mayoría, 320 familias exigen la intervención de las autoridades municipales y estatales
Por AMPARO MENCHACA
En domingo por la tarde, mediante un comunicado sin firma, los colonos del fraccionamiento Santa Cruz Guadalupe vieron extenderse la ola de atropellos y abusos que han caracterizado la gestión de una mesa directiva aferrada al manejo opaco de las cuotas.
Y es que en esa unidad habitacional, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, se reproducen prácticamente todos los vicios e irregularidades que motivaron la Ley de Fraccionamientos del estado de Puebla, en lo tocante a su administración interna, principalmente al manejo transparente de sus cuotas y a evitar imposiciones como las sufridas en Santa Cruz Guadalupe, que han impactado negativamente la vida de los colonos y demeritado el valor de sus viviendas.
Así, en un intento por evadir las responsabilidades legales que se desprenden de la denuncia presentada por el Grupo Bazvic en contra de la presidenta Iliana Barroeta, de la tesorera Stefanie Rieder Drust y del secretario Antonio Genaro Rivera Díaz Lombardo, anuncian por fin su salida (que debió darse hace más de un año) pero no sin antes tratar de imponer a una empresa de seguridad que carece del mínimo requisito para proteger a las 320 familias que mensualmente pagan cuotas que alcanzan los 300 mil pesos.
Y eso es apenas la cereza del pastel, pues otra de las exigencias de los vecinos sigue siendo la realización de una auditoría externa para esclarecer el destino de sus cuotas y la revisión de decisiones legales y administrativas que podrían haber provocado afectaciones aún mayores a los intereses del fraccionamiento.
En el comunicado dominical también destaca el reproche a la información publicada en este espacio, en la que se han ofrecido detalles de una administración autoritaria y abusiva. Entrevistado al respecto, uno de los vecinos señaló: “Nos resulta increíble el grado de desfachatez y cinismo al que han llegado Iliana (Barroeta) y los demás miembros de la mesa que le han permitido actuar como dictadora y manejar en total oscuridad el dinero que puntualmente cada uno de nosotros aporta”.
“El colmo de su arbitrariedad y de su cinismo es tratar de imponernos a una empresa de seguridad cuyo domicilio está en el fraccionamiento y que además carece de las certificaciones indispensables para proporcionarnos un servicio vital para nuestras familias”, puntualizó.
La empresa en cuestión es Servicep, SA de CV, creada recientemente y ubicada en Calzada del Arco 52, pese al exclusivo uso habitacional del suelo, que impide legalmente el funcionamiento de oficinas y negocios al interior del fraccionamiento.
“Se equivocan Iliana y quienes actúan como sus cómplices si creen que vamos a seguir tolerando sus abusos y arbitrariedades. Si por vergüenza no se van, se tendrán que ir por las denuncias que estamos dispuestos a interponer en su contra. Esperamos que tanto la alcaldesa Lupita Daniel como el gobernador Miguel Barbosa escuchen nuestras protestas para terminar de una vez por todas con esta grave situación”, concluyó diciendo.
