A través de un programa de estímulos fiscales del gobierno federal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) ha estado involucrada en un presunto fraude al Servicio de Administración Tributaria (SAT). La institución avaló la construcción de una pista de salto ecuestre con recursos aportados por la Operadora de Fondos Banorte, pero la instalación deportiva no existe.

Este caso viola las normas del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento, conocido como Efideporte, que establece que el dinero destinado para proyectos autorizados no debe desviarse de su objetivo. Además, el contribuyente aportante, en este caso, Banorte, debe asegurar que los fondos se apliquen correctamente, siendo responsable de vigilar la ejecución del proyecto.

El Efideporte, en operación desde 2017, permite a personas físicas o morales aportar hasta el 10% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a programas de deporte de alto rendimiento o proyectos deportivos, siempre que el costo no supere los 20 millones de pesos.

En este caso, la pista de salto ecuestre debía construirse en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar) en la Ciudad de México. Sin embargo, en lugar de la pista, se encontró una pequeña instalación para ciclismo BMX.

La Conade, en lugar de cancelar el proyecto o informar sobre la no construcción, simuló que la pista fue completada y entregada en septiembre de 2022. Proceso tiene evidencia de un «acta entrega-recepción física de los trabajos», firmada por representantes de Conade, Banorte y la supuesta empresa constructora, Arquitectura Ecuestre.

Un recorrido realizado por Proceso confirmó que la mayoría de las instalaciones descritas en el documento, como caballerizas, áreas veterinarias, y estacionamiento, no existen. La Conade simuló la entrega de una instalación deportiva inexistente.

El Comité Interinstitucional para la Aplicación del Efideporte, conformado por representantes de Conade, SAT, Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Comité Olímpico México (COM), debería haber recibido informes sobre los impactos y beneficios del proyecto en enero de 2023. Sin embargo, dado que la pista no se construyó, existe la posibilidad de que se inicie un proceso de revocación del estímulo fiscal.

Banorte, uno de los contribuyentes más activos en el Efideporte, ha iniciado una investigación interna. A pesar de firmar el acta de entrega, la institución bancaria asegura que se percataron de imprecisiones y activaron un protocolo de investigación.

Este escándalo también destaca otras aportaciones de Banorte a proyectos similares, sumando un total de 111.4 millones de pesos desde 2018. En el contexto de posibles irregularidades y la simulación de la construcción de la pista de salto ecuestre, la SHCP podría revocar el estímulo fiscal, afectando la capacidad de Banorte para participar en futuros proyectos del Efideporte.

Cabe mencionar que la construcción de la pista se canceló unilateralmente por la Conade en mayo de 2022, coincidiendo con la decisión de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) de eliminar la prueba ecuestre debido a casos de maltrato animal durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La Conade no ha respondido a solicitudes de comentarios, y la SHCP no ha abordado el tema hasta el cierre de esta edición.

Nicolás Mollinedo Bastar, exchofer de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra actualmente residiendo en Yucatán, después de que su familia se vio beneficiada con contratos relacionados al desarrollo del Tren Maya. Mollinedo fue señalado en una investigación de la DEA por presuntamente recibir fondos del narcotráfico durante la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Originario de Teapa, Tabasco, Mollinedo fue el conductor del Tsuru blanco en el que López Obrador se transportó cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Su historia ganó notoriedad al revelarse que, como chofer particular, recibía un salario mensual de 63 mil pesos. Posteriormente, continuó trabajando con López Obrador como conductor y jefe de logística en las campañas presidenciales de 2006 y 2012.

Durante la primera campaña, según informes de la DEA, Mollinedo habría recibido dos millones de dólares del Cartel de Sinaloa para financiar las actividades de López Obrador. A lo largo de los años, Mollinedo también ocupó cargos como funcionario en la delegación Cuauhtémoc.

En la actualidad, Nicolás Mollinedo reside en Mérida, donde disfruta de la gastronomía yucateca, comparte su interés por los caballos y los autos de lujo en redes sociales. Se autodenomina empresario y es un usuario activo en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), donde comparte imágenes diarias, comenta publicaciones de políticos, principalmente miembros de Morena o personas cercanas al presidente.

A pesar de las acusaciones de la DEA, Mollinedo no ha expresado su opinión en redes sociales. En una entrevista con Julio Astillero, negó haber recibido dinero del narcotráfico, calificando los datos de la DEA como ridículos y señalando que Andrés López Obrador no se involucraría en prácticas corruptas por sumas tan mínimas en comparación con el presupuesto de la campaña de 2006.

La familia de Nicolás Mollinedo también reside en la Península de Yucatán. Su hijo Samuel Mollinedo Portilla es regidor del ayuntamiento de Cancún. Además, sus tres hijos Mollinedo Portilla han construido un parque turístico en la ruta del Tren Maya, con terrenos estratégicamente ubicados en la estación de Tulum, que abarca 64 hectáreas e incluye un cenote.

En agosto de 2019 se inició un capítulo oscuro en la vida de Rosario Robles, exsecretaria de SEDESOL y SEDATU en México. Su encarcelamiento preventivo se fundamentó en la posesión de dos licencias de conducir, una de las cuales resultó ser falsa, según el criterio del juez Felipe Delgadillo Padierna. Este incidente marcó un nuevo episodio en el caso de Robles, que ya enfrentaba acusaciones por presunto desvío de recursos públicos en el esquema denominado La Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A pesar de las graves acusaciones relacionadas con La Estafa Maestra, la presunta posesión de las licencias llevó a Robles a prisión en Santa Martha Acatitla. Más de cuatro años después, la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la licencia falsa fue emitida por la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi), no tramitada por Robles. Esta revelación desmintió el riesgo de fuga y reforzó la versión de Robles sobre un presunto montaje político.

Robles denunció que el objetivo de su encarcelamiento no era buscar la verdad o la justicia, sino privarla de su libertad como un trofeo político del gobierno en ese momento. Afirmó que existe un proceso legal contra la persona que emitió la licencia falsa, aunque desconoce su identidad. Robles expresó su deseo de participar en el proceso electoral, pero su situación legal se lo impide, alegando sentirse en peligro.

La situación legal de Robles involucró un proceso judicial complejo y controvertido. Durante tres años, solicitó enfrentar las acusaciones en libertad en siete ocasiones, siendo negada la opción hasta agosto de 2022, cuando se determinó que, debido a su edad y razones de salud, podía llevar a cabo su proceso en libertad.

La acusación inicial de la Fiscalía General de la República (FGR) fue desestimada en febrero de 2023, ya que un juez consideró que las fallas de Robles eran de índole administrativa. A pesar de la apelación de la FGR, la Estafa Maestra continuó siendo un tema espinoso para el gobierno, erosionando la credibilidad del gobierno anterior y siendo un estandarte clave en la victoria presidencial de López Obrador en 2018.

Finalmente, en noviembre de 2023, Rosario Robles Berlanga fue absuelta del delito de ejercicio indebido de la función pública. Este veredicto marcó el fin de una larga batalla legal y dejó en evidencia las deficiencias en la acusación original. La falta de consecuencias por La Estafa Maestra sigue siendo una de las asignaturas pendientes del gobierno lopezobradorista, que llegará a su término en octubre de este año.