Hace algunos meses, se requirió de la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, admitiera la presencia de casos de Covid19 en el Centro de Reinserción Social de Mérida (CERESO).
La gran pregunta es, ¿Seguridad de qué? o más preocupante, ¿SEGURIDAD DE QUIÉN? ¿Acaso Mauricio Vila Dosal no ha entendido que ante una crisis de esta magnitud lo más dañino es la DESINFORMACIÓN?
Mientras la CCNDH informaba ayer que Yucatán es el Estado con mayor MORTANDAD de la Península en sus Centros Peniteciaros, con al menos 8 fallecimientos por COVID -19 confirmados, 48 contagios y 2 casos sospechosos, cantidad que bien podría ascender a cientos en base a la forma como el Ejecutivo ha ocultado las cifras del progreso de la PANDEMIA hacia el interior de CER y el Gobernador del Estado, mantiene un silencio absoluto respecto esta situación.
Vila Dosal no ha emitido declaración alguna sobre las medidas que se están tomando o prevén tomar ante el aumento de fallecimientos y contagios por COVID-19 al interior del CERESO de Mérida, dejando en estado vulnerable a la población en riesgo que se encuentra recluida en dicho lugar.
También ha guardado silencio, sobre el alto grado de riesgo en el que se encuentran los reos que forman parte de la población con condiciones vulnerables frente a esta enfermedad.
Sin embargo, ha trascendido, que el desdén a dicho tema tiene su origen en compromisos personales del líder estatal con un determinado grupo empresarial del Estado, al que le conviene que los derechos humanos de los presos en condiciones vulnerables sigan siendo atropellados.
Lo cierto es, que los intereses económicos y políticos del Gobernador están claramente por encima de los derechos humanos de las personas vulnerables, las cifras ahí están: al menos 8 fallecimientos, unos 50 o más contagios, y el Gobierno estatal brilla por su ausencia.
