Layda Sansores Sanromán, gobernadora morenista de Campeche, ha generado una ola de indignación tras su respuesta despectiva a la petición de diálogo de los policías del estado. En medio de una crisis desencadenada por un incidente en el que varios agentes resultaron heridos durante un operativo, Sansores rechazó la solicitud de los policías para discutir sus preocupaciones.

En declaraciones emitidas durante su programa «La hora del jaguar«, Sansores respondió con prepotencia y desdén a la demanda de diálogo de los policías, declarando: «Que vaya su mamá, yo no«. Esta respuesta ha sido ampliamente criticada como irrespetuosa y desatenta hacia los problemas que enfrentan los agentes de seguridad en el estado.

La protesta subsiguiente fue masiva, con cientos de personas, incluidos familiares y colegas de los policías, marchando desde el malecón hasta el Palacio de Gobierno de Campeche. Exigían la destitución de Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad, a quien responsabilizan de la falta de equipos adecuados y de condiciones laborales precarias que condujeron al incidente.

Cómplice de Layda en negocios turbios, ajena e ignorante total de los problemas de Campeche, frívola, permisiva con el crimen organizado, Marcela Muñoz es el mejor ejemplo de los jefes policiacos que, desde el centro, impone la 4T a sus gobernadores, en detrimento de la seguridad pública.

En Campeche, los manifestantes denunciaron públicamente los maltratos y exigieron mejoras sustanciales en las condiciones laborales de los agentes de seguridad del estado. La respuesta de Sansores ha avivado aún más las tensiones en medio de una situación ya volátil, generando un llamado generalizado a abordar de manera urgente las preocupaciones de los policías y garantizar un entorno laboral seguro y digno para ellos.

La crisis de seguridad en Campeche es una llamada de atención en el proceso electoral de Yucatán, pues la “corcholata” presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, no descarta que, tras un eventual triunfo de ese partido en la gubernatura, se nombre a su “as bajo la manga” Marcela Figueroa Franco como jefa policiaca en Yucatán.

Cientos de personas salieron anoche a marchar en las calles de Campeche contra la administración de la gobernadora morenista Layda Sansores Sanromán, en cuyo gobierno, como en todos los emanados de Morena, el crimen organizado y su estela de inseguridad y violencia goza cada día más de los privilegios con la política del “abrazos no balazos” de la 4T..

Los campechanos esperaron a la caída de la tarde para comenzar el recorrido, ante las altas temperaturas que se viven en esta región del país.

La caminata salió del malecón de la ciudad y terminó ya entrada la noche en el Palacio de Gobierno, donde cientos de personas encendieron las luces de sus celulares.

La protesta exige la renuncia de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, por la coordinación de un operativo en el penal de Kobén, en el que resultaron heridos 30 agentes. La comadre de la gobernadora, foránea, se ha destacado por su frivolidad, nepotismo y por su incapacidad para mantener a la entidad como una de las más seguras del país.

Desde el sábado, unos 600 elementos policiacos mantienen tomado el edificio de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, en exigencia de atención médica adecuada y la remoción de los mandos que no les proporcionan condiciones adecuadas de trabajo.

Los manifestantes tomaron las oficinas centrales de la policía estatal, en exigencia de un diálogo.

La gobernadora y su gabinete han respaldado a Marcela Muñoz y trasladaron los trabajos de la Secretaría a otras instalaciones. Layda Sansores respalda incondicionalmente a su comadre chilanga y advirtió a sus policías que incurren en los delitos de motín, sabotaje y usurpación de funciones, delitos que se castigan hasta con 12 años de prisión.

El sistema de seguridad pública en Campeche, bajo el gobierno de Morena, se enfrenta a una crisis sin precedentes, marcando cuatro días de disturbios que han generado una de las situaciones más complejas en la historia del estado. La toma de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad por parte de policías estatales y municipales, exigiendo mejores condiciones laborales y la renuncia de la titular de la dependencia, Marcela Muñoz Martínez, ha dejado al descubierto una serie de problemas estructurales.

La crisis estalló tras un motín en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén, donde varios agentes, principalmente mujeres, resultaron heridos al ser enviados sin el equipo adecuado, como escudos y protección personal, en una operación mal gestionada. La presencia de al menos 30 mujeres policías, enviadas al penal sin información adecuada sobre la situación, puso en riesgo la vida de los agentes y generó tensiones adicionales.

La grave crisis policíaca en Campeche, reflejo del modelo qbe banalidad e indiferencia hacia la realidad que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el tema central de la mesa de análisis del sitio web de noticias ”Formato 07”, que conduce a las 8 de la mañana el periodista Roger Cornelio se reflexionó sobre el caso de “la chilanga impuesta a los campechanos” como jefa policiaca: Marcela Muñoz Martínez, quien en su comparecencia ante el Congreso del Estado, minimizó la gravedad de la situación, lo que ha avivado la indignación entre los agentes en protesta y la falta de un canal oficial de diálogo con las autoridades ha profundizado la crisis.

A pesar de las amenazas y la intimidación hacia los manifestantes, la solidaridad de médicos, asociaciones de apoyo psicológico y la ciudadanía en general hacia los agentes lesionados y los que mantienen la toma de las instalaciones de seguridad ha sido notable.

Sin embargo, la situación de seguridad pública en Campeche sigue deteriorándose, con un aumento preocupante en la percepción de inseguridad según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. Datos del Índice de Incidencia Delictiva del Fuero Común muestran un aumento en delitos de alto impacto, incluyendo homicidios, durante el último año.

Estas cifras ponen en entredicho el desempeño del gobierno de Layda Sansores Sanromán, cuya gestión ha visto un aumento constante en la percepción de inseguridad por parte de la población, reflejando un claro desafío en la gestión de la seguridad en el estado (continuará).