Un taxi aéreo privado que fue robado del aeropuerto Mariano Matamoros, en esta ciudad, se accidentó cerca de la medianoche del martes en el norte de Guatemala con un cargamento de droga y armas, y sus dos ocupantes murieron, informó ayer Juan Carlos de Paz, vocero de las fuerzas armadas del país centroamericano.

La aeronave ingresó a Guatemala sin autorización y, según el rastreo del radar, despegó del aeropuerto internacional del estado de Zulia, en Venezuela, adonde llegó procedente de la ciudad mexicana de Cuernavaca.

El portavoz indicó que el percance ocurrió en una zona rural del poblado indígena de Chisec, 130 kilómetros al norte de la capital guatemalteca.

Imágenes difundidas por las fuerzas armadas muestran los restos del avión en una milpa, algunos incinerados, además de armas de fuego, teléfonos celulares y paquetes de droga que la fiscalía analiza.

El aparato fue robado la mañana del martes por tres hombres que se identificaron como mecánicos, informó el secretario de Gobierno del estado, Pablo Ojeda Cárdenas.

Según el inspector de la Agencia Federal de Aviación (AFAC), los individuos que se llevaron la avioneta marca Hawker 800 matrícula XB-PYZ habrían llegado de Colombia y entraron al aeropuerto mexicano a las 8:29 horas del martes.

Según un comunicado de la autoridad estatal, antes de entrar a las pistas, los tres sujetos fueron revisados por personal de seguridad y de la Guardia Nacional.

Pero Marcos Ramírez Espinosa, oficial de operaciones de la empresa International Corporate & Cargo Services, SA de CV (ICCS), con tarjeta de identificación aeroportuaria número 40871 vigente, tramitó el procedimiento de ingreso de las tres personas con “tarjeta de visitantes con acompañante, firmando carta responsiva según procedimiento. ICCS tenía bajo su resguardo la avioneta desde el 10 de agosto.

“Posterior a revisión y no habiendo encontrado ningún artículo restringido en sus pertenencias, abordaron el vehículo de Ramírez Espinosa, una pick-up doble cabina marca Nissan, que los llevó hacia el hangar”. Después pasaron el filtro V3 de la terminal aérea, siempre con la ayuda de Ramírez Espinosa.

Alrededor de las 10 horas los sujetos cargaron combustible del autotanque de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y pagaron con tarjeta de crédito.

“A las 10:30 horas una de las tres personas se presentó nuevamente en el filtro V3 del aeropuerto para retirarse, por lo que se procedió a su revisión. Dijo que sus dos compañeros iban a hacer pruebas de motor y se llevaron el avión, según el secretario de Gobierno del estado. La avioneta despegó alrededor de las 11 de la mañana del martes.

Es responsabilidad de la autoridad aeronáutica destacamentada en este aeropuerto llevar un estricto control de las autorizaciones de personas que tripulen aeronaves y aplicar las sanciones que se actualicen de acuerdo con lo señalado por la Ley de Aviación Civil en sus artículos 7 bis, fracciones sexta, séptima y decimoquinta, informó el gobierno del estado.

El aeropuerto tiene un contrato vigente con ICCS para usar la terminal como base fija de operaciones autorizada por la Agencia Federal de Aviación Civil.

El personal de dicha compañía, según el gobierno del estado, ha declarado ante la Guardia Nacional y se busca al propietario del aparato para que presente denuncia.

La aeronave pertenece a una persona física. La matrícula y el certificado de aeronavegabilidad ya no estaban vigentes. Llevaba un mes en resguardo en este hangar, dijo ayer Pablo Ojeda Cárdenas.

El funcionario mencionó que la aeronave probablemente se trasladó hacia Venezuela y luego a Guatemala, donde sus tripulantes habrían sufrido un accidente, aunque reconoció que no han podido confirmar esta información con el gobierno del país centroamericano.

La cesión de más de 1,350 hectáreas meridanas, sobre todo a Progreso, fue motivo de discusión ayer en el Congreso, pues las nuevas delimitaciones acordadas representarán un gasto para sus habitantes debido a la actualización de sus documentos, entre otras cosas.

“Creo que hay inconsistencias, por lo menos definir quién cubrirá los gastos catastrales de aquellos que ahora, sin pedirlo o al menos consultarles, ya no pertenecen a Mérida, sino que sus casas ahora están en el municipio de Progreso”, dijo el morenista Miguel Candila Noh, al pedir se solicite más información antes de aprobar estos nuevos límites territoriales.

Entre los asuntos que ayer se trataron en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se presentaron los convenios para solucionar conflictos limítrofes de Mérida con Tecoh, Abalá y Progreso, aunque en realidad solo se tocó el último.

Los asuntos que ayer se trataron en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso estatal, se presentaron los convenios para la solución de conflictos limítrofes de Mérida con los municipios de Progreso, Abalá y Tecoh, aunque en realidad solo se tocó el primero, en el cual surgió la discusión y se decidió pedir más información a todos los municipios involucrados en estos convenios.

En el caso del convenio entre los municipios de Mérida y Progreso, entre ambos ayuntamientos acordaron que la capital del estado ceda 1,200.78 hectáreas al puerto, entre las cuales se encuentran la asfaltera, la delimitación de Misnebalam y unos tablajes que quedan fuera de la delimitación de la carretera, cerca de la hacienda San Ignacio.

Se informó que el puerto de Progreso cedió finalmente 109.39 hectáreas, por lo cual se quedó con 1,091.39 hectáreas de Mérida.

En el caso del convenio entre Mérida y Abalá, también se acordó que la ciudad le ceda a Abalá una superficie de 259.81 hectáreas de tierras, que corresponde únicamente un ejido originario de este último municipio, para no afectar el límite del ejido y respetar así su conformación, en la que no hay infraestructura, sino solamente monte.

Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, señaló que estos convenios se presentan en cumplimiento de la nueva Ley de Límites Territoriales del Estado, y los tres son convenios acordados sin conflictos, de buena fe y pacíficamente entre los cuatro ayuntamientos.

Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, recordó que este convenio entre Mérida y Progreso es algo que se presentó desde octubre de 2018, y hasta donde se sabe, casi todos los municipios tienen irregularidades en sus límites, así que “al menos Mérida ya lo va corrigiendo”.

Ante la protesta de Miguel Candila Noh, diputado de Morena, en el sentido de que esas nuevas disposiciones traerán cargas económicas a los habitantes que tendrán que cambiar su documentación a ser parte ahora de otro municipio, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama dijo que le parecía estar viviendo un “déjà vu”, pues hace unos meses, cuando se presentó el convenio entre Mérida y Umán, así como el de Mérida con Kanasín, el mismo legislador presentó la misma objeción.

La diputada de Acción Nacional recordó que, en este caso de los límites, a los diputados solo les compete revisar los documentos y determinar si están fundamentados y, de esa manera, respetar la voluntad del pueblo manifestada en la decisión de los respectivos cabildos.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, apoyó a la panista al señalar que “nuestra función es verificar la legalidad del procedimiento y verificar si se cumplieron las formalidades jurídicas, no cuestionar si esos convenios fueron adecuados o no, sino validar si esos convenios se firmaron cumpliendo con la legislación”.

Sin embargo, Candila Noh pidió los planos cartográficos en el convenio de Mérida y Progreso, para conocer si existen áreas urbanas, parques, casas, entre otros, porque, dijo, “no se tiene esa información”, y a su consideración está incompleto.

El morenista pidió que no se dictaminen y se sigan analizando estos convenios.

El diputado de Morena añadió que se debe seguir analizando principalmente porque generarían “cobros indebidos”, a quienes, por ejemplo, ahora ya no pertenecen a Mérida y deben actualizar sus documentos en el Catastro de Progreso. “Ese gasto de los trámites no tienen por qué pagarlos esos vecinos, entre otras inconsistencias”.

Al final de la discusión la diputada Karla Franco informó que solicitará mayor información a los cuatro municipios sobre los convenios que hoy presentan al Congreso para su aprobación y confirmación.

Previo al tema de los convenios limítrofes la diputada del PRI presentó cuatro iniciativas de reforma a la Constitución local, para continuar su estudio, antes de ser dictaminadas.— David Domínguez Massa

En la sesión la diputada Karla Franco presentó cuatro iniciativas de reforma a la Constitución local.

Estas reformas a la Constitución, explicó la legisladora priista, son para que los consejeros honorarios del Instituto de Transparencia sean electos por siete años y no solo por dos.

Otro cambio, explicó, es para que el tiempo necesario que te da el derecho a tener la residencia como yucateco aumente de solo seis meses a dos años como mínimo.

La legisladora Franco Blanco precisó que las últimas dos propuestas de reforma son en torno a la justicia con perspectiva de género y a garantizar en educación que se eviten actos de humillación y ultraje.

La Secretaría de Salud de Yucatán informó ayer que se detectaron 110 nuevos contagios del coronavirus y confirmó nueve decesos más por el Covid-19.

En un comunicado, la dependencia detalló que de los nuevos contagios 66 están en Mérida, 16 en Valladolid, seis en Tizimín, cuatro en Tinum, tres en Ticul, dos en Chemax y en Kanasín, además de dos foráneos, y de a uno en Buctzotz, Oxkutzcab, Progreso, San Felipe, Sanahcat, Sudzal, Tekax, Temozón y Uayma.

En total ya son 17,649 los casos positivos oficiales en la entidad, 170 de los cuales son de otro país o estado.

Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 9,791 personas contagiadas del coronavirus, según los casos acumulados al 21 de septiembre: 2,558 viven en el Norte; 2,758, en el Oriente; 980, en el Centro; 1,418, en el Sur; y 2,077, en el Poniente.

Decesos

De los nueve fallecimientos, la SSY informó que se tratan de cinco mujeres y cuatro varones, con edades que van de los 43 a los 82 años.

De tres de ellos se reportó que no padecían comorbilidades médicas, en tanto que tres tenían hipertensión arterial sistémica, dos diabetes mellitus y uno con insuficiencia renal crónica concomitante con lupus.

Los fallecidos eran de Mérida, Tizimín y Temozón.

En total, son 2,258 las personas fallecidas a causa del coronavirus.

Recuperados

Además de los 17,649 casos positivos oficiales, 14,410 pacientes ya se recuperaron, pues no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 81% del total de contagios registrados.

De los casos activos, 760 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la SSY, pues tienen síntomas leves.

Enfermedad Edades

El rango de edad de los casos positivos de Covid-19 es de un mes a 99 años.

En hospital

De acuerdo con el sector salud, 221 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico.

Con lágrimas en sus ojos y con los sentimientos en el pecho, Ernesto Prieto Ortega se paró frente a todo un país para inaugurar el sorteo número 235 de la Lotería Nacional, alusivo al avión presidencial. Todos los ojos estaban puestos en él, mientras demostraba lo orgulloso que se sentía del instituto. “Voy a decir lo que siento y estoy emocionado, estoy convencido de que el día de hoy vamos a cambiar.

La Lotería Nacional siempre estamos cera de la gente que menos tiene, pero ahora la gente que menos tiene está con nosotros, apoyando a este gran proyecto de Andrés Manuel López Obrador”, dijo la tarde del 15 de septiembre. Tan sólo ocho días han pasado desde la rifa de los famosos cien premios de 20 millones cada uno, y con todos ellos repartidos, Prieto Ortega abandonará la organización encargada de realizar juegos y sorteos más grande del país.

Ahora, el Presidente le ha encargado ocuparse de otra empresa gubernamental: el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep). Luego de que su anterior director, Jaime Cárdenas, renunciara al cargo, acusando corrupción y falta de recursos al interior de la dependencia, el nuevo director del Indep fue nombrado. Ahora, Ernesto Prieto se encargará de ver por las joyas, autos, propiedades y cualquiera de los bienes que el gobierno recupere de actos ilícitos.

¿Pero quién es Ernesto Prieto?

Hijo de Rodolfo Prieto Cervantes (quien ya falleció) y Mercedes Ortega García, Ernesto es el cuarto de diez hermanos. Está casado con Erika del Rocío Gallardo Hornedo, con quien tiene tres hijos varones: Ernesto, Julio César y Octavio; y un nieto pequeño, a quien considera una de sus “inspiraciones y la razón por la cual sigo luchando”.

Apasionado del deporte, Prieto Ortega logró ser presidente del equipo de fútbol de tercera división profesional Atlético Salamanca en los años 80, antes de iniciar con su inmersión a la policía mexicana. En cuanto a la parte académica, se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y cuenta con múltiples cursos en Derecho Laboral, Penal y Procesal Penal por la misma casa de estudios. También, posee diversos diplomados y especializaciones en materia jurídica.

Su primera participación en el mundo de la política se dio en 1994, cuando fue postulado como candidato del PRD a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, en la que obtuvo el segundo lugar de los comicios, con 24 mil 300 votos.

Luego de estas elecciones, fue nombrado como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD en Guanajuato, en el que fungió solo un año, pues en 1996 fue llamado para desempeñarse como vicepresidente del III Consejo Nacional del PRD, cargo que ocupó por un par de años.

Para 1998, se convirtió en secretario de Coordinación Legislativa del Comité Ejecutivo Nacional del PRD por dos años, el cual, era encabezado por López Obrador. Desde entonces, Prieto Ortega se integró al proyecto del actual Presidente de México, quien en ese entonces se lanzó en la contienda por la jefatura de Gobierno de la capital del país.

Una vez elegido, López Obrador nombró a Ernesto como subtesorero de Fiscalización, dependiente de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del entonces Distrito Federal, para después convertirse en su asesor, del 2002 al 2003. Esto, para luego cambiar de nuevo de puesto y convertirse en director general del Registro Civil del gobierno del Distrito Federal, en el que busco modernizar el sistema hasta el final del sexenio.

Para la primera campaña presidencial de López Obrador, Ernesto Prieto fue citado para desempeñarse como coordinador de la primera circunscripción, pero luego de que perdieran la contienda, fue elegido como director General del Registro Público de la Propiedad y Comercio capitalino hasta el 2008.

Ya con los indicios para la formación de Morena, Prieto Ortega decidió participar en una nueva contienda electoral, esta vez, siendo él el candidato. En 2012, fue postulado por el Partido del Trabajo (PT) para los comicios estatales de Guanajuato, pero tampoco resultó ganador.

Sin embargo, más tarde sí fue participe del gobierno estatal, siendo elegido como presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga a ex funcionarios de las secretarías de Finanzas, Obras y Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de la Comisión de Reconstrucción, por el uso indebido de atribuciones en contra de la hacienda pública causándole daño por alrededor de mil millones de pesos.

De acuerdo con fuentes consultadas, son alrededor de 20 involucrados en la comisión de este ilícito, de los cuales algunos están en prisión, otros son buscados dentro y fuera del país, y a unos más se les integran las indagatorias correspondientes.

Se trata de contar con una carpeta de investigación sólida, a fin de que un juez de control libere los mandamientos judiciales y se lleven a cabo, ya que se detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos, señalaron.

Por ello, dijeron, se trabaja con la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría Fiscal para generar las órdenes correspondientes, a fin de evitar que los delitos prescriban y huyan, aunque en algunos casos lo hicieron, porque sabían.

Comentaron que aún estamos en tiempo; la prescripción es una cuestión técnica y, en caso de que alguna se encuentre en esa situación, se puede hacer algún ajuste del delito o utilizar otro mecanismo jurídico para evitar que queden impunes.

Algunos ex funcionarios de la administración anterior confían en que ya la libraron, que no los vamos a perseguir, pero es posible brincar el lapso; Ya tenemos a unos seis u ocho localizables, por lo que una vez liberada la orden se cumplirá, expusieron.

Las prescripciones se aplican a los tres u ocho años, según el delito, y la penalidad va de dos a nueve años, por lo que no alcanzarían fianza. No se considera en este momento llamar al ex jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, porque no firmó nada.

El lunes, la FGJ giró órdenes de aprehensión contra Jaime Slomianski Aguilar, ex titular de la Agencia de Gestión Urbana, y cuatro ex colaboradores, por supuestamente causar daño a la hacienda pública por 29 millones 454 mil 238 pesos.

Detenciones y pendientes

Además, dio a conocer la detención de José de Jesús Contreras Martín, ex subdirector de Operaciones Financieras de la Secretaría de Administración y Finanzas, por irregularidades en los procesos de pagos de la Dirección General de Administración Financiera.

La segunda orden de aprehensión girada contra Raymundo Collins, por el delito de uso ilegal de facultades cometido en agravio del servicio público de la Ciudad de México y la sociedad, cuando era director del Instituto de Vivienda, aún no ha sido cumplida.

Mientras, a casi un año de solicitar a Interpol México la emisión de una ficha roja para la ubicación y detención del ex titular de la Seduvi Felipe de Jesús Gutiérrez y el ex comisionado de la Reconstrucción Edgar Tungüi, siguen prófugos.

Los ex funcionarios están presuntamente involucrados en el mal uso de 40 millones de pesos para atender a los damnificados por el sismo de 2017.

Hasta el momento están cinco ex servidores públicos en la cárcel: Miguel Ángel Vásquez, ex subsecretario de Administración y Capital Humano; Édgar Takahashi y Hedilberto N, de la Secretaría de Obras; y Berenice N y José Iván N, de Finanzas.

La pandemia ha tenido un impacto «catastrófico» y mucho más grave en el empleo de lo esperado, advirtió este miércoles Guy Ryder, jefe de la Organización Internacional del Trabajo en una conferencia de prensa.

«Al tiempo que redoblamos esfuerzos para vencer al virus, debemos adoptar medidas a escala lo antes posible para paliar sus efectos en los planos económico, social y laboral. En particular, fomentar el empleo y la actividad empresarial y garantizar los ingresos», señaló Ryder.

Por consiguiente, la OIT se ha visto obligada a revisar drásticamente las previsiones de recuperación del mercado laboral hechas a finales de junio, y que hoy resultan demasiado optimistas ante el resurgimiento del Covid-19 en numerosos países.

Por ejemplo, la semana del 14 al 20 de septiembre se registró un número sin precedentes de 2 millones de nuevos casos, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, aunque las muertes están disminuyendo.

Las últimas proyecciones de la OIT para los tres últimos meses del año prevén ahora una disminución global de las horas trabajadas de 8.6 por ciento con relación al mismo período del año anterior.

Esto se compara con la reducción de 4.9 por ciento prevista por la organización en sus últimas previsiones en junio.

Esta nueva estimación corresponde a la pérdida de 245 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, algo menos del doble de los 140 millones estimados en junio.

«Está muy claro que existe un vínculo fuerte entre nuestro rendimiento en materia de salud y nuestro rendimiento socioeconómico», subrayó Ryder.

La OIT señala también que «una de las razones de estos aumentos estimados de las pérdidas en horas trabajadas es que, en los países en desarrollo y en los países emergentes, los trabajadores se han visto mucho más afectados que en las crisis anteriores, especialmente las personas que trabajan en la economía informal».

En los nueve primeros meses del año, la OIT estima que el total de los ingresos laborales ha disminuido en 10.7 por ciento, lo que equivale a 3.5 billones de dólares si se compara con el período entre enero y septiembre de 2019, excluidas las medidas de apoyo a los ingresos establecidas por los gobiernos.