La cesión de más de 1,350 hectáreas meridanas, sobre todo a Progreso, fue motivo de discusión ayer en el Congreso, pues las nuevas delimitaciones acordadas representarán un gasto para sus habitantes debido a la actualización de sus documentos, entre otras cosas.
“Creo que hay inconsistencias, por lo menos definir quién cubrirá los gastos catastrales de aquellos que ahora, sin pedirlo o al menos consultarles, ya no pertenecen a Mérida, sino que sus casas ahora están en el municipio de Progreso”, dijo el morenista Miguel Candila Noh, al pedir se solicite más información antes de aprobar estos nuevos límites territoriales.
Entre los asuntos que ayer se trataron en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, se presentaron los convenios para solucionar conflictos limítrofes de Mérida con Tecoh, Abalá y Progreso, aunque en realidad solo se tocó el último.
Los asuntos que ayer se trataron en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso estatal, se presentaron los convenios para la solución de conflictos limítrofes de Mérida con los municipios de Progreso, Abalá y Tecoh, aunque en realidad solo se tocó el primero, en el cual surgió la discusión y se decidió pedir más información a todos los municipios involucrados en estos convenios.
En el caso del convenio entre los municipios de Mérida y Progreso, entre ambos ayuntamientos acordaron que la capital del estado ceda 1,200.78 hectáreas al puerto, entre las cuales se encuentran la asfaltera, la delimitación de Misnebalam y unos tablajes que quedan fuera de la delimitación de la carretera, cerca de la hacienda San Ignacio.
Se informó que el puerto de Progreso cedió finalmente 109.39 hectáreas, por lo cual se quedó con 1,091.39 hectáreas de Mérida.
En el caso del convenio entre Mérida y Abalá, también se acordó que la ciudad le ceda a Abalá una superficie de 259.81 hectáreas de tierras, que corresponde únicamente un ejido originario de este último municipio, para no afectar el límite del ejido y respetar así su conformación, en la que no hay infraestructura, sino solamente monte.
Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, señaló que estos convenios se presentan en cumplimiento de la nueva Ley de Límites Territoriales del Estado, y los tres son convenios acordados sin conflictos, de buena fe y pacíficamente entre los cuatro ayuntamientos.
Silvia López Escoffié, diputada de Movimiento Ciudadano, recordó que este convenio entre Mérida y Progreso es algo que se presentó desde octubre de 2018, y hasta donde se sabe, casi todos los municipios tienen irregularidades en sus límites, así que “al menos Mérida ya lo va corrigiendo”.
Ante la protesta de Miguel Candila Noh, diputado de Morena, en el sentido de que esas nuevas disposiciones traerán cargas económicas a los habitantes que tendrán que cambiar su documentación a ser parte ahora de otro municipio, la panista Rosa Adriana Díaz Lizama dijo que le parecía estar viviendo un “déjà vu”, pues hace unos meses, cuando se presentó el convenio entre Mérida y Umán, así como el de Mérida con Kanasín, el mismo legislador presentó la misma objeción.
La diputada de Acción Nacional recordó que, en este caso de los límites, a los diputados solo les compete revisar los documentos y determinar si están fundamentados y, de esa manera, respetar la voluntad del pueblo manifestada en la decisión de los respectivos cabildos.
Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, apoyó a la panista al señalar que “nuestra función es verificar la legalidad del procedimiento y verificar si se cumplieron las formalidades jurídicas, no cuestionar si esos convenios fueron adecuados o no, sino validar si esos convenios se firmaron cumpliendo con la legislación”.
Sin embargo, Candila Noh pidió los planos cartográficos en el convenio de Mérida y Progreso, para conocer si existen áreas urbanas, parques, casas, entre otros, porque, dijo, “no se tiene esa información”, y a su consideración está incompleto.
El morenista pidió que no se dictaminen y se sigan analizando estos convenios.
El diputado de Morena añadió que se debe seguir analizando principalmente porque generarían “cobros indebidos”, a quienes, por ejemplo, ahora ya no pertenecen a Mérida y deben actualizar sus documentos en el Catastro de Progreso. “Ese gasto de los trámites no tienen por qué pagarlos esos vecinos, entre otras inconsistencias”.
Al final de la discusión la diputada Karla Franco informó que solicitará mayor información a los cuatro municipios sobre los convenios que hoy presentan al Congreso para su aprobación y confirmación.
Previo al tema de los convenios limítrofes la diputada del PRI presentó cuatro iniciativas de reforma a la Constitución local, para continuar su estudio, antes de ser dictaminadas.— David Domínguez Massa
En la sesión la diputada Karla Franco presentó cuatro iniciativas de reforma a la Constitución local.
Estas reformas a la Constitución, explicó la legisladora priista, son para que los consejeros honorarios del Instituto de Transparencia sean electos por siete años y no solo por dos.
Otro cambio, explicó, es para que el tiempo necesario que te da el derecho a tener la residencia como yucateco aumente de solo seis meses a dos años como mínimo.
La legisladora Franco Blanco precisó que las últimas dos propuestas de reforma son en torno a la justicia con perspectiva de género y a garantizar en educación que se eviten actos de humillación y ultraje.
