Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura de México, ha desatado controversia en redes sociales al confundir los términos de la celebración de Día de Muertos en Yucatán, pues incluso dijo que el “Hanal Pixán es un tamal”.

“En un altar de muertos, por ejemplo en Yucatán, la comida tradicional es el Hanal Pixán… es un tipo de tamal”, precisó en rueda de prensa.

El Hanal Pixán no es una comida es una tradición heredada del pueblo maya, el cual creía que del 31 de octubre al 2 de noviembre las ánimas recibían permiso para visitar a sus familiares; entre los platillos que se colocan en la ofrenda está el pib o mucbipollo

A casi un año de que el Poder Judicial del Estado envió su paquete de iniciativas de reformas al Congreso, que incluyen llevar de nuevo a la discusión de los diputados el matrimonio igualitario, ayer se distribuyó esta propuesta entre los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, para iniciar su revisión, estudio y dictamen.

El tema forma parte del paquete de iniciativas del Poder Judicial que incluye 13 rubros y se aprobó por unanimidad cuatro dictámenes para reformar la Constitución local en materia de transparencia para aumentar a cuatro años el periodo de sus consejeros y no dos.

Reformas

Las otras reformas son para institucionalizar la perspectiva de género en el servicio público, propuesta por Karla Franco Blanco, diputada del PRI y presidenta de esta comisión, además de cambios en materia de impartición de justicia con perspectiva de género, propuesta por Kathia Bolio Pinelo, del PAN, y modificaciones sobre educación.

Había una quinta iniciativa pero ésta se retiró para seguirla analizando, porque se presentaron nuevas propuestas, se trata de la iniciativa para aumentar de seis meses a dos años consecutivos la permanencia en el estado para adquirir la residencia de yucatecos, para los connacionales de otras entidades y extranjeros, pero también llegó otra propuesta de que se aumente a cuatro años, y otra más para que se exijan seis años, por eso quedó pendiente su análisis.

Respecto al paquete de iniciativas del Poder Judicial, Milagros Romero Bastarrachea, diputada de Movimiento Ciudadano, recordó que éste llegó al Congreso el 27 de noviembre de 2019, hace casi un año, y se turnó a la comisión desde el 15 de diciembre de ese mismo año.

Los 13 temas sobre los cuales se proponen las reformas, son básicamente en materia de la familia, empezando por los cambios a la Código de la Familia, en temas de derecho a la alimentación, derechos a alimentos para parejas de hecho estables, la armonización de las figuras de matrimonio y concubinato.

En este último punto se incluye el punto del “matrimonio entre personas del mismo sexo, las normas civiles que impiden esta posibilidad, provocan una doble discriminación, al privar a las parejas homosexuales de los beneficios materiales y expresivos que se obtienen con dicha institución”.

Sobre este punto la diputada recordó que también presentaron una iniciativa en ese sentido del matrimonio igualitario, que vendría a fortalecer la iniciativa del Poder Judicial, sobre todo al cubrir algunos puntos relacionados con las reformas constitucionales, por lo cual pidió se incluya, para trabajarla también al mismo tiempo, como se ha hecho en otros temas.

“Entendemos que estos temas políticos sobre el movimiento igualitario, es un caso que genera fobias y filias de algunos diputados, pero otra cosa debe ser el proceso que se sigue en el Congreso, y por eso pido que se incluya y proceda como siempre y dentro de la legalidad”, indicó.

Milagros Romero agrego que, incluso por existir en este paquete de iniciativas algunos temas relacionados con la Comisión de Equidad que ella misma preside, pidió se analice la posibilidad de que sesionen y trabajen conjuntamente con la de Puntos Constitucionales, en estos puntos coincidentes.

Los otros puntos sobre los que proponen reformas los magistrados del Poder Judicial son: Trabajo en el Hogar, Condena de alimentos al cónyuge conocedor del impedimento, Parámetros para fijar la compensación en el divorcio sin causales, Regulación de reproducción asistida, Restitución de niñas, niños y adolescentes, Regulación de la custodia compartida, Cambio de custodia, Adopción Tutela graduable y proporcional de adultos con discapacidad, y el tema de Sucesiones.

En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió 27 denuncias de robo a casa habitación, de las cuales solo dos expedientes remitió a los juzgados penales, lo que demuestra una alta ineficacia en la investigación e impunidad en este tipo de delitos en el principal puerto de Yucatán.

Residentes de la zona veraniega de Uaymitún-Chicxulub Puerto revelaron al Diario los constantes robos, la alta inseguridad que existe en ese corredor turístico, la osadía de los ladrones que ingresan a las viviendas aún con gente en su interior, el deficiente alumbrado público y la falta de vigilancia policíaca, lo que pone en riesgo la llegada de miles de jubilados canadienses y estadounidense que huyen de la temporada invernal extrema que azota a sus países.

Con base en esas quejas ciudadanas y sus denuncias correspondientes, el Diario solicitó información a la Fiscalía General, al alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, y a la Secretaría de Seguridad Pública sobre la situación delictiva del corredor Uaymitún-Chicxulub Puerto, pero solo la primera dependencia respondió.

La Fiscalía General asegura que el robo a casas veraniegas es atendido de manera oportuna y en cada caso se realizan los actos de investigación iniciales y diligencias diversas, a fin de que este tipo de delitos sean sancionados. Sin embargo, al menos una denunciante informó que nadie fue a su vivienda a tomar huellas, fotos o realizar alguna diligencia ni realizar alguna investigación, tal como publicamos.

Carpetas

“En los casos registrados hasta el momento, se inició ya la integración de las carpetas de investigación en donde se asienta la naturaleza de cada caso en particular, por lo que se continúa con las indagatorias correspondientes”, señala la FGE en su escrito de respuesta. “En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido un total de 27 denuncias por el robo a casas en el puerto, de las cuales dos ya fueron judicializadas (es decir se esclarecieron, detuvieron a los presuntos responsables y están presos en el reclusorio) tras culminarse la investigación concerniente”.

Dice que ambos casos fueron esclarecidos tras la detención de los probables responsables y se encuentran en fase de investigación complementaria, a fin de continuar con el proceso como lo marca la ley hasta que haya una sentencia contra ellos.

A través de su agencia del Ministerio Público en Progreso, la dependencia da seguimiento a cada una de las denuncias, por lo que en el resto de los casos, luego de reunirse los datos necesarios serán turnados al Juez de Control competente.

“La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de dar puntual atención a todas las denuncias de los ciudadanos, a fin de sancionar conforme a ley a quien incurra en algún tipo de delito”, reitera.

Alcalde

Sobre este mismo caso de robos en el municipio que gobierna, el alcalde Julián Zacarías Curi ofreció que ya estaba solicitando los reportes correspondientes en las diferentes dependencias municipales y aseguró que desde la primera publicación del Diario sobre los robos realiza varias acciones para terminar con la inseguridad, pero no especificó en qué consiste.

Ofreció que en su momento concederá una entrevista sobre el tema de los robos en ese corredor veraniego de alta plusvalía.

A raíz de las publicaciones del Diario, nuevos casos de robos reportan las víctimas, la más reciente las ocurridas en la avenida Líbano del puerto donde ocurrieron cuatro robos que literalmente fueron saqueos porque se llevaron todo de las casas. Pero este problema rebasa la frontera progreseña porque temporadistas de San Bruno, puerto perteneciente al municipio de Ixil, también reportaron varios robos en las casas de descanso.

“Ni perdón ni olvido”, indicaron Jubilados y pensionados del Isstey al recordar que hace justamente un año el gobierno de Mauricio Vila Dosal redujo el pago de sus pensiones.

En un comunicado expresan su enojo, pues en todo ese tiempo ni el titular del Ejecutivo, ni la Secretaría de Gobierno, ni la Consejería Jurídica, ni mucho menos el Isstey han hecho algo por solucionar el problema.

En cambio, “han abandonado de manera facciosa a la continuidad de esta violación a nuestros derechos laborales en detrimento de la economía de nuestras familias”.

Sin embargo, informaron que algunos de los 6,000 afectados obtuvieron amparos para que el gobierno estatal les retribuya lo que dejó de pagarles durante un año.

También recordaron que aunque ya pasó un año y les indicaron que sus demandas serían resueltas, nunca fueron atendidos por el propio Vila Dosal ni por alguno de los altos funcionarios de su gabinete.

“Como respuesta recibimos la más severa agresión de que hemos sido objeto por el simple hecho de ejercer nuestro derecho a manifestarnos”, esto último respecto a la bomba de gas lacrimógeno que un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) accionó en una manifestación que se dirigía a donde el gobernador presentaba un informe de gobierno.

Sobre el tema, indicaron que ni la Fiscalía General ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) los apoyan.

“Seguiremos unidos y en pie de lucha”, se lee en el documento firmado por “Movimiento Hormiga A. C.”.