Luego de una semana de negociaciones, la iniciativa privada y el gobierno siguen sin alcanzar un acuerdo en materia de subcontratación laboral o outsourcing, por lo que, informó Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las pláticas continuarán.

Al término de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el líder empresarial detalló que las negociaciones seguirán a lo largo de esta semana y se volverán a reunir con el mandatario este viernes.

“Todavía no estamos listos, aún no hay un acuerdo completo, faltan algunos temas sustanciales que espero estén terminados en la semana. Nos dimos unos días más”, dijo Salazar al salir de la reunión.

Señaló que el sector empresarial está optimista porque hay avances; sin embargo, no quiso detallar los puntos que están trabando las negociaciones entre la iniciativa privada y el gobierno en cuanto a subcontratación laboral.

El 12 de noviembre, el gobierno federal presentó la iniciativa para modificar las leyes de subcontratación, ante lo cual los empresarios se dijeron engañados, pues no se les tomó en cuenta a pesar de que había un acuerdo para analizar el tema de manera conjunta.

El Presidente los citó el lunes de la semana pasada y acordaron que los involucrados llevarían a cabo mesas de trabajo, para que ayer se llegara a una conclusión.

Por su parte, al salir de la reunión de anoche, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, indicó que uno de los puntos acordados es eliminar el insourcing, es decir, esquemas de subcontratación dentro de las mismas empresas.

En tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, afirmó que a través de las reuniones con el Presidente se ha ido avanzando en la legislación, “claro que va a salir una nueva ley”, aunque aún falta detallar aspectos.

Ayer por la mañana, el presidente López Obrador anunció que continuarán con la revisión total de la iniciativa y que el gobierno federal predicará con el ejemplo basificando al personal que estaba contratado bajo la figura del outsourcing.

–¿Sí son estos 500 mil trabajadores del gobierno?

–No tengo el dato exacto, porque en el caso de los maestros, en dos años ya llevamos regularizados a cerca de 400 mil. Tenemos el compromiso de hacer lo mismo con los trabajadores de la salud, que hay un poco más de 80 mil empleados eventuales o por contratos.

En la conferencia del mandatario, al presentar un nuevo paquete de inversiones privadas, Salazar confió en alcanzar un acuerdo. Aseguró que el sector está en contra de aquellas compañías que, bajo cualquier fórmula, abusen del trabajador y limiten sus prestaciones. Acotó que el acuerdo debe contener respuestas a las preocupaciones empresariales que pugnan por mantener márgenes de flexibilidad que les permitan mantener la competitividad con otras empresas en el mundo.

La regulación del outsourcing, dijo Salazar, debe “permitirnos tener la capacidad de modificar nuestras estructuras de trabajo de acuerdo a la demanda y a la oferta, puedan ser escuchadas, como lo están siendo, y podamos entonces conducir a una solución que evite los problemas”.

–¿Las sanciones que vienen contempladas en la iniciativa de subcontratación le parecen excesivas?

–Siempre he dicho que las personas que cumplen y cumplimos con la ley no nos tenemos que preocupar de las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles, que podrían llevar a una persona hasta la cadena perpetua y no nos preocupamos de eso, porque al final el 99.99 por ciento de los mexicanos cumplimos con lo que nos corresponde y no andamos pensando en la sanción.

El presidente electo, Joe Biden, presentó ayer a su equipo económico, un regreso al futuro con veteranos centroliberales de previas administraciones demócratas pero cuya experiencia tranquiliza a la cúpula económica, mientras el presidente Donald Trump continúa construyendo una realidad paralela en la cual él ganó la elección.

Biden anunció a su equipo económico que tomará las riendas en medio de una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión, encabezado por Janet Yellen como próxima secretaria del Tesoro, la primera mujer en ocupar ese puesto. Yellen, cuyo nombre ya había sido anunciado de manera informal, es economista laboral y ex jefa del banco central, la Reserva Federal.

Los otros integrantes encargados de formular la política económica del próximo gobierno incluyen a Cecilia Rouse, economista laboral de la Universidad de Princeton, quien será jefa del Consejo de Asesores Económicos; antes trabajó en los gobiernos de Barack Obama y de Bill Clinton, y será la primera afroestadunidense en ocupar el puesto. Los otros dos integrantes serán Jared Bernstein, asesor de Biden cuando era vicepresidente y antes integrante del centro de investigaciones liberal, Economic Policy Institute, y Heather Boushey, quien fue asesora de Hillary Clinton en 2016.

Otros nombrados son Adewale Adeyemo, asesor de economía internacional en el gobierno de Obama, pero aún más importante, asesor político de BlackRock, la empresa financiera privada más grande del país; Brian Deese, asesor económico del gobierno de Obama, será jefe del Consejo Económico Nacional, y Neera Tanden, ahora jefa del Center for American Progress (fundado por el equipo de Clinton), será directora de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), la primera mujer y persona de color en el puesto, y figura que ha provocado el rechazo tanto de republicanos como de progresistas por sus posiciones.

“Este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el Covid-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía”, declaró Biden.

Aunque el gabinete y los asesores del gobierno en formación (Biden anunció al equipo de política exterior y seguridad la semana pasada con la excepción de Defensa) están haciendo historia por su diversidad –la primera mujer y persona de color como vicepresidenta, el primer latino e inmigrante como secretario de Seguridad Interna, etcétera–, casi todos son veteranos de la cúpula política, o sea, por ahora no hay nadie que provoque gran controversia por ser “externo” y aún menos izquierdista.

Existe una pugna interna en el partido entre “centristas” y progresistas que se ha intensificado durante la época de Trump, y por ahora todo indica que Biden está buscando una ruta supuestamente “segura” y cautelosa al avanzar para enfrentar las múltiples crisis de la pandemia, la economía y las demandas por la justicia racial y abordar el cambio climático, las cuatro prioridades identificadas por Biden y Harris al asumir el Poder Ejecutivo el 20 de enero.

Biden y su equipo continúan con sus tareas de transición, entre ellas recibir por primera vez los informes diarios clasificados sobre seguridad nacional y hablando con mandatarios y otros líderes. Según su equipo de transición, Biden habló ayer por teléfono, por separado, con los presidentes Alberto Fernández, de Argentina; Carlos Alvarado, de Costa Rica, y Uhuro Kenyatta, de Kenya, así como con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quienes agradeció sus felicitaciones.

Por su lado, Trump continúa acusando a casi todos los que no están dispuestos a subordinarse a sus deseos de ser parte del complot para robarle la elección, incluyendo ahora al gobernador y secretario de estado de Georgia, ambos republicanos, por no actuar en contra de un inexistente fraude. El gobernador Brian Kemp declaró ayer que no estaba dispuesto a interferir en el proceso electoral de su estado tal como desea el presidente, en parte porque sería ilegal.

Trump proclamó en tuit: “no estoy luchando por mí, estoy luchando por los 74 millones de personas que votaron por mí”, y reiteró, sin ninguna evidencia, que muchos votos más favorables a él fueron descartados.

Pero cada día hay más derrotas a su estrategia de frenar el conteo y descalificar el voto en estados claves que determinaron esta elección y su derrota. Ayer dos estados más certificaron sus resultados, Arizona (gobernado por republicanos) y Wisconsin.

De hecho, la campaña de Trump ha fracasado en su lucha por frenar la certificación del voto en los seis estados claves en que lo ha intentado. Pero a pesar de ello, ha continuado en su esfuerzo para descarrilar el proceso con todo tipo de acusaciones y fabricaciones.

En un artículo de opinión publicado ayer en el Wall Street Journal, el ejecutivo en jefe de la empresa Dominion, fabricante de las maquinas para votar, respondió con furia a “mentiras y calumnias” de Trump y sus aliados que aseguran que éstas fueron parte del gran operativo del fraude. Denunció que las acusaciones han llevado al hostigamiento de sus empleados, hasta amenazas de muerte, y que “hacen daño real a nuestra democracia al provocar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral”.

Respondiendo a las acusaciones “extrañas” de Trump y sus abogados, afirmó que su empresa es estadunidense y que “Dominion no es ni jamás fue un frente para comunistas. No tiene vínculos con Hugo Chávez… nunca ha estado involucrada en las elecciones venezolanas” y no hay ningún programa para cambiar los votos.

El 14 de diciembre se realizará la votación en el Colegio Electoral. El conteo formal se realizará el 6 de enero por el Congreso federal. Con cada paso, la estrategia de Trump es continuar generando dudas sobre la legitimidad del proceso, incluyendo el gobierno de Biden, todo parte de un intento sin precedente de anular el proceso democrático en este país.

Da miedo cuando los maestros del miedo expresan alarma. “La insistencia de Trump de que ganó es escalofriante. El presidente de Estados Unidos, con acceso a los códigos nucleares, está viviendo en un mundo de fantasía”, tuiteó uno de los maestros de la literatura del horror, Stephen King.

Hasta octubre, los 50 bancos que operan en el país reportaron ganancias por 93 mil millones de pesos, cifra 33.8 por ciento más baja con respecto al mismo mes de 2019, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se trata del décimo mes consecutivo en que las utilidades de los bancos son menores a las del año previo.

De acuerdo con el organismo regulador, hasta el décimo mes del año, el saldo de la cartera de crédito vigente se situó en cinco billones 304 mil millones de pesos, cantidad 1.9 por ciento menor con respecto al mismo periodo del año pasado.

De forma desagregada, el saldo vigente en el segmento de consumo alcanzó un monto de 961 mil millones de pesos, monto 10.9 por ciento menor en comparación a octubre del año previo.

El portafolio de tarjetas de crédito alcanzó un monto de 361 mil millones de pesos, cantidad 12.5 por ciento más baja con respecto a igual mes del año pasado.

A su vez, en créditos personales, el saldo vigente llegó a 168 mil millones, lo que representó una disminución de 19.5 por ciento en comparación con octubre de 2019.

En financiamientos otorgados por la vía de nómina, la cartera llegó a un monto de 253 mil millones de pesos, cantidad 5.8 por ciento menor con respecto al año pasado.

En el segmento de créditos otorgados para la adquisición de bienes de consumo duradero, el saldo vigente de la cartera llegó a 163 mil millones de pesos, monto 1.7 por ciento menor si se compara con octubre del año pasado.

Morosidad en niveles estables

De acuerdo con el organismo regulador, hasta el mes de octubre la morosidad se mantiene en niveles bajos. Con respecto a la cartera total, el índice de morosidad se situó en 2.13 por ciento, lo que representó una disminución de 0.14 puntos porcentuales.

En el segmento de consumo, el índice de impago fue de 4.01 por ciento, 0.47 puntos porcentuales menos con respecto a octubre de 2019. En tarjetas de crédito, el índice de morosidad fue de 4.88 por ciento, baja de 0.39 puntos porcentuales.

El saldo de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios se ubicó al cierre de octubre en 206 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 12.8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Para el portafolio de consumo, las reservas fueron por 90 mil millones de pesos, cifra 12.3 por ciento menor con relación a igual mes de 2019.

La pandemia de Covid-19 marcó el segundo año de gobierno. La escalada –que aún no termina– de enfermos y fallecidos trastocó sensiblemente la prestación de los servicios médicos que al inicio de 2020 se preparaban para el cambio impulsado con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). El objetivo principal es garantizar la atención y medicamentos gratuitos para las personas que están fuera de la seguridad social.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a partir del primero de diciembre las personas tendrán este beneficio. Con ese fin, ayer por la tarde, la Secretaría de Salud (Ssa) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se determina la exención en el pago de servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de diagnóstico en los hospitales federales, de alta especialidad e institutos nacionales de salud que dependen de esa instancia federal.

Tal exención aplica para los seis niveles socioeconómicos existentes, aunque el documento no menciona nada sobre los medicamentos, que también deberán ser gratuitos.

El resto de centros de salud y hospitales generales que operan en el país continúan bajo la administración de los gobiernos estatales, por lo que la gratuidad de los servicios será cuando se concrete la incorporación de los estados al Insabi.

Esto es así porque, aunque la mayoría de las entidades suscribieron el acuerdo de adhesión y aceptaron transferir la responsabilidad de la prestación de servicios a la Federación, el proceso se complicó por cuestiones administrativas y con la pandemia de plano se detuvo.

Aparte están los nueve estados de la República cuyos gobernadores rechazaron adherirse al Insabi por considerar que no representaba ningún beneficio para sus ciudadanos. Éstos son: Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Michoacán y Tamaulipas.

Esa oposición continuó durante la emergencia sanitaria con críticas al manejo que le ha dado la Federación, incluso algunos mandatarios han aplicado medidas diferentes a las que se dictan desde el nivel central. Entre los asuntos que han generado polémica está el uso del cubrebocas, que en algunos estados es obligatorio. Mientras, las autoridades federales han mantenido la postura contraria e incluso de reserva sobre la eficacia del aditamento para controlar la pandemia.

Otra acción criticada desde diversos sectores ha sido lo que se considera un número reducido de pruebas de diagnóstico del virus SARS-CoV-2, pues no se realizan de manera masiva.

En tanto, el Plan Nacional de Salud plantea dar prioridad a la atención primaria, esto es, a nivel comunitario, con la finalidad de que la prevención de enfermedades sea una realidad y de esa manera incidir en el impacto que actualmente tienen males como el sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión.

Por la pandemia, la Ssa puso en marcha una estrategia en comunidades para buscar personas con síntomas de Covid-19 y/o con factores de riesgo para presentar complicaciones graves por la infección. No obstante, sigue pendiente resolver las carencias en los centros de salud, identificadas desde el inicio de la administración, y hasta ahora no se ha informado sobre el presupuesto que se dispondrá para este fin, sobre todo luego de que 40 mil millones de pesos del antiguo Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se utilizaron para hacer frente a la pandemia.

Otro asunto que la Cuarta Transformación no ha resuelto es el abasto de medicamentos y material de curación. Debido a las fallas de la compra consolidada realizada en 2019 y luego del veto presidencial a las empresas distribuidoras por considerar que eran monopolios, en este año se optó por recurrir a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

La carencia de medicinas ha sido una constante para los enfermos, aunque los más visibles han sido los padres de niños con cáncer.

Hasta hoy, Unops no ha iniciado la compra formalmente.

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020, del Inegi, publicado el 21 de octubre, que reúne toda la información sobre la efectividad de esas dependencias en el país, con información de 2019, no incluye la correspondiente a Yucatán y Morelos.

Estos dos estados fueron los únicos en toda la República que simplemente se negaron a responder a tiempo el cuestionario del Inegi.

Este censo tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente sobre el número de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación levantada por entidad.

También, las determinaciones y conclusiones efectuadas en esas investigaciones, así como información sobre los delitos registrados en las averiguaciones, el número de las víctimas y de inculpados o imputados en las carpetas de investigación.

No se conocen las causas de por qué la Fiscalía yucateca se abstuvo de entregar la información al Inegi en 2019, aunque, por el contrario, el gobierno del estado intentó esconder estos hechos.

Como se sabe, Cetina Arjona tomó posesión como titular de la Fiscalía el 30 de octubre de 2018 y renunció el 8 de noviembre, en medio de un gran escándalo sobre su presunto apoyo a empresarios acusados de actos delictuosos y de varias grabaciones con su voz, en las que revela su concepción del trabajo de fiscal: “la oportunidad de hacer mucha lana”.

En su momento la Secretaria General de Gobierno, Licda. María Fritz Sierra, afirmó referente al trabajo de la Fiscalía General del Estado: “Estamos trabajando en eso. Por ejemplo, la Fiscalía, como institución, obtuvo la mejor calificación entre las 32 fiscalías estatales de acuerdo con el reporte de la organización Impunidad Cero, lo que la mantiene como una de las mejores instituciones del ramo a nivel nacional”.

Además, dijo, que “hemos avanzado en transparencia y rendición de cuentas, que son las herramientas que han demostrado ser las más eficaces para combatir los actos de corrupción. El combate a la corrupción es tarea de todos los días, sin tregua, en todo Yucatán”.

Lo que la Licda. Fritz Sierra no precisó es por qué sí se presumía de transparencia en la Fiscalía, Cetina Arjona no entregó la información necesaria al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal.

La funcionaria tampoco dijo que el documento de Impunidad Cero —“Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019”— se basa en información oficial de 2017 y 2018, es decir, de antes del gobierno de Mauricio Vila Dosal.

Lo que sí es un dato objetivo es el reportado por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2019, del Inegi, según la cual en ese año la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción de las autoridades de seguridad y de justicia en Yucatán en la población de 18 años y más, coloca al Ministerio Público y a la Fiscalía General del Estado en el segundo lugar de la lista de entidades peor calificadas, con un porcentaje de 60.8%.

En primer lugar quedaron los jueces, con 64.9% y en tercer lugar la Fiscalía General de la República (antes PGR), con 59.5% de opiniones desfavorables.

Para conocer específicamente estos datos —la percepción de corrupción en las dependencias de seguridad y justicia— el Inegi realizó la encuesta respectiva entre marzo y abril de 2019, es decir, seis meses después del ascenso de Cetina Arjona a la Fiscalía.

En la Envipe de 2018, esta dependencia y el Ministerio Público ocuparon el cuarto lugar entre las oficinas peor evaluadas, con el 59.7% de los encuestados. Ese año, el primer lugar lo ocupó otra vez los jueces (65.3%), el segundo lugar la Policía de Tránsito (62.1% ) y el tercer sitio la policía estatal (59.8%).

Otro hecho incontrovertible respecto al estado de la procuración de justicia en Yucatán es el alto número de delitos que se cometen y que no se denuncian.

De acuerdo con la Envipe de 2019, que maneja datos de 2018, de cada cien delitos que se cometen en el estado, apenas el 10.5% se denuncia. El resto, 89.1%, no llega al escritorio del Ministerio Público. El 0.3% no se conoce la causa.

La principal razón de la no denuncia es el miedo a la extorsión por parte de las autoridades, la desconfianza hacia éstas y la creencia de que denunciar es una pérdida de tiempo y un trámite muy largo.

De ese 10.5% de los delitos que sí se denuncian, solo en el 71% se abre una carpeta de investigación, aunque en la gran mayoría de los casos no pasa nada con esto o la carpeta se mantiene mucho tiempo “en trámite”, sin llegar a algún lado.

Los tres aspirantes al cargo de fiscal general de Yucatán, Juan Manuel León León, Patricia Gamboa Wong y Adrián Abelardo Anguiano Aguilar, tendrán hoy al mediodía su “prueba de fuego” ante los diputados de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del Estado.

El interés en conocer la visión y compromiso que tendrán los candidatos abrió la participación a los 25 diputados de la LXII Legislatura, que tendrán derecho a voz durante la sesión ordinaria de la Comisión de Justicia, pero solo los integrantes de ésta podrán votar sobre el dictamen.

El presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Luis Enrique Borjas Romero, manifestó que en un reporte preliminar de la Secretaría General del Congreso se establece que los tres aspirantes que propone el Ejecutivo estatal para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado cumplen con los requisitos de la Constitución yucateca.

Por ello, explicó el diputado, pasarán la primera fase de la prueba, aunque en realidad la decisión final la tendrá el pleno de la asamblea, que dirá quién es el elegido para ocupar el cargo o puede ocurrir que rechace la terna.

El presidente de Fuerza Social por México, Gerardo Islas, afirmó que «queremos que le vaya bien al Presidente para que le vaya bien al país», por lo que anunció que se consultará a los ciudadanos sobre diferentes temas nacionales y así poner sobre la mesa las diferentes inquietudes y demandas de la población.

«Fuerza por México le entrará al debate de los grandes temas nacionales, pero no apostamos a la división ni a la polarización, sino a que le vaya bien al Presidente para que le vaya bien al país. Pero que quede claro que no le haremos el caldo gordo a nadie», dijo.

En rueda de prensa desde Los Cabos, Baja California Sur, aseveró que le «entrarán con fuerza a los temas que urge debatir», pues uno de los objetivos que planteó será recuperar la confianza de la gente y «reducir el desencanto de los mexicanos frente a la actividad política».

«Estamos seguros que ganaremos espacios de representación en la próxima jornada electoral, vamos con seguridad, fuerza y entrega, pero sobre todo porque le vamos a dedicar todo nuestro tiempo a recuperar la confianza de los ciudadanos que están desencantados de la actividad política», expresó.

Aseguró que para garantizar un proceso electoral trasparente en 2021, se habilitará una Comisión de Justicia Partidaria, donde se podrá denunciar intentos de venta de candidaturas, dádivas o favores. Además, indicó que se le abrirá la puerta a aquellos ciudadanos que tengan aceptación, influencia y que verdaderamente representen los intereses de grupos grandes.

«Estamos muy lejos de esos partidos tradicionales en donde se comprometían las candidaturas a cambio de dádivas. En donde se vendían», agregó.

Desde Baja California Sur, anunció una línea que emprenderemos en la selección de candidatos: se podrán denunciar cualquier acto de esta naturaleza a través de una Comisión de Justicia Partidaria y tendrá que llevar piso parejo la selección de las candidaturas.

El presidente de Fuerza Social por México lanzó también una invitación a los militantes de otros partidos políticos que no han sido tomados en cuenta y quienes han buscando en las candidaturas independientes una vía para participar en la actividad política.

Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, anunció su gabinete económico, y nominó a Janet Yellen, expresidente de la Reserva Federal (Fed), para dirigir el Tesoro.

«Janet Yellen ha sido nominada como secretaria del Tesoro. Si es confirmada (por el Senado), será la primera mujer en dirigir el Departamento del Tesoro en sus 231 años de historia», dijo el equipo de transición de Biden en un comunicado.

La nominación de Yellen, de 74 años, adelantada la semana pasada por el diario The Wall Street Journal y confirmada a la AFP por una fuente financiera, fue anunciada junto con varios nombres que completarían el equipo económico de Biden una vez que asuma el cargo el 20 de enero.

Biden también dijo que Neera Tanden, presidenta del grupo de expertos Center for American Progress, será nominada para encabezar la Oficina de Administración y Presupuesto, en tanto Wally Adeyemo, un exasesor adjunto de Seguridad Nacional, fue designado como subsecretario del Tesoro, informó el equipo de transición.

Yellen hizo historia como la primera presidenta de la Fed y tendrá el desafío de revitalizar la economía estadunidense golpeada por el coronavirus.

«A medida que comenzamos a trabajar para controlar el virus, este es el equipo que brindará ayuda económica inmediata al pueblo estadunidense durante esta crisis económica y nos ayudará a reconstruir nuestra economía mejor que nunca», expresó Biden en un comunicado.

Estados Unidos ha sufrido una fuerte contracción de su Producto Bruto Interno (PIB) anualizado y ha perdido decenas de millones de empleos mientras lucha contra el mayor brote de covid-19 del mundo.

El masivo gasto de estímulo aprobado a principios de año ha ayudado a mitigar parte del golpe, pero es probable que Yellen deba superar el impasse en el Congreso para la aprobación de más ayuda, que los analistas estiman necesaria para evitar mayores daños económicos.

Las marcas que venden más caro el gas LP en su versión estacionario son Gas Express Nieto, en Ciudad de México, a 12.73 pesos por litro; Gas Mundial, en Guerrero, a 11.99 pesos por litro; y Coragas, en Durango, a 11.98 pesos por litro, reveló la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El titular del organismo, Ricardo Sheffield Padilla, destacó que las marcas más económicas son Gas Providencia, en Guanajuato, a 8.55 pesos por litro; Gas del Noreste, en Nuevo León, a 8.44 pesos por litro; y Central de Abasto de Teotihuacán, en Oaxaca, a 9.97 pesos por litro.

Mientras que el gas LP en la presentación de cilindro, las marcas más caras son Servigas del Valle, en Ciudad de México, a 23.11 pesos por kilo; Z Zacatecas, en Quintana Roo, a 22.11 pesos por kilo; e Intergas, en Durango, a 21.94 pesos por kilo.

En tanto las más económicas son Gas Providencia, en Guanajuato, a 16.25 pesos por kilo; Gas Oaxaca, en Oaxaca, a 17.64 pesos por kilo; y Flama Azul, en Puebla, a 17.69 pesos por kilo.

“En los promedios de los precios hay estabilidad, por debajo del índice inflacionario, realizamos 55 verificaciones en la semana, dos resultaron con infracciones y una no se dejó verificar, en Veracruz, Gas María, algo está ocultando”, indicó Sheffield Padilla.