Una delegación de diputados entregó al Senado la acusación formal contra Donald Trump para su segundo juicio político, mientras el inspector general del Departamento de Justicia abrió una investigación sobre el papel de altos funcionarios de esa dependencia en los esfuerzos para descarrilar la elección, dejando claro que Wa-shington aún no se ha liberado de la sombra del ex presidente y los daños que provocó contra el sistema constitucional.
Nueve diputados federales anoche marcharon de su lado del Capitolio al del Senado –justo en los pasillos invadidos por una turba el 6 de enero– para informar de manera formal que estaban preparados para enjuiciar a Trump por “incitación a la insurrección” promoviendo “violencia” contra el gobierno de Estados Unidos con el propósito de subvertir el proceso electoral constitucional. Presentaron y dieron lectura a ese único cargo –conocido como “artículo de impeachment”– aprobado por la cámara baja el 13 de enero.
Con ello usualmente se inicia de inmediato el juicio con el Senado convertido en tribunal, pero en esta ocasión líderes de ambas bancadas acordaron postergar el proceso hasta el 9 de febrero.
Así se da inicio al segundo juicio político de un mismo presidente, algo sin precedente, y por primera vez contra un mandatario que ya ha concluido su estancia en la Casa Blanca. Esta vez también será diferente al primero porque no estará presidiendo el jefe de la Suprema Corte, como es usual, sino el senador demócrata más veterano, Patrick Leahy, de Vermont. También es diferente porque el acusado ahora no goza del apoyo automático de su partido como la primera vez, con lo cual fue declarado no culpable hace apenas un año.
Esta vez, hasta el líder de la bancada republicana, Mitch McConnell, ha indicado, junto con algunos más, que están dispuestos a evaluar el caso y hasta a condenar a su ex líder, pero aún no cuentan con el mínimo de 17 republicanos que se necesitarían sumar a los 50 demócratas para declararlo culpable.
Ya varios senadores republicanos están buscando cómo justificar al presidente tras el asalto al Capitolio que resultó en cinco muertos, múltiples heridos y sacudió al país. Algunos están argumentado que debería ser anulado, ya que proceder con un juicio político luego de que el presidente ya no ocupa su puesto no tiene ningún caso. Otros se atreven a oponerse en nombre de la “unidad” nacional, después de que su presidente y varios de sus colegas provocaron una crisis política nacional al no aceptar los resultados electorales.
Por su parte, demócratas y algunos republicanos afirman que tiene que demostrarse que nadie, ni el presidente, está por encima de la ley y que debe rendir cuentas. Más aún, algunos señalan que si es declarado culpable, el castigo, aunque ya no será la destitución, podría ser que a Trump le será prohibido ocupar otro cargo federal por el resto de su vida. El presidente Joe Biden, al opinar sobre el impeachment por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca, afirmó ayer que el juicio político “tiene que llevarse a cabo”.
El Senado está dividido entre 50 senadores de cada partido, pero los demócratas tienen la mayoría con el voto para romper empates del que goza la vicepresidenta Kamala Harris en su calidad de presidenta del Senado. Pero se requiere de un voto de dos tercios para declararlo culpable.
Luego de la lectura del cargo, por el diputado Jamie Raskin, el Senado sesionará este martes y emitirá una convocatoria a Trump para responder al cargo y acordar un calendario para el juicio.
En los argumentos durante el proceso es muy probable que el equipo de diputados que ayer presentó los cargos y que funcionarán como fiscales, presentarán evidencia ligada al cargo, como los intentos directos del presidente de presionar a funcionarios estatales en Georgia para cambiar los resultados, o las revelaciones recientes de que Trump estaba considerando despedir a su procurador general interino para sustituirlo con un abogado dentro del Departamento de Justicia dispuesto a promover las acusaciones del presidente de un fraude electoral presentadas sin pruebas y descartadas por decenas de tribunales.
De hecho, ayer el inspector general del Departamento de Justicia anunció la apertura de una investigación sobre si funcionarios actuales o en el pasado intentaron usar los poderes de la instancia para tratar de alterar o subvertir los resultados de la elección presidencial.
El futuro inmediato
Pero además de revisar los posibles delitos y corrupción del pasado reciente, la clase política está obligada a responder a las múltiples crisis que enfrenta el país. El Senado estará debatiendo la masiva propuesta de 1.9 billones de dólares que el presidente Biden promueve para batallar con el Covid-19 y rescatar al país de las consecuencias económicas del manejo de esa pandemia por el gobierno anterior.
A la vez, procede la ratificación de los nominados por Biden para integrar su gabinete y ayer Janet Yellen, una de las figuras claves encargadas de la política para enfrentar la peor crisis económica desde la Gran Depresión, fue aprobada por el Senado como la próxima secretaria del Tesoro; la primera mujer en la historia del país en ocupar ese puesto. Es la tercera integrante del nuevo gabinete en ser ratificada por la cámara alta, después de Avril Haines como directora de Inteligencia Nacional y el ex general Lloyd Austin como secretario de Defensa.
El gobierno de Biden también procedió con una serie de medidas y órdenes ejecutivas a un ritmo y número sin precedente, tal como prometió, a fin de atender temas que van desde el Covid hasta la lucha contra la discriminación de varios tipos y la batalla contra el cambio climático.
Biden promovió su campaña del uso de cubrebocas durante 100 días afirmando que se calcula que se salvarán 50 mil vidas de aquí a abril sólo con el uso de éste.
Su gobierno está por liberar 10 mil millones de dólares en fondos de emergencia para medidas de protección contra los efectos del cambio climático, y ayer se giró una orden para revertir la prohibición impuesta por Trump contra personas transgénero en las fuerzas armadas, parte de su esfuerzo prometido contra la discriminación de personas LGBT.
Los derrotados
Por su parte, Trump anunció que abrió en Florida algo llamado “oficina del ex presidente” que se encargará de su correspondencia y otras actividades para “avanzar en los intereses de Estados Unidos” y llevar adelante “la agenda del gobierno de Trump a través de la abogacía, organización y activismo público”. Concluyó asegurando que Trump “siempre será un campeón por el pueblo estadunidense”.
Su abogado personal, Rudy Giuliani, fue demandado este lunes por difamar a la empresa de equipos de conteo de votos Dominion Voting Systems, solicitando 1.3 mil millones de dólares en daños por declaraciones en las que acusó a la empresa de ser la responsable de la derrota de Trump, y sostuvo que la firma estaba bajo control de los venezolanos.
