La senadora Verónica Noemí Camino Farjat se sumó ayer a la bancada de Morena y se dio de baja del grupo parlamentario del PVEM.

La legisladora por Yucatán llegó al Senado en 2018, postulada por la coalición Todos por México, integrada por el PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.

Al conocer la renuncia de Camino Farjat al PVEM, el coordinador de ese grupo parlamentario, Manuel Velasco, advirtió que “este gandallismo” de Morena pone al borde del rompimiento la alianza que ambos tienen en el Senado y subrayó que “queda lastimada la confianza para seguir caminando juntos”.

Lamentó “la ausencia de compromiso de quienes se consideraban aliados y pone al descubierto el verdadero rostro de la mezquindad” en contra de quienes han apoyado las iniciativas morenistas.

El Partido Verde analiza seriamente la posibilidad de romper la alianza legislativa que mantiene con Morena en el Senado de la República, ya que su bancada calificó de inaceptable que sus colegas pidan con una mano el apoyo para la aprobación de reformas, mientras con la otra le roba senadoras y violenta el acuerdo de respeto mutuo que hasta ahora los ha unido en la Cámara.

Destacó el respaldo incondicional que como ningún otro grupo parlamentario ha acompañado las reformas y nombramientos impulsados por Morena en el Senado desde 2018 .

El coordinador del PVEM hizo un llamado enérgico a que prevalezca la cordura y la madurez política para evitar que los intereses electorales, particulares o de grupo terminen por imponerse sobre el trabajo legislativo en el que debe imperar el interés de todas y todos los mexicanos.

Con la adhesión de Camino Farjat, la bancada de Morena tiene ya 62 legisladores.

Donald Trump cultivó las condiciones e “incitó a la insurrección violenta contra Estados Unidos” del 6 de enero para descarrilar el proceso electoral, y si él y su ejemplo no son condenados permanecerán como una amenaza a la democracia estadunidense, argumentaron los fiscales-diputados en el tercer día del juicio político al ex mandatario.

Al concluir la presentación de evidencia ante un Senado convertido en tribunal, con sus integrantes como jurado, el equipo de nueve diputados-fiscales documentaron cómo el asalto al Capitolio por sus seguidores es parte de un patrón del acusado, quien entendía perfectamente que estaba “incitando una insurrección violenta contra Estados Unidos”.

Si Trump permanece impune, advirtieron, este tipo de acción política violenta se repetirá por él mismo o por otros políticos. “No me asusta que Donald Trump busque elegirse en cuatro años, me asusta que lo haga y pierda, porque podrá hacer esto otra vez”, argumentó el diputado Ted Lieu, al señalar las consecuencias de que los senadores no lo declaren culpable.

Trump jamás ha aceptado responsabilidad por sus acciones y sus consecuencias, acusaron, y mantiene que todo lo que ha hecho “es lo apropiado”, incluyendo su discurso el 6 de enero antes del asalto al Capitolio. “Nunca condenó la violencia” ese día, señalaron, y más de tres horas después de los actos violentos, cuando finalmente envió un tuit solicitando que la turba se retirara y fuera a casa, concluyó declarando: “We love you”.

El jefe del equipo de diputados-fiscales, Jamie Raskin, insistió en que si Trump no es declarado culpable en este juicio, cuando intente hacer algo parecido en el futuro “no tendremos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos”.

“El impeachment no es para castigar, sino para prevenir…. estamos aquí para prevenir que las semillas del odio que (Trump) sembró rindan más fruto”, subrayó la diputada Diana DeGette, otra integrante del equipo de fiscales, ante el jurado.

“Seguimos órdenes”

Los participantes en el asalto al Capitolio, argumentaron, estaban actuando por instrucciones de Trump, y lo saben “porque los propios participantes lo afirman”. Mostraron videos, audios, mensajes por redes sociales y declaraciones ante tribunales donde los “insurreccionistas” declaraban que estaban siguiendo las instrucciones de Trump: “Nosotros tomamos órdenes de nuestro presidente”, declaró uno, y “Trump nos pidió que sitiáramos este lugar”, aseguró otro. “Estaban esperando las órdenes de Trump”, acusó DeGette, y ese día, en el mitin, Trump les dijo que fueran al Capitolio a frenar el proceso del conteo y certificación de los resultados electorales, y ellos cumplieron.

Raskin señaló que “existe un patrón y práctica de incitar a la violencia” por Trump a lo largo de su presidencia. Tal vez el ejemplo más alarmante que presentaron fue en abril del año pasado, cuando Trump atacó repetidamente a la gobernadora demócrata de Michigan, quien buscaba poner en marcha medidas de mitigación del Covid, tuiteando en un momento: “Liberen a Michigan”. Poco después, sus seguidores tomaron por asalto el capitolio estatal en Lansing, algo que los fiscales mostraron como “ensayo” para lo que sucedió en Washington el 6 de enero.

Trump no sólo nunca condenó ese ataque, sino que continuó atacando a la gobernadora. Meses después, autoridades federales arrestaron a 13 individuos, a quienes acusaron de planear el secuestro y asesinato de la mandataria. Nuevamente, Trump no condenó la violencia ni se comunicó con la gobernadora, sino que se quejó que ella “no le agradeció” que los federales hubieran desarmado el complot.

Señalaron otros incidentes en mítines de Trump, en los que ordenó sacar con violencia física a manifestantes que protestaban por esos actos, y cuando un legislador aliado de Trump atacó físicamente a un periodista que buscaba entrevistarlo, y el ex presidente celebró poco después, declarando que “ese es mi tipo de gente”. Y también los ejemplos en que se rehusó a denunciar actos de violencia de sus aliados extremistas de derecha.

Mostraron los tuits y retuits del magnate elogiando comentarios contra sus enemigos políticos, incluyendo uno de un simpatizante que escribió: “El único demócrata bueno es un demócrata muerto”. Luego fue arrestado por su papel en el asalto al Capitolio.

Repitieron que con todos estos antecedentes y con la promoción de la “gran mentira” de Trump, de que le habían robado la elección, durante meses, el presidente sabía exactamente lo que estaba haciendo al invitar a sus seguidores a que acudieran al Capitolio el 6 de enero.

Rechazaron argumentos de la defensa de Trump de que el ex mandatario estaba ejerciendo su libertad de expresión garantizada por la primera enmienda de la Constitución. “La incitación a la violencia no es protegida por la primera enmienda”, afirmó Raskin, quien fue profesor de leyes constitucionales durante casi tres décadas. De hecho, continuó, el asalto al Capitolio y otras acciones instigadas por Trump representan intentos para suprimir la libertad de expresión del pueblo y de sus representantes en el Congreso.

Los fiscales, al llegar al final de su presentación de la evidencia para el cargo contra el ex mandatario, detallaron los daños físicos y políticos del asalto promovido por Trump. Recordaron la pérdida de ocho vidas, más de 140 policías heridos, traumas entre legisladores y los integrantes de sus equipos, así como personal de apoyo, trabajadores de las cafeterías y de limpieza, entre otros en el Capitolio, todos colocados “en peligro mortal” ese 6 de enero.

“Este edificio, uno de los lugares más sagrados de la democracia estadunidense, fue profanado”, afirmó uno de los fiscales al comentar los robos y destrozos de la sede legislativa durante el asalto.

El diputado Joaquín Castro agregó que con el asalto al Congreso también fue dañado el prestigio, la influencia y hasta la seguridad nacional de Estados Unidos en el ámbito internacional. Sostuvo que adversarios como China, Rusia e Irán usaron el incidente para burlarse de la “democracia” estadunidense.

“No podemos permitir que ellos usen el 6 de enero para definirnos. Nosotros nos tenemos que definir por la manera en que respondemos al 6 de enero. El mundo nos está observando, preguntándose si somos lo que decimos que somos… Tenemos que defender el imperio de la ley”, concluyó, afirmando que “este juicio es una oportunidad” para demostrar que Estados Unidos sigue siendo un ejemplo para el mundo.

Los fiscales indicaron que el asalto instigado por el ex presidente tiene costos políticos que continúan hasta hoy, pues la amenaza de violencia por agrupaciones extremistas persiste aun después de lo ocurrido el 6 de enero. Recordaron que se tuvo que desplegar a más de 25 mil tropas de la Guardia Nacional en Washington para la toma de posesión de Joe Biden, así como en las 50 capitales estatales, y que esas medidas de seguridad siguen en pie.

“Esto es lo que Donald Trump le ha hecho a Estados Unidos… Miren el precio que estamos pagando”, resumió DeGette.

Raskin, al concluir, recordó que para mantenerse en el poder a toda costa, Trump estaba dispuesto a violar la Constitución que protege al pueblo de este país, y citó a Voltaire: “Quien pueda hacer que creas absurdos puede hacer que hagas atrocidades”.

Este viernes se inicia la respuesta a cargo del equipo de abogados de defensa de Trump

Israel hizo una operación de gran magnitud, con cerca de 700 soldados y 200 policías, para destruir casas palestinas en Cisjordania. La razón: las edificaciones estaban muy cerca del muro fronterizo. Para el gobierno israelí, las casas fueron construidas ilegalmente. Para la Autoridad Palestina, las demoliciones son una «grave agresión» que esperan llevar ante la Corte Internacional.

Uno, de las decenas de damnificados, dijo a AFP que tenía permiso «de la Autoridad Palestina. Pensé que estaba haciendo lo correcto». Ahora lo han perdido todo. Sin previo aviso llegó la maquinaria acompañada por los efectivos militares en la madrugada, sacaron a las familias y derrumbaron las casas.

Según denunciaron las Autoridades Palestinas, las demoliciones empezaron en la primera hora de la madrugada de este 22 de julio. En redes sociales publicaron videos del operativo masivo.

Oficiales de Naciones Unidas le habían pedido a Israel que cancelara las demoliciones que hasta ahora han dejado 17 personas desplazadas, entre ellas una pareja de ancianos y cinco niños.

Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, describió los hechos como un «serio escalamiento contra nuestros indefensos ciudadanos».

Israel, Trump y la solución de los dos Estados

La práctica, aunque esta vez masiva, es usada comúnmente por el Gobierno israelí por razones de «seguridad» o para mantener el control de territorios anexos. Tanto Cisjordania como el este de Jerusalén fueron anexados por Israel tras la guerra de 1967, sin embargo, Naciones Unidas los define como «territorios ocupados».

Israel ha aumentado el control sobre territorios palestinos año tras año a través de no permitir construcciones cerca de unas fronteras que se expanden al mismo ritmo de las demoliciones o construyendo asentamientos judíos en los territorios que gobiernan las autoridades palestinas.

Y a pesar de que gran parte del mundo y organizaciones de derechos humanos condenan esa práctica, Israel ha encontrado en Estados Unidos un apoyo irrestricto y determinante. A pesar de las protestas y de la amenaza de desestabilizar la región, mudó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, la disputada ciudad histórica.

Y ahora es el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, el encargado de lanzar un ambicioso plan económico para Palestina en donde no menciona la solución de los dos Estados.

Dicha solución, respaldada por gobiernos estadounidenses anteriores y por Naciones Unidas, plantea como salida al complejo conflicto israelí la existencia de dos naciones. Una, Israel, otra Palestina en lo que es hoy Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Oriental.

Israel tendría en la mira otro centenar de casas cerca del muro

Para los palestinos la mayor preocupación es que este operativo masivo de demolición de viviendas se convierta en un precedente. Miles de casas en Cisjordania están construidas cerca del muro de más de 700 kilómetros que separa los dos territorios.

Gran parte del muro fue construido tras el pico de ataques suicidas palestinos que ocurrieron entre 2002 y 2003. Algunas partes del muro están construidas en concreto, pero por la zona de las demoliciones es una cerca doble separada por una carretera militar, torres de vigilancia y sensores electrónicos.

En los acuerdos de Oslo de 1993 se había establecido que los edificios de Wadi al-Hummus, vecinos de la zona de demoliciones, quedaban bajo el control de la Autoridad Palestina. Pero Israel, según la ONU, tiene en la mira otro centenar de casas en ese lugar.

Por ahora los damnificados quedaron en la calle. Luego de que su casa fuera derrumbada, Faid al-Wahash, de 37 años, dijo a AFP: «Construí esta casa piedra por piedra. Era mi sueño vivir ahí y ahora lo he perdido todo».

Akhran Yawahda también comenzó a construir la casa en 2014, una vivienda que hoy es una pila de escombros tras la demolición. «La imagen lo dice todo, destruyeron la esperanza de nuestra vida y volvimos a cero», compartió.

La ley israelí establece que los damnificados deben pagar al Estado el costo de la demolición de sus propias casas.

Grupos de indígenas ecuatorianos se movilizaron ayer hacia Quito en apoyo al candidato presidencial Yaku Pérez, lo que aumentó el impulso a sus llamados a un recuento de votos y sus denuncias de un supuesto fraude para dejarlo fuera de la segunda vuelta electoral, en momentos que su contrincante, el ex banquero Guillermo Lasso, lo rebasó con una mínima ventaja en el escrutinio.

“El fraude se ha consumado”, señaló a periodistas Pérez, del movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, al encabezar una movilización de unos 600 indígenas y activistas sociales frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). Reiteró su exigencia de recuento de votos en las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar, “donde se metió la mano”.

Diana Atamaint, presidenta del CNE, tuiteó que recibió la petición y fue aprobada por el pleno del organismo electoral “para ratificar la transparencia de este proceso”.

Con 99.90 por ciento de las actas procesadas y 98.74 por ciento de ellas computadas, el ex banquero derechista Lasso ha obtenido 19.70 por ciento de los votos, frente a 19.46 por ciento recabado por Pérez, abogado ambientalista de izquierda. El economista Andrés Arauz se mantiene a la cabeza con 32.64 por ciento.

Lasso tuiteó que se debe “respetar la voluntad popular expresada el 7 de febrero, por lo que todos los votos deben ser contados”. Los postulantes para la segunda vuelta electoral –programada para el 11 de abril– han llamado a la calma entre la población que se moviliza.

La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos para estos comicios sostuvo que “el margen entre los aspirantes que ocupan el segundo y el tercer lugar es muy estrecho. Por ello, es fundamental que los binomios en contienda tengan la certeza de que sus votos están siendo cuidados por las autoridades electorales”.