Para la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que señala que la dependencia a su cargo se resistió al proceso de fiscalización de la cuenta pública 2019, “consigna de forma equivocada cuestiones que no tienen sustento”.
En entrevista en su oficina, Sandoval Ballesteros se dice enojada por el “golpeteo injusto que se está queriendo hacer” a la SFP con “boberías”, y defiende que la dependencia ha obtenido resultados en el castigo a la corrupción y que da la bienvenida al informe de la fiscalización de la ASF.
Afirma que en su informe la Auditoría no abrió ningún procedimiento contra la Función Pública, no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni ninguna solicitud de aclaración hacia la dependencia.
“No encontraron ni un desvío, ni un mal manejo, ninguna cuestión a sancionar de mi institución, de los Órganos Internos de Control (OIC), de los subsecretarios, de tu servidora, de las contrataciones que hacemos, de las contrataciones de recursos humanos, de los órganos que estamos fiscalizando”, asegura la funcionaria.
“No se nos demostró absolutamente nada de cuestiones verdaderas a ser sancionadas, lo máximo que se nos señala es una cuestión de que si se pudo entrar un día o no a un cierto edificio, y eso son boberías.”
Opina que el informe de la ASF sí contiene datos sólidos, pero no que den cuenta de que la SFP incumpla su labor, “sino de que estamos avanzando en el combate a la corrupción”.
En el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 –que fiscaliza el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue entregado el fin de semana por la ASF a la Cámara de Diputados– se reducen los castigos administrativos que impone la Auditoría respecto a la cuenta pública 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto: bajaron en 64 por ciento las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, en 34 por ciento las de responsabilidades administrativas y en 22 los pliegos de responsabilidad.
“Son datos sólidos de que estamos avanzando, como lo han reflejado Transparencia Internacional o el Inegi, o las encuestas de opinión. Vamos bien en términos de la fiscalización, la transparencia y la rendición de cuentas”, sostiene.
Por ello, “todo esto se está queriendo manchar con un golpeteo mediático injusto, argumentando meros formalismos. Jugar con boberías para atacar a la SFP y a todo su equipo y su trabajo es algo malintencionado contra el gobierno y el Presidente de la República”. Este golpeteo, señala, proviene de “intereses que se han visto golpeados por las transformaciones”.
En su informe, la ASF consigna que la SFP tuvo una “negativa a la entrega de información y documentación”, pues cuando le solicitó que le proporcionara en formato digital los expedientes generados en 2019 por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas y los informes de presuntas responsabilidades administrativas, la Función Pública no lo hizo.
Al respecto, Sandoval Ballesteros mostró un oficio fechado el 18 de noviembre de 2020 en el que la SFP puso a disposición de los auditores los más de 30 mil expedientes de investigación que requirió la ASF para que fueran revisados en las instalaciones donde se encontraban, pues debido a las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 era “materialmente imposible” digitalizarlos todos en 12 días, que fue el plazo que le dio para entregar los documentos.
La ASF, señala, no acudió a la revisión. “No se le negó el acceso a nadie, al contrario, se les invitó a venir en la hora y fecha que consideraran conveniente. No hay sustento a la descalificación de que no hubo acceso a la información”.
Tampoco hay sustento, asegura, “al mito que se está generando de que estoy protegiendo a un líder sindical”. La ASF señala que otro requerimiento no atendido fue el de dar acceso a las investigaciones realizadas a un dirigente sindical –al que no identifica por su nombre o afiliación– por presuntas inconsistencias, anomalías e incongruencias en su patrimonio. “En la SFP se dio la instrucción de permitir el acceso a esa información, y quien no concedió el acceso porque es un expediente en proceso penal fue la Fiscalía Anticorrupción”, expone.
“Me extraña que quien hizo el informe haya redactado de forma equivocada y sin sustento estos asuntos. El auditor superior de la Federación, estoy segura, tendrá la claridad y la altura de miras para reconocer que de la Función Pública no ha recibido más que colaboración, trabajo y resultados, y así seguirá siendo.”
Respecto a las observaciones hechas por la ASF, Sandoval Ballesteros afirma que ya dio la instrucción a todos los OIC de que el informe se escuche y se atienda, “para poner en su lugar a los que obraron mal y para poner en el buen camino a los que están con necesidad de que los observemos para obrar bien”.
