El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las áreas de delitos financieros de España y Canadá rastrean movimientos inusuales del magistrado José Luis Vargas Valdez que puedan aportar elementos adicionales en las dos denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y triangulación de recursos con empresas fachada, que superan los 140 millones de pesos.

El siguiente paso en este proceso será bloquear sus cuentas bancarias, una vez que la UIF obtenga información relevante de otros países, de esta manera la investigación en contra de Vargas Valdez se convertiría en una indagatoria internacional.

La UIF está en espera de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen, por sus siglas en inglés) les informe si detectaron movimientos inusuales fuera de México que haya realizado el magistrado Vargas, a quien la semana pasada la mayoría de la Sala Superior lo destituyó de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La UIF solicitó apoyo a Estados Unidos, España y Canadá por ser los países a los que Vargas ha viajado con más frecuencia en los últimos años mientras su patrimonio se elevaba de manera inexplicable. México sigue a la espera de la información que le permita ampliar las investigaciones contra el magistrado.

En la UIF detectó que el recién nombrado magistrado presidente del TEPJF, compró residencias en Miami valuadas entre los seis y 10 millones de pesos; en Valle de Bravo, por siete millones 100 mil pesos; en Lomas de Chapultepec, por seis millones 800 mil pesos; y Polanco por tres millones 511 mil 900 pesos, sin que estos montos coincidan con los ingresos anuales que reportó.

Los avances de la investigación, ahora destacan dos créditos hipotecarios del 2013, uno por 1.6 millones de pesos para comprar un departamento en la calle Liverpool, en la Ciudad de México, y uno más por 5.4 millones de pesos que en solo un año, en diciembre de 2013, Vargas Valdez liquidó por completo.

En 2017, compró otro inmueble por 450 mil pesos en el centro de la Ciudad de México.

Las transferencias irregulares De 2012 a 2019, Vargas recibió transferencias que no encuentran congruencia con su profesión.

Por ejemplo, Comercializadora de Frecuencias le pagó dos millones de pesos; Imagen y Soluciones Integrales 1.7 millones de pesos; Saipem Services de Mx S.A. de C.V. 1.2 millones de pesos y Servicios Empresariales Multimedia un millón de pesos.

El magistrado registró transferencias en SPEI por 4.8 millones de pesos. Destacan 925 mil pesos a Tricorbraun S de RL de CV, una compañía de botellas de plástico y empaques; 757 mil al Corporativo Pavisa dedicado a tenedoras de acciones y 254 mil a Diego Suárez Beristain, su socio y a quien llevó a trabajar al TEPJF como secretario.

También registró una transferencia por 118 mil 684 pesos con la empresa Pepsico Internacional, compañía en la que su esposa Mónica Bauer es vicepresidenta. Vargas Valdez cobró cheques por 835 mil 599 pesos de los cuales, 500 mil fueron transferidos por la Secretaría de Hacienda de Sonora.

Y destacan tres más a una familia de ingenieros industriales judíos de apellido Prum Chelminsky y Prum Riesnfeld por 150 mil pesos.

Y dos cheques más por 28 mil pesos de dos cuentas que la UIF no ha podido identificar. El SAT reportó que de 2013 a 2018, Vargas declaró ingresos por 25.1 millones de pesos.

Así, las investigaciones en contra del magistrado que el pasado miércoles fue destituido de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no han concluido, pues la UIF sigue rastreando movimientos en México y en otros países, de sus cuentas, las de su esposa, cuñado y compañías con las que presuntamente la familia Vargas Bauer habría triangulado recursos al extranjero.

Dos de los cuatro policías municipales de Mérida, detenidos como probables responsables de la agresión, tortura y abuso sexual de un joven veracruzano, son fundadores en la nueva era de la corporación policiaca y lograron ascensos por su buen desempeño.

Los dos agentes tienen 18 años de antigüedad en la Policía de Mérida, son considerados comandantes porque también alcanzaron el grado de policía segundo. Asimismo, uno de los detenidos habría recibido un reconocimiento por el caso del policía asesinado en la capital yucateca el mes pasado.

Aunque la investigación apunta a una posible participación, la corporación policiaca argumenta que los hechos que desencadenaron el escándalo local y nacional no ocurrieron en la celda en la que estaba el veracruzano ni en ningún otro lugar del edificio de la Policía Municipal de Mérida, ubicado en la calle 57 entre 52 y 54 del centro.

Sin embargo, no se  dieron mayores detalles para no entorpecer la investigación ni el debido proceso judicial.

¿Y las cámaras?

De acuerdo con los datos recabados, todo está grabado por las videocámaras de vigilancia del edificio de la Policía Municipal, desde que subieron al detenido a la camioneta, su ingreso a la corporación, su estancia en la cárcel y su salida por su propio pie. Sin embargo, se desconoce si el juez de Control que lleva el caso tomará en cuenta y dará validez a estas pruebas tecnológicas. Asimismo, no se puede ocultar o negar que el joven veracruzano tuvo heridas mortales y fue violado, según arrojaron los estudios forenses, al parecer, en otro lugar distinto al edificio de la Policía Municipal.

Cuatro policías detenidos por el caso de José Eduardo

Precisamente para ello está abierta la investigación ministerial y se detuvo a cuatro policías municipales sospechosos.

Los fiscales aportaron elementos suficientes para demostrar los delitos que denuncia la representación social y la madre del fallecido, María Ravelo Echevarría, pero hasta que no haya una confesión voluntaria o una sentencia judicial firme, no se sabrá quiénes fueron los autores y responsables del asesinato del joven, violencia que desató una ola de indignación, reclamo de justicia y una protesta nunca vista en Mérida: una parada del ataúd de la víctima frente a la puerta principal de Palacio de Gobierno.

En el SNTE piden fuerte plan sanitario

Este ciclo tendrá la particularidad de que se realizará de manera híbrida; es decir, en la modalidad presencial en las escuelas y a distancia mediante dispositivos digitales, apuntó.

El líder de los maestros en la localidad subrayó que la voluntad de los padres de familia será determinante para hacer los ajustes adecuados a la estrategia del nuevo curso escolar, pues habrá que ver cuántos estudiantes regresarán a los planteles.

Espinosa Magaña consideró que regresar a la modalidad presencial de manera escalonada y gradual es necesario, pues los procesos de socialización de los niños y adolescentes son pieza clave de su desarrollo; si éstos se pueden dar dentro de una atmósfera de seguridad en cuanto a las medidas sanitarias contra el Covid-19, se estará alcanzando un logro muy importante.

Espinosa Magaña recordó que la Sección 333 del SNTE agrupa a alrededor de 12,000 maestros activos, los cuales durante este mes de agosto preparan el regreso a clases en las escuelas de nivel básico del estado.

Igual recordó que el sindicato trabaja estrechamente con las autoridades educativas para ofrecer a los alumnos las condiciones idóneas para regresar a las aulas, priorizando en todo momento el tema de la seguridad contra el Covid.

Algunos maestros advierten sobre lo estresante que resultará el próximo ciclo escolar que arranca el 30 de agosto, debido a que ahora tendrán que laborar por las mañanas en la modalidad presencial, por las tardes en clases a distancia en la modalidad virtual, y por las noches preparar las clases de la siguiente jornada educativa.

Los maestros se quejan de que no todos los alumnos cuentan con dispositivos móviles para tomar sus clases en línea y los presenciales estarán sujetos a que los padres de familia los envíen a las escuelas.

La queja de los maestros es que un modelo híbrido de estas características los hará trabajar más, estarán sometidos a más presiones y supondrá un desgaste físico y emocional en ellos.

Al respecto, Espinosa Magaña explicó que en un escenario ideal lo adecuado debería ser un sistema híbrido, y simultáneo, donde al mismo tiempo presenciales y a distancia convergen en una clase; sin embargo, siendo realistas, no todas las escuelas cuentan con la infraestructura necesaria que la dote de una adecuada señal de internet que haga esto posible.

El dirigente consideró que la comunicación entre todos los actores del proceso educativo será determinante para hacer llevadero el curso, que los padres que envíen a sus hijos lo hagan asegurándose de que están en condiciones para hacerlo, que los filtros y el acceso se lleven al cabo conforme a lo que la norma establezca y que las clases se brinden en espacios adecuados.

Lleva 21 años un juicio del Inegi con exempleados

Cuarenta y cinco trabajadores yucatecos que laboraron en el desaparecido Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), llevan un juicio laboral de casi 21 años sin obtener una solución a su demanda de liquidación por despido injustificado.

Tres de los promotores de amparos, demandas laborales, juicios de revisión y negociaciones políticas son Roger Guerrero Zaldívar, Julio Cervantes Valencia y Ángel Pech Puc.

Ellos creen que este juicio laboral es el más longevo de Yucatán y quizá de México porque abarcó parte del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, las administraciones completas de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como los casi tres años de Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, ni los gobiernos del PRI, PAN y Morena han podido solucionar este problema laboral que afecta a 140 yucatecos y 1,300 del país.

“Está vivo el juicio, pero no nos informan del laudo definitivo ni vemos que el Inegi quiera solucionar esta demanda que lleva más de 20 años”, señaló el profesor Guerrero Zaldívar, quien guarda los comprobantes de pago de salarios de ocho años para acreditar su antigüedad laboral.

“Ya queremos cerrar este caso, pero necesitamos tener a la mano el laudo final y definitivo que emitió el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que sepamos con certeza la antigüedad que nos reconocen las prestaciones económicas a las que tenemos derecho, porque exigimos 27 en total y conocer el monto del finiquito”, reiteró.

Los tres entrevistados informaron que, además de las demandas laborales y juicios de amparo para obtener su liquidación, han realizado gestiones ante altos funcionarios del gobierno federal y legisladores, contrataron a prestigiados abogados laboristas y aparentemente ganaron la demanda laboral, pero no tienen el laudo definitivo y eso les genera incertidumbre.

Otra cosa que les causa inquietud e incertidumbre es el monto del finiquito. Tras intensas negociaciones de la coalición Inegi Estatal y Nacional que agrupa a los despedidos del país, el resultado de los amparos y acuerdos legales y políticos, acordaron con la Secretaría de Gobernación de la administración de Ernesto Zedillo el pago de una liquidación de $600,000 a cada trabajador demandante, pero nunca recibieron tal cantidad ni supieron si fue verdad este acuerdo.

En la continuación de los juicios y gestiones de 2004 a 2006 las negociaciones monetarias bajaron a $200,000; de 2007 a 2009 bajaron a $120,000 y $100,000, lo que ocasionó que muchos firmaran su conformidad y dieran por terminado el conflicto, aunque tampoco les consta porque oficialmente no hubo una firma de finiquito con el Inegi.

Acercamiento

El pleito laboral continuó del 2010 al 2019 y fue hasta que entregaron sendas cartas al presidente López Obrador, una en Izamal durante un mitin como candidato a la Presidencia y otra en Mérida ya como presidente en funciones, cuando tuvieron nuevas noticias del juicio.

“Después de varias peticiones entregadas personalmente al presidente López Obrador, a los seis meses el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje nos informó por conducto del licenciado Rubén Mérida que el juicio está ganado parcialmente, fue a nuestro favor”, relató Roger Guerrero.

“El 2 de julio de 2019 el tribunal de conciliación federal nos informa por medio de ese abogado en relación con los juicios acumulados 1717/00 y 3724/00 que pasemos a cobrar un cheque de $14,000 en promedio. Esa cantidad es el 2.3% del cálculo del monto inicial de liquidación y corresponde a seis de 27 prestaciones y una antigüedad reconocida de menos de dos años de trabajo, cuando la mayoría puede acreditar que trabajaron cuatro, seis, ocho y hasta 12 años para el Inegi. Hay una total incertidumbre que queremos aclarar para que tomemos una decisión”.

Asimismo, lamentaron que el Inegi estatal y nacional, el Tribunal de Conciliación Federal, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Plataforma Nacional de Transparencia no puedan proporcionar documentos que arrojen la verdad de este largo juicio.

“Pedimos información a la Plataforma Nacional de Transparencia y simplemente el sistema nos bloquea, que está saturado”, reportó Ángel Pech. “Estamos pidiendo la hoja única de servicio al Inegi para conocer la antigüedad que reconoce y no nos la da. Nos pueden jugar una trampa para no reconocer el verdadero tiempo de trabajo”.

La historia de este conflicto laboral se remonta a agosto de 1992 cuando el presidente Salinas de Gortari crea el Procede y el Inegi capacita y contrata a 1,300 profesionistas, de los cuales 140 son de Yucatán, para el trabajo de medición y certificación de todos los ejidos y solares urbanos.

En diciembre de 2000 vino el despido injustificado e inició la demanda laboral, cuya sentencia es un misterio.

Actualmente, en la entrevista, le piden al presidente López Obrador: “por favor, háganos justicia”.