Luego de que en la rueda de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se expuso el caso un juez federal en Puebla acusado de presuntamente favorecer con sentencias a criminales, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, consideró que el sistema judicial “no está funcionando adecuadamente”.
En entrevista con medios de comunicación, el titular del Poder Ejecutivo local defendió que es imposible ignorar las debilidades del sistema judicial. Además, aunque no definió si el problema es exclusivo de la jurisdicción federal o estatal, apuntó que dicha institución no funciona como debería.
“Por supuesto no está funcionando adecuadamente. No podemos cerrar los ojos a la realidad”, acusó. Por otro lado, manifestó que es importante que el Poder Judicial revise cuáles son sus áreas de oportunidad y así permita detectar las fallas que siguen afectando el funcionamiento del sistema de impartición de justicia.
En el caso específico del juez de Control, Jorge Eduardo Ramírez Téllez, quien, de acuerdo con el subsecretario de Seguridad federal, Luis Rodríguez Bucio, emitió seis resolutivos de forma “desfavorable a los intereses de la justicia”, el gobernador indicó que es importante que se investigue.
“Si se llega a comprobar algún tipo de ilícito también tiene que haber algún responsable”, resaltó.
Pese a ello, Céspedes Peregrina descartó que el Poder Judicial merezca “una limpia”, pero señaló que se debe analizar la funcionalidad del mismo, pues hay varias autoridades que forman parte del eslabón, y las debilidades pueden estar en cualquiera de ellas.
“Que revise exactamente cuáles son las áreas de oportunidad, en qué es lo que está, en su momento, fallando. Y si no hay falla, si no hay algún otro motivo, pues habrá que ver cuáles son las responsabilidades que tendrá que asumir (…) Acuérdate que es un tema concatenado, que tiene que ver desde el primer respondiente, la cadena de custodia y la Fiscalía. Es una serie de argumentos que se tienen que estar tocando”, explicó.
No hay que olvidar que el pasado 25 de julio se expuso el caso de otro juez poblano que, supuestamente, benefició con sentencias a criminales.
Se trató del jurista Javier Martínez Castillo, quien, según Rodríguez Bucio, ayudó a dos secuestradores al modificar las medidas cautelares emitidas en su contra y autorizar su libertad.
Poder Judicial de Puebla se deslinda de togado señalado
Ante la acusación vertida por el subsecretario de Seguridad federal, el Consejo de la Judicatura en Puebla, que es presidido por Carlos Palafox Galeana, envió a medios de comunicación un boletín informativo en el que descartó que el jurista Ramírez Téllez sea de jurisdicción estatal.
En el escrito manifestó que el togado está adscrito al Poder Judicial de la Federación (PJF), y aseguró que cualquier anomalía sobre el funcionamiento del sistema de justicia estatal es investigada oportunamente.
“El Consejo de la Judicatura reitera que mantiene de manera permanente la supervisión de las actividades de los servidores judiciales de Puebla, en el ámbito de su jurisdicción, así como las investigaciones de quejas presentadas por la población, para garantizar el pleno acceso a la justicia”, defendió la institución.
Amparo federal, sin afectar distribución de libros de texto gratuitos en Puebla
Luego de que la juez federal Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Yadira Medina Alcántara, concedió un amparo a favor de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), para que el gobierno federal detalle la estrategia para implementar los programas y planes de estudio para el ciclo escolar 2023-2024, el mandatario Céspedes Peregrina descartó que ello afecte la repartición de libros de textos gratuitos en Puebla.
Explicó que su administración sigue muy de cerca los resolutivos judiciales en torno al tema educativo, sin embargo, apuntó que la sentencia de la jueza federal no está firme todavía, pues se espera que la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal la impugne próximamente.
Señaló que, mientras no exista una sentencia firme en contra de los libros, es decir, que sea respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la entidad no se detendrá la distribución de dichos materiales pedagógicos.
“Mientras eso no suceda, mientras no haya un impedimento legal para hacerlo, nosotros tenemos que seguir avanzando”, señaló.
Para finalizar, es importante tomar en cuenta que, si bien la sentencia federal no afecta la distribución de libros en todo el país, sí obliga a la SEP federal y a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, así como a los gobiernos estatales, a entregar a la autoridad judicial un programa en el que se detalle cuál será la estrategia para implementar los planes de estudio en torno a los libros.
