Luego que reportero del periodico Sol,  señalará en la  Mañanera ,del presidente Andrés Manuel López Obrador, las investigaciones que se llevan al cabo por el sonado caso del helicopterazo donde fallecieron Érika Alonso y su esposo, el también ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, la Fiscalía General de la República dio a conocer que las investigaciones aún continúan.

 

Como se recordará, desde diciembre de 2018, en que ocurrió el accidente del helicóptero donde viajaba la Gobernadora de Puebla y su esposo, la Fiscalía General de la República (FGR), convocó a la Fiscalía del estado de Puebla para que la investigación correspondiente se llevara en ese estado.

 

Lo anterior con la participación permanente de la FGR, para así mostrar la transparencia e imparcialidad en ese caso, en el que no estaba aún determinada la federalidad.

 

De acuerdo con la información obtenida, los peritajes técnicos al respecto quedaron a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Agencia Federal de Aviación Civil.

 

Los dictámenes establecieron las premisas técnicas suficientes para poder obtener la vinculación a proceso de cinco empleados de la empresa que brindaba el mantenimiento de la aeronave accidentada, que fueron acusados por delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposo, que son de competencia local.

 

El proceso se lleva a cabo en el ámbito judicial del estado de Puebla y la FGR mantiene abierta la investigación correspondiente por algún posible delito federal que pueda surgir durante el proceso del fuero común.

 

SEIS IMPLICADOS POR ACCIDENTE DE EXGOBERNADORA DE PUEBLA

 

El 17 de marzo detuvieron a Iris Cristina “N”, quien presuntamente es la sexta implicada en el accidente aéreo que provocó la muerte de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle el pasado 24 de diciembre de 2018.

 

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, dio a conocer a través de un comunicado oficial, que la sospechosa implicada fue aprehendida en el Estado de Veracruz. Ya que estaba siendo investigada por su trabajo en la empresa “Rotor Flights Services”, la cual está relacionada con el accidente aéreo donde fallecieron la pareja de políticos y tres personas más.

 

Ella se encargaba personalmente del funcionamiento de las aeronaves y ella dio el visto bueno para cambiar una pieza de la avioneta la cual, según indicios, causó el desplome.

 

El delito por el cual es investigada es: homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas ante una autoridad.

 

Recordemos que la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó el 29 de diciembre del 2021 una quinta orden de aprehensión como resultado de la investigación de la caída del helicóptero en el que viajaban los ex gobernadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, así como tres personas más el 24 de diciembre de 2018.

 

A través de un comunicado se indicó que personal de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía de Puebla aprehendió a Miguel N., quien también labora en la empresa Rotor Flight Services, relacionada con el funcionamiento de la aeronave en la que viajaban cinco personas que perdieron la vida.

 

Miguel N. tendrá que responder por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas ante una autoridad.

 

Se confirmó la detención de cuatro personas, que enfrentan acusaciones por homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaraciones ante una autoridad.

 

Los primeros detenidos son José Antonio Vázquez Torales, Ricardo Montiel Rodríguez, María Magdalena Raya Ochoa e Israel Olguín Jiménez, alias El Olguín, todos de la empresa Rotor Fligth Services, encargada del mantenimiento de la aeronave.

 

Fueron arrestados en Toluca, Ciudad de México, Hidalgo y Puebla.
Estas personas – el propietario de la empresa, técnico, ingeniero y electricista – quedaron a disposición de un juez en un Centro de Justicia Penal, que el sábado los envío a la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

José Antonio, dueño de la empresa Rotor Fligth Services, encargada del mantenimiento del helicóptero modelo Agusta, matrícula A109S XA-BON, fue trasladado al penal de San Miguel; a sus empleados, Ricardo, María Magdalena e Israel, los llevaron al centro penitenciario de Huejotzingo. Ahí deberán permanecer mientras se define su situación jurídica.

 

EL HELICOPTERO DE MORENO VALLE FUE INVESTIGADO POR EL FBI

 

*El helicóptero Agusta A109S Grand, matrícula XA-BON, se colapsó el pasado 24 de diciembre y dejó sin vida a sus cinco ocupantes: la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso, su esposo Rafael Moreno Valle, su asistente Héctor Baltzar Mendoza y los capitanes Roberto Coppe Obregón y Marco Antonio Tavera Romero.*Al menos desde hace 10 años, desplomes y sinestros inexplicables

 

Gobernadores juniors, principales clientes de la empresa aérea*Por ser mencionado en una carpeta de investigación sobre casos de pedofilia, el FBI investigó a la compañia aérea.

 

El helicóptero de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), en el que perdieron la vida Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, su asistente personal, Héctor Baltazar Mendoza y los pilotos Roberto Copee Obregón y Marco Antonio Tavera Romero, ha estado circundada, desde hace lo menos una década, de percances fatales; no obstante no ha suspendido sus operaciones, merced a la influencia de sus propietarios, personajes ligados a la política.

 

Cabe destacar que en los últimos 40 años, el modelo Augusta ha sido el personaje central de más 150 accidentes aéreos, sin embargo las autoridades han señalado reiteradamente que no han encontrado los elementos necesarios para llevar a cabo una investigación a fondo y por lo mismo, la empresa, con diferentes nombres, ha seguido operando sin problemas.

 

La ahora Servicios Aéreos del Altiplano, perteneció a Servicios Aéreos Milenio (SAM), cuyo dueño era el ex senador priísta, Ricardo Urzúa Rivera, aunque después pasó de las manos del ex legislador priista a la compañía de los textileros de Xalapa, los hermanos Rafael y José Antonio Torre Mendoza.

 

A su vez Rafael Torre Lamuño, hijo de José Antonio Torre Mendoza, en marzo de 2012 fue enlace del PRI con los empresarios tlaxcaltecas para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, y en diciembre de 2017 fue uno de los 84 empresarios poblanos que se reunieron con el entonces precandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña en el club de golf Las Fuentes.

 

Urzúa Rivera fue el diputado federal suplente de Ardelio Vargas Fosado, quien le heredó la curul cuando en 2011 Rafael Moreno Valle Rosas, lo designó titular de Seguridad Pública de Puebla y arribó al Senado como sustituto de Raúl Cervantes Andrade, cuando éste fue nombrado titular de la desaparecida Procuraduría General de la República.

 

Ricardo Urzúa, fue beneficiado por el gobierno poblano de Mario Marín Torres, con 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales. La empresa fue la elegida para los viajes del llamado «Góber Precioso» a destinos turísticos como Acapulco, Cancún y Loreto, así como a las ciudades texanas de Houston, San Antonio y Laredo.

 

Desde el 11 de agosto de 2011 se conoció el caso, con base en facturas pagadas por el gobierno de Puebla a la empresa del entonces diputado federal priista y para los viajes de Marín se contrataron los servicios de un Lear Jet 45, matrícula XA-GTP; un Falcón 20 matrícula XA-YUR; un Mustang C-510 matrícula XA-JRT, y un helicóptero Bell 407, pese a que el Gobierno del estado contaba con sus propias aeronaves.

 

Ya como senador del PRI, Urzúa Rivera encontró la fórmula ideal para volar en primera clase durante tres sexenios consecutivos, el asociarse con los juniors de los gobernadores en turno.

 

Con Melquiades Morales Flores fue melquiadista, pues como socio del hijo del mandatario, Fernando Morales, logró amasar fortuna con su empresa Video Grylm, además de sentar los cimientos de Servicios Aéreos Milenio.

 

Precisamente con esta empresa, ya en el sexenio de Mario Marín Torres, se hizo socio del hijo del mandatario, Mario Marín García, para rentar aviones ejecutivos y brindar asesorías a gobiernos estatales, federal y empresarios.

 

Urzúa creó otras dos empresas aéreas que han sido rentadas por el gobierno de Puebla para traslado de amigos, políticos y toda aquella especie que viene a visitar la entidad, a costa del erario: Aviheli Servicios Aéreos, dedicada a la renta de helicópteros de ejecutivos y Potosina del Aire, enfocada a la prestación de aviones y aeronaves para gobiernos.

 

La empresa SAM, fue investigada por la DEA el FBI tras la denuncia pública que realizó la periodista Lydia Cacho cuando escribió: “a tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado, decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004.

 

Ninguna de las autoridades mexicanas inició alguna línea de investigación, pero las agencias extranjeras descubrieron la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V., cuyo principal cliente era el Gobierno de Puebla y las administraciones priistas de ocho estados.

 

Se estableció que Mario Marín Torres había destinado de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres.

 

Las pesquisas revelarían que los gobiernos de Durango, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco y Estado de México habían ayudado a la empresa de aviación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, llamada Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V. y que prestaba servicios de helicópteros y aviones Lear Jet 45. Esa compañía también adquiría las naves Bell y usaba los modelos Agusta. Estos aparatos eran rentados por el gobierno mexiquense para vuelos de los funcionarios.

 

Urzúa amarró estas operaciones con el entonces director de Recursos Materiales de Finanzas en el Estado de México, Raúl Murrieta, de tal manera que en el 2007, Avieheli Servicios Aéreos de Urzúa Rivera, compró a su amigo Murrieta dos helicópteros rematados por el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, un Bell 407 matrícula XC-NVB del 2001 por un millón 659 mil dólares y otro Bell 407 XC-JDZ, número de serie 53515, del 2002, por 2 millones 159 mil dólares.

 

SAA, fue constituida ante el notario público número 1 de Tlaxcala, José Luis Macías Rivera y 12 años después, en octubre de 2017, José Antonio aportó a la empresa 25 millones, lo que le permitió tener el control de 93.5 por ciento de participación, es decir que de las 88 mil 697 acciones de capital variable, era dueño de 82 mil 892, mientras que su hermano Rafael de 5 mil 805.

 

Uno de los primeros casos en que se vio envuelta la empresa SAM, fue el accidente del helicóptero matrícula XC-JDC, el 11 de enero de 2008 en la Sierra Norte poblana, donde murió Patricia Rossano, esposa del entonces secretario de Gobierno de Puebla, Mario Montero Serrano y siete personas más.

 

La aeronave era propiedad del gobierno de Puebla, pero la administración de Marín Torres había contratado a SAM para su mantenimiento.

 

El 4 de agosto de 2009 se registró otro caso, cuando el helicóptero Bell, modelo 407, matrícula XA-VGT, propiedad de SAM, hizo un aterrizaje de emergencia en el poblado de Astapa, Municipio de Jalapa, teniendo a bordo al entonces gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo y a tres funcionarios de su gabinete.

 

En este incidente, como lo llamó el gobierno tabasqueño, los tripulantes y pasajeros resultaron ilesos y posteriormente, las mismas autoridades estatales informaron que el percance había sido causado por una falla mecánica.

 

En junio de 2010, el avión Cessna Caravan, matrícula XA TWK, también propiedad de SAM, se estrelló en Felipe Carrillo Puerto, donde murieron nueve colaboradores del entonces candidato a gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

 

Al acudir a la agencia funeraria donde fueron velados cinco de las nueve víctimas, Borge Angulo confirmó la procedencia del aparato que cayó con su avanzada de campaña y detalló que para la jornada proselitista en la Zona Maya, su equipo de campaña empleaba dos aeronaves.

 

Indicó que el avión bimotor en el cual volaba, era un ‘King Air’, propiedad de uno de sus amigos de la Ciudad de Monterrey, mientras que el otro, sí se había rentado específicamente para dicha gira a la compañía Servicios Aéreos Milenio”.

 

En Quintana Roo, los negocios los hicieron a través de la paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP Saesa), la cual contrató empresas para rentar taxis aéreos, entre ellas Servicios Aéreos Milenio S.A. de C.V., a la cual favoreció con 101.2 millones de pesos, sin que hubiera contratos firmados con la paraestatal.

 

En la misma situación operaron Aerotaxis Villa Rica S.A. de C.V., Aero JL S.A. de C.V. y Aéreas del Mayab S.A. de C.V, quienes en su totalidad fueron beneficiadas con alrededor de mil millones de pesos; ésta última se adjudicó 9.6 millones de pesos.

 

Todas esas empresas son ampliamente conocidas por el ex gobernador y ex senador Félix Arturo González Canto, sobre todo ésta última, que fue constituida por su hermana Patricia González Canto y su cuñado el piloto aviador Fernando Quintín Vargas.

 

Durante 11 años los taxis aéreos en Quintana Roo, fueron el fuerte de los tres últimos ex gobernadores: Joaquín Hendricks Díaz, Félix González y Roberto Borge Angulo. Sus lujos fueron interminables que hasta para viajar de Chetumal a Bacalar (44 kilómetros) lo hacían en helicóptero o en avioneta.

 

En el mes de mayo de 2016, el PRI y el PRD-PAN se acusaron por la renta de las aeronaves para que sus respectivos candidatos al gobierno recorrieran el estado de Oaxaca durante la campaña electoral.

 

Tanto José Antonio Estefan Garfias, abanderado de la alianza PRD-PAN, como Alejandro Murat Hinojosa, candidato del PRI-PVEM-Panal, utilizaron durante más de un mes de campaña el servicio de taxis aereos que llegaban a cobrar hasta 35 mil pesos por hora. Ambos equipos fueron captados en distintas ocasiones aterrizando en campos de futbol en las ocho regiones del estado.

 

El equipo de Murat Hinojosa, acusó en aquella ocasión que Estefan Garfias utilizaba el helicóptero matrícula XA-LUI de la empresa Servicios Aéreos Milenio SA de CV, mientras que sus opositores dijeron que Murat Hinojosa rentaba el helicóptero matrícula XA-SJC para acudir a sus eventos proselitistas desde el arranque de campaña.

 

Pero el principal cliente era el gobierno de Puebla, que llegó a pagar a Urzúa 132.5 millones de pesos por la renta de aeronaves para viajes personales, entre ellos el Lear Jet 45, matrícula XA-GTP; el Falcon 20 matrícula XA-YUR; el Mustang C-510 matrícula XA-JRT, y un helicóptero Bell 407.

 

Desde la administración estatal, Marín destinó recursos para adquirir y dar mantenimiento a los helicópteros Bell- 407 con matrículas XA-TUR, XA-YUR, XA-VGT, XA-RIC, XA-LUR; XA-RUR- XALUI, cuyo costo rebasó los 21 millones de dólares. Además, compró en 16 millones de dólares, dos helicópteros Agusta para el uso exclusivo de los viajes de gobierno y dos helicópteros Bell-206 en tres millones de dólares.

 

Otras aeronaves adquiridas desde la llegada del capital de Marín a esa empresa, fueron un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares, además de cuatro Lear Jet 45 con un costo por unidad de nueve y 10 millones de dólares.

 

La protección de los juniors de gobernadores, permitió a esa empresa inflar los precios de renta de aeronaves, pues mientras que el costo normal era de 2 mil dólares horavuelo, SAM cobraba hasta 5 mil dólares, pero facturaba a 8 mil dólares la de los helicópteros Agusta.

 

Durante el gobierno de Andrés Granier Melo, pagó a Servicios Aéreos Milenio, S.A. de C.V., 10 millones de dólares anuales por la renta de un avión Learjet 45 y dos helicópteros: un Bell 407 tipo ejecutivo y un Augusta y gastó además 2 millones 346 mil 579 pesos en el mantenimiento de dos aeronaves que mantuvo fuera de operaciones y que intentó varias veces rematar, entre ellas un Learjet 28, así como otros 2 millones 900 mil pesos en suministro de combustible y renta de hangar.

 

En septiembre de 2014, la administración de Rafael Moreno Valle compró un helicóptero Agusta en 11 millones de dólares, sin licitar y con fondos del gobierno federal etiquetados para la seguridad pública. En ese entonces, el fallecido ex gobernador fue señalado por usar las aeronaves del estado a su conveniencia e incluso trató de colocar sus iniciales, RMV, en la matrícula del helicóptero.

 

Investigaciones periodísticas de Sol Quintana Roo, arrojaron que. El helicóptero siniestrado pertenecía a Eolo Plus: tenía la matrícula XA-UPD, y era uno de los aparatos que utilizó Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial de 2012 y otro helicóptero similar, un Agusta AW 109SP Grand New–, perteneciente a Eolo Plus y con matrícula XA-UQH, cayó la noche del 28 de julio de 2012 con Juan Armando Hinojosa García a bordo. El empresario, hijo de Hinojosa Cantú y entonces marido de la hija del exgobernador veracruzano Fidel Herrera, venía de una reunión organizada por Peña Nieto.

 

Moreno Valle ya había viajado en el mismo helicóptero XA-BON: en septiembre de 2016, al estado de Guerrero, a Taxco, concretamente, para hacer proselitismo electoral, a pesar de las malas condiciones meteorológicas.

 

Cabe apuntar que el piloto Roberto Coppe Obregón, uno de los dos pilotos del helicóptero caído, llevaba ocho años en la nómina del gobierno de Puebla y era cercano a la familia de Moreno Valle y en el momento del siniestro, era director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo, con la función de gestionar servicios de pilotos y aeronaves para la gobernadora y su gabinete.

 

El 6 de diciembre, 18 días antes del accidente, Coppe entregó al ex gobernador Antonio Gali Fayad un Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, durante un acto oficial en el aeropuerto Hermanos Serdán al que asistió Rafael Torre Mendoza.

 

EL PERFIL DE LA CLASE POLÍTICA EN EL PODER DE PUEBLA

 

Los políticos y empresarios, como casi todo en ese estado, existían bajo la anuencia política de Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel Ávila Camacho, presidente de México entre 1940 y 1946 y fundador de un grupo político que tendría entre sus mayores exponentes a Gustavo Díaz Ordaz, gobernante de México entre 1964 y 1970.

 

El general Ávila Camacho era arrogante hasta la locura y no podía contener su afición por el juego ni su delirante gusto por las mujeres. Como miembro de su cúpula figuraba el también general Rafael Moreno Valle, brillante médico militar y secretario de Salubridad y Asistencia Pública con Díaz Ordaz, por cuyas órdenes fue gobernador de Puebla.

 

En el despacho de gobierno, Rafael Moreno Valle conoció a un avispado muchacho con un vehemente deseo de ser político, Melquiades Morales Flores, a quien le obsequió algunos pesos para que se comprara un poco de ropa apropiada para ser un hombre público. Varios años después, el ya gobernador Morales Flores correspondería a su mentor, acogiendo bajo su manto al joven Rafael Moreno Valle Rosas, hijo de Rafael Moreno Valle Suárez y de Gabriela Rosas.

 

El talentoso joven no era ningún improvisado, obtuvo la licenciatura en Economía y en Ciencias Políticas, por el Lycoming College en 1991 y fue merecedor de la presea Magna Cum Laude; era Doctor en Jurisprudencia por la Escuela de Leyes (School of Law) de Boston University, con estudios de posgrado en Administración de Empresas por la Harvard University Extension School y siempre de la mano de su amigo y protector Melquiades, incursionó con éxito en la política, hasta que llegó también a la gubernatura de Puebla, como su abuelo, sin embargo su paso fue polémico, tormentoso, envuelto en situaciones críticas,

 

Durante su administración, los feminicidios aumentaron en 575 por ciento, de tal suerte que en junio de 2016, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, solicitó que el estado de Puebla emitiera la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin embargo Moreno Valle no atendió la recomendación.

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Bajo la óptica del Observatorio Ciudadano Laboral Poblano, Moreno Valle bloqueó la emisión de la alerta de género con el argumento de que a cuatro años de que se tipificó ese delito en Puebla, únicamente se habían dictado tres sentencias, extraoficialmente trascendió que la alerta de género no prosperó porque habría manchado la imagen del exgobernador y sus aspiraciones presidenciales.

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El 7 de mayo de 2014, Moreno Valle Rosas envío al Congreso local una iniciativa titulada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, que establecía un criterio de proporcionalidad en el uso de armas no letales por parte de las fuerzas policiales.

 

El pueblo la bautizó como “Ley Bala”, debido a que permitía la aplicación de armas letales como último recurso, siendo aprobada por el Congreso de Puebla el 19 de mayo de 2014.

 

Dos meses después, en julio, tras​ los disturbios de Chalchihuapan en en los que fue muerto el niño José Luis Tehuatle Tamayo, de 13 años de edad, a causa de un proyectil usado por la policía, dirigida en ese entonces por Facundo Rosas Rosas,​ el gobernador tuvo que enviar al Congreso una iniciativa para abrogar su “Ley Bala”,​ aunque siempre argumentó que su iniciativa había sido estigmatizada.
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También se vio relacionado con el uso de equipo de vigilancia para espionaje político, tras la filtración de correos electrónicos de la firma italiana de software Hacking Team, en julio de 2015, en la que​ se reveló que el gobierno de Puebla habría adquirido equipo de vigilancia y lo habría utilizado con fines de espionaje político.

 

En enero de 2017, el diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que refirió al espionaje político durante el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, señalando que la firma Hacking Team recibió en 2013 un pedido por 615 mil euros por parte del gobierno de Puebla, además de que la administración local reservó habitaciones de hotel para los asociados de la empresa italiana.

 

Moreno Valle habría utilizado el software de vigilancia de Hacking Team, para intervenir durante la elección del nuevo líder del Partido Acción Nacional en 2014, a fin de infectar los dispositivos de colaboradores de Ernesto Cordero, entonces contendiente a la presidencia del PAN.

 

El gobierno poblano negó tener nexos con Hacking Team, pero investigaciones periodísticas revelaron que entre noviembre y diciembre de 2013, la administración de Moreno Valle celebró tres contratos con la empresa SYM Servicios Integrales, la cual ha sido reconocida como intermediaria de ventas entre la firma italiana y diversos gobiernos locales en México.

 

En lo referente al Huachicoleo, hubo también un señalamiento grave en contra de Moreno Valle, cuando su cuñado Fernando Manzanilla Prieto, declaró que los huachicoleros operaban desde las oficinas del Gobierno de Puebla para Moreno Valle.

 

Manzanilla Prieto, dijo que miembros de la familia Valencia, ligados al robo de combustible en territorio poblano, operaban para el morenovallismo a través de puestos en Salud y en Educación, “el grupo del morenovallismo opera en Salud y Educación para instalar a sus operadores políticos”.

 

El acusador apuntó que el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria de Huachinango, Puebla, es Jorge Valencia Ávila, hermano de Rafael Valencia, Edil del municipio de Venustiano Carranza, en Puebla.

 

Señaló que el munícipe ligado a los huachicoleros de la zona y cuya casa fue cateada, operaban desde hacía años para Rafael Moreno Valle y Martha Érika y que Jorge Valencia fue nombrado como nuevo titular de la Jurisdicción Sanitaria número 1 en mayo del año pasado, por el actual gobernador de la entidad, ligado a Rafael Moreno Valle.

 

El 7 de agosto pasado fue cateada la casa del alcalde Rafael Valencia, por elementos de la Policía Federal durante un operativo en contra de las bandas de huachicoleros que incluyó a varios domicilios de Villa Lázaro Cárdenas, municipio de Venustiano Carranza y fue detenida Ilse Lucía Bernabé, esposa de Valencia Ávila, junto con otras dos personas.

 

En la casa del edil, se descubrió una habitación utilizada como un centro de monitoreo de la localidad, así como dos armas cortas, una arma larga, dos vehículos y varios cartuchos de distintos calibres y en otra de las viviendas cateadas se aseguraron 50 mil litros de hidrocarburo robado.

 

Pero Rafael y Jorge Valencia no son los únicos miembros de la familia que participan en política, Patricia Valencia Ávila, fue postulada para una diputación federal por la coalición “Por México al Frente” entre el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), la misma alianza que postuló a la gubernatura del estado a la esposa de Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso Hidalgo.

 

El 23 de agosto de 2017, se dio a conocer públicamente que Othón Muñoz Bravo, ”El Cachetes”, dueño de gasolineras en Puebla y detenido por liderar a huachicoleros, era un declarado simpatizante del ex gobernador Moreno Valle, de acuerdo con publicaciones que él mismo subió a las redes sociales.

 

Conforme a informes de inteligencia, “El Cachetes” junto con su hermano Rodrigo, migraron a Puebla durante el sexenio de Mario Marín Torres y fueron acogidos desde entonces por las familias en el poder, aunque su poder creció desmesuradamente con Moreno Valle.

 

Hubo incluso una fotografía publicada por el periódico Reforma, en la que el ex gobernador de Puebla, durante una cabalgata en Tamaulipas, aparecía junto al “Cachetes”, aunque Moreno Valle negó cualquier vínculo, argumentando que se trató de “una foto casual”.

 

En lo referente al helicóptero siniestrado, hasta la fecha no se conocen las causas concretas del accidente y será hasta dentro de una semana cuando se den a conocer nuevos informes, derivados de los peritajes de expertos extranjeros y de los avances de la Comisión Especial para el Caso Puebla, cuya creación fue aprobada por el Congreso de la Unión.

 

Los últimos informes, dados a conocer el jueves 3 de enero por el subsecretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Morán Moguel, señalan que pese a que la mayoría de los componentes de la aeronave resultaron altamente dañados por la explosión registrada tras el desplome, expertos canadienses, estadounidenses y europeos investigan las causas del percance y confían en recabar indicios digitales que ayuden a revelar el origen del accidente.

 

Dijo que la Dirección de Aeronáutica Civil, participó desde el primer momento en la investigación técnica y que lo primero que realizó fue establecer contacto con los fabricantes de la aeronave y la empresa que desarrolla los motores del helicóptero desplomado: Augusta y Pratt & Whitney.

 

Para ello, dijo, se cuenta con el apoyo de peritos de Canadá, técnicos de Italia e investigadores de Estados Unidos y uno de la Agencia Europea de Aviación, entre ellos los canadienses Jimmy Cancino y Nora Vallée, Luke Schiada, jefe de investigación de seguridad del Consejo Nacional de Transporte de EU y Mario Colavitta, experto italiano de la Agencia Europea de Investigación.

 

Se revisó ya la trayectoria del vuelo y se trasladaron al hangar del Aeropuerto Internacional de Puebla las partes del helicóptero accidentado para identificar los componentes faltantes y tratar de recuperarlos en el sitio del siniestro, entre ellos la unidad de geolocalización GPS e instrumentos de cabina.

 

Los motores, que aún permanecen en México para su revisión, se empacarán y se enviarán a Canadá, en donde el equipo de investigadores cuenta con microscopios de gran magnificación y baroscopios, artefactos que brindan la posibilidad de ingresar a las zonas internas de las turbinas, partes del compresor de las cámaras de combustión, lo que permite obtener imágenes con tecnología de alto nivel de resolución.

 

Morán Moguel, dijo que posiblemente en una semana se podría dar un panorama más completo de la investigación, para dar certeza y confianza de que se realiza una investigación profesional, con la intención de conocer la verdad, “vamos a llegar a la verdad y no se va a ocultar absolutamente nada, el compromiso es ese, hablar siempre con la verdad», son las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador».

 

Asimismo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la creación de la Comisión Especial para el Caso Puebla, para conocer y dar seguimiento a las investigaciones del accidente y estará integrada por diputados y senadores a propuesta del senador priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien considera que es urgente esclarecer el caso, “pues el país merece saber la verdad inobjetable”.

 

La comisión especial tendrá la capacidad de solicitar a las autoridades competentes toda la información que considere necesaria, además de que, cuando lo estime conveniente, podrá llamar a reunión a autoridades federales, estatales y municipales.