El gobierno municipal de Puerto Morelos presentó una batería de denuncias en contra de la exalcaldesa Laura Fernández Piña, actual candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición PAN-PRD-CQ, que incluyen a funcionarios de lo que fue su administración, por probable peculado, defraudación a regímenes del IMSS, negligencia, desempeño irregular de funciones y uso indebido del poder.
Las denuncias han sido interpuestas lo mismo ante las Fiscalías General de la República (FGR) y a las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Corrupción federal y estatal en contra de Fernández Piña; y Ana Luisa Betancourt, quien se desempeñó como encargada de despacho, mientras la alcaldesa hacia campaña para diputada federal.
También contra Eligio Sierra, extesorero; Raymundo Martínez, excontralor; Héctor Alcaraz, exOficial mayor; Josué Arjona, exsubsecretario de asuntos jurídicos; y Antonio Velázquez, exsecretario de Obras y Servicios Públicos.
Fernández Piña gobernó bajo las siglas del Partido Verde (PVEM) desde 2016 hasta 2021 –debido a su reelección en 2018– pero el año pasado contendió y fue electa diputada federal, para luego renunciar a su militancia en enero de 2022 en busca de la candidatura a la gubernatura de Quintana Roo por el PRD.
Los actos que se le atribuyen a ella y a funcionarios de su administración, se tradujeron en una deuda heredada al nuevo gobierno municipal, subrayó la actual edil, Blanca Merari Tziu Muñoz, quien fue postulada también por el PVEM, luego del asesinato de su marido, Ignacio Sánchez Cordero, en febrero del 2021.
En conferencia de prensa, la alcaldesa cuantificó el golpe económico en más de 503 millones de pesos, por impagos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 89 millones de pesos; al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y estatal, por 18 y 39 millones de pesos, por impago de ISR e ISN; y por 37 millones de pesos en deuda con proveedores particulares.
Además se anexan obras públicas por 33 millones y una nómina inflada del capítulo mil por 246 millones de pesos para este año, por más de mil 200 trabajadores, de los cuales muchos no se presentaban a laborar.
A ese monto se suma otra deuda, a 20 años, por poco más de 830 millones de pesos, por la firma de dos contratos –presuntamente irregulares– por la contratación de dos proyectos bajo la figura de Asociación Público Privada (APP), que comprometen al 48 por ciento las participaciones federales que el municipio debe recibir en las próximas dos décadas.
Los más de 503 millones de pesos, más el pago fraccionado de los 832 millones de pesos de las APPs, implican una deuda que rebasa los mil 274 millones de pesos, advirtió Tziu Muñoz, para un municipio cuyo presupuesto tan solo en 2022, es apenas de 493 millones 955 mil 974 pesos.
Acompañada por funcionarios del actual ayuntamiento y de regidoras y regidores del Cabildo, indicó que el tema de las APPs es la situación “más delicada” porque compromete a 20 años las participaciones federales, lo que representa un fuerte golpe económico que afecta a la población y sus servicios.
También porque ella misma, junto con la tesorera, han sido demandadas penalmente por las empresas involucradas, al negarse a pagar las facturas que les han sido presentadas. Las compañías han interpuesto amparos y juicios contencioso-administrativos como medida de presión.
La edil admitió que hay temor por la reacción y molestia que generará lo ahora hecho público; dijo que responsabilizaba a Fernández Piña y a los exfuncionarios denunciados de lo que pudiera pasarle a ella, a su familia o a sus colaboradores y agregó que no dudaba que, “en un acto de desesperación”, la ex munícipe y hoy candidata, atentara contra ella misma, “para victimizarse”.
Con información de El Universal
