La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra de la gobernadora del Estado de Campeche, Layda Sansores San Román, tras la difusión de audios en su show de todos los martes denominado «El Martes del Jaguar».
Desde hace varias semanas, la gobernadora de Campeche, ha difundido una serie de audios de conversaciones del líder del PRI, Alejandro «Alito» Moreno, que presuntamente fueron obtenidas de forma ilegal.
El titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR, Germán Castillo Banuet, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Fórmula Noticias, detalló que se inició esta investigación y se procederá a realizar los dictámenes periciales para este fin, y con ello determinar si es ilícita o no la obtención del audio.
Esto ante el posible delito de intervención de comunicación privada, previsto en el artículo 177 del Código Federal Penal. De ser encontrada responsable, la actual gobernadora, podría tener una sanción desde los 6 hasta 12 años de prisión, de acuerdo con lo que marca la legislación federal.
El Código Penal establece sanciones para aquellas personas que divulguen audios que sean productos de una intervención privada, delito que podría imputársele a la Layda Sansores, pues ella misma ha asegurado que fue la primera en darlos a conocer y que es la única que los tiene en su poder.
Pero, para poder determinar que la gobernadora efectivamente cometió un delito, la fiscalía debe determinar primero si los audios difundidos se obtuvieron de una comunicación privada y establecer que no hubo consentimiento de ninguno de los interlocutores para ser grabados.
El fiscal Castillo explicó que, de acuerdo con diversos textos legales, la difusión de audios podría no constituir un delito cuando los materiales sean dados a conocer por alguno de los participantes de la conversación y si las partes fueron informadas acerca de que su conversación fue grabada.
Recalcó que si las investigaciones determinan que la divulgación de dichos audios tuvo la intención de dañar o afectar al involucrado, en este caso el líder del PRI, en efecto se trataría de un delito.
Agregó que hasta el momento ninguno de los involucrados en este caso, ni Alejandro Moreno ni Layda Sansores, han acudido ante la Fiscalía para rendir su declaración; sin embargo, no descarto la posibilidad de que acudan en el futuro para proporcionar su testimonio.
Reveló que hasta el momento el líder priista no ha acudido ante la dependencia para presentar una denuncia formal por el supuesto espionaje del que fue víctima, sin embargo, la dependencia inició con la investigación al respecto debido a que se trata de un delito que se persigue de oficio.
Sobre el curso de las investigaciones, el fiscal explicó que en primer lugar el Ministerio Público deberá realizar un análisis técnico de los audios que fueron difundidos y que se encuentran publicados en sitios de Internet.
El fiscal Castillo explicó que en el hipotético caso de que Layda Sansores sea encontrada culpable del delito de intervención ilegal de comunicación privada, será necesario iniciar el proceso para que le sea retirado el fuero a la gobernadora.
