El Banco del Bienestar ha suscrito un contrato por 3 mil millones de pesos con Triara, una filial de Telmex, después de cambiar a su proveedor de servicios de internet debido a irregularidades.

El proveedor anterior, Sixsigma Networks México, fue señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por diversas irregularidades en la gestión opaca de grandes sumas de dinero. Triara ahora proporciona servicios para los tres edificios centrales del banco estatal, 2 mil sucursales en todo el país, mil 796 cajeros automáticos, 11 módulos para inmigrantes y 94 oficinas ensobretadoras, desde el 3 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de este año.

A pesar de las observaciones previas de la ASF sobre Triara por servicios similares prestados a la Secretaría de Salud en 2021, el Banco del Bienestar firmó el contrato con la empresa. La ASF había detectado irregularidades que podrían haber causado un daño potencial a la Hacienda pública federal por 7 millones 961 mil pesos en un contrato de 957 millones de pesos.

La Auditoría señaló que Triara aplicó costos distintos para los servicios sin justificación, generando una diferencia de casi 8 millones de pesos. Además, la falta de pormenorización en el contrato sobre el «servicio de internet» dificultó la verificación de la realización de los servicios según la propuesta económica del proveedor.

Antes de este contrato, el Banco del Bienestar había subcontratado dos centros de datos con Sixsigma Networks México, cuya gestión fue criticada por deficiencias y falta de transparencia. En 2021, la ASF instó al banco a investigar el gasto de 3 mil 753 millones 385 mil 200 pesos destinados a equipamiento tecnológico no permanente.

El contrato actual con Triara, que finalizará en diciembre de 2024, abarca servicios para el Centro de Datos principal y alterno, oficinas para continuidad operativa en caso de desastre, software, telecomunicaciones y servicios generales de infraestructura, incluida la seguridad. La empresa de Carlos Slim se compromete a proporcionar centros de datos distribuidos en la República Mexicana, estableciendo un Centro de Datos Principal y uno Alterno con una distancia mínima de 50 kilómetros entre ambos.

23 de enero de 2020. Eran los días previos a la declaración de la pandemia provocada por el virus del SARS-CoV-2 y, con una gran visión empresarial, Jorge Luis Olán Rodríguez y Jorge Amílcar Olán Aparicio crearon Romedic, S.A. de C.V. Unas semanas después, el 15 de mayo, solicitaron su inclusión en el padrón de proveedores del gobierno del estado de Tabasco.

Eran tiempos de cierre de actividades de oficinas gubernamentales debido a la pandemia, pero la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG) emitió el mismo día la cédula de registro de proveedor y en 20 días, el 5 de junio, Romedic facturó su primer contrato, de 208 millones de pesos, al gobierno de Tabasco.

La economía mundial convulsionaba y la población mexicana caía como moscas debido a la pandemia de Covid-19, pero hay visionarios que aprovechan oportunidades para emprender negocios. Jorge Amílcar Olán Aparicio es un claro ejemplo, ya que el 9 de diciembre de 2019 fundó la empresa Energy Offshore Oc, S.A. de C.V., dedicada a la venta de equipos y herramientas de seguridad.

Romedic, S.A. de C.V., enfocada en la venta de servicios y equipos médicos, es su proyecto más exitoso hasta el momento; asegurando millonarios contratos en los estados de Tabasco y Quintana Roo, según información disponible en el Portal Nacional de Transparencia.

El éxito de Romedic impulsó la creación de otras empresas. El 8 de diciembre de 2020, Olán Aparicio estableció Diagnóstico Biomolecular, S.A. de C.V., y diez días después, el 17 de diciembre, fundó la Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, S.A. de C.V.

Romedic fue creada un día antes del cumpleaños número 39 de Olán Aparicio y logró un contrato de 208 millones 213 mil pesos apenas 20 días después de ingresar al padrón de proveedores del gobierno del Tabasco. Además, en diciembre del 2020, realizó dos ventas adicionales a la Secretaría de Salud del estado, por 99 millones 522 mil pesos y 4 millones 503 mil pesos, totalizando 312 millones 238 mil pesos a dicha dependencia. También vendió un millón de pesos en materiales y accesorios médicos al ISSET en octubre de 2020.

Romedic replicó su éxito en Quintana Roo en diciembre de 2022, obteniendo un contrato de 304 millones 578 mil pesos para la venta de medicamentos y material de curación en unidades médicas de primer y segundo nivel.

Sin embargo, poco después de firmar el contrato con el gobierno de Quintana Roo, la Cofepris emitió un boletín advirtiendo sobre la compra de medicamentos a Romedic, ya que no se pudieron verificar las condiciones sanitarias de su establecimiento ubicado en la colonia El Recreo de la capital tabasqueña. A pesar de este revés, Jorge Amílcar, acostumbrado a resurgir de situaciones adversas, continúa con sus emprendimientos:

Según un reportaje de Latinus, Romedic recibió contratos millonarios por parte del gobierno federal, a pesar de las irregularidades detectadas por la Cofepris. La empresa tiene como dirección fiscal el número 238 de la avenida Universidad de Villahermosa, donde opera una tienda de pisos y azulejos, cuyo nombre comercial es propiedad de Amílcar Olán.

El Congreso de la Ciudad de México no ratificó a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) después de una discusión que se prolongó por dos horas. El pleno legislativo votó con 41 a favor, 25 en contra y ninguna abstención, rechazando así el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, la cual, el pasado 7 de diciembre, respaldó la permanencia de Godoy Ramos al frente de la Fiscalía por cuatro años más.

Aunque la votación fue favorable al dictamen, los legisladores de Morena y sus aliados necesitaban alcanzar 44 votos para obtener la mayoría calificada entre los 66 diputados locales, y les faltaron tres votos. Como resultado, no se pudo ratificar a Ernestina Godoy en su cargo.

En el periodo extraordinario llevado a cabo este lunes, se retomó la lista de oradores pendiente desde la sesión del 13 de diciembre del 2023. Durante sus intervenciones, los miembros de Morena elogiaron la labor de Godoy Ramos al frente de la institución, mientras que los representantes del PAN y PRI argumentaron que el proceso de ratificación fue «opaco» y no tuvo en cuenta a las víctimas. Además, acusaron persecución política a la oposición y mencionaron varios casos polémicos atendidos por la Fiscalía de Godoy, como el colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro.