La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, cumplió con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al realizar designaciones para ocupar cargos clave en la Secretaría Ejecutiva, direcciones ejecutivas y unidades técnicas del organismo.
En consonancia con la política de equidad de género, propuso perfiles profesionales que garantizan la diversidad, resultando en cuatro nombramientos de mujeres y dos de hombres. Según comunicado del INE, esos seleccionados destacan por sus capacidades profesionales, asegurando imparcialidad, certeza e independencia en el proceso electoral que se avecina el 2 de junio.
En respuesta a la sentencia que facultó a la Presidencia realizar estos nombramientos y garantizar los principios rectores del INE, se presentaron cuatro designaciones. Claudia Edith Suárez Ojeda fue nombrada encargada de la Secretaría Ejecutiva; Amaranta Arroyo Ortíz asumió la dirección ejecutiva de Administración.
Asimismo, Guadalupe Yessica Alarcón Góngora fue designada directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, mientras que María del Carmen Urías Palma asumió la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales.
Por otra parte, Félix Manuel De Brasdefer Coronel será el encargado de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y Roberto Carlos Félix López asumió la dirección ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Taddei Zavala destacó que estos nombramientos garantizan la imparcialidad, independencia y objetividad requeridas para el éxito del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2023-2024. Además, subrayó que los designados poseen las credenciales, experiencia y capacidad profesional necesarias para cohesionar la Junta General Ejecutiva del INE.
En su sesión de este miércoles, el INE aprobó seis nuevos nombramientos.
En un intrigante giro de los acontecimientos que rodean el escándalo provocado por la asignación directa de tres contratos a la misteriosa Comercializadora Realza en 2019, la cual supuestamente debía proveer de manera «urgente» hidrogel para el programa Sembrando Vida por un monto de 728 millones de pesos, la Secretaría del Bienestar ahora alega que dicha proveedora nunca cumplió con la entrega oportuna de los bienes y servicios. Como consecuencia, las tres adjudicaciones fueron revocadas.
En respuesta a una solicitud de transparencia presentada por el periodista Fernando Toledo y Rivadeneyra, la nueva declaración de la Secretaría del Bienestar deja un sinfín de incertidumbres sobre las artimañas que pudieron haber ocurrido durante la gestión de Joaquín Díaz Mena, actualmente aspirante por tercera vez al cargo de gobernador en Yucatán. No se esclarece la manera en que se asignaron los contratos de forma directa, a pesar de que el proveedor no cumplía con los requisitos y estaba bajo la lupa del SAT por simular sus operaciones comerciales.
La urgencia que supuestamente justificó en ese momento el programa Sembrando Vida para obtener hidrogel tampoco se aclara ahora. Comercializadora Realza nunca poseyó almacenes de hidrogel; sus dos direcciones fiscales son viviendas de interés social en el fraccionamiento Ciudad Caucel, una destinada a la venta de comida japonesa Sushi en la calle 31 No.379-D, y otra con un carrito de perros calientes en la calle 53 No.605.
A pesar de las reticencias iniciales de la delegación de la Secretaría del Bienestar para recibir la solicitud de información, Toledo y Rivadeneyra ejerció su derecho constitucional a la información y solicitó copias simples de los contratos en cuestión, así como un desglose detallado de los materiales adquiridos y la lista de beneficiarios. La respuesta de María Eugenia López García, directora de Análisis e Información Institucional de la Secretaría del Bienestar, reveló que los contratos fueron rescindidos debido a la falta de entrega de bienes en el tiempo y forma acordado.
Toledo y Rivadeneyra anticipa que presentará nuevos recursos legales para descubrir si el contrato fue asignado a otra empresa, cómo se abordó la «urgencia» que justificó la contratación directa de Realza y, por supuesto, cómo esta empresa ficticia figuró en la lista de proveedores de la dependencia. El manto de dudas que rodea este episodio plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las acciones tomadas durante ese período.
La Secretaría del Bienestar revela que la polémica Comercializadora Realza no entregó en forma y tiempo hidrogel para el programa «Sembrando Vida», por lo cual se rescindieron los tres contratos de asignación directa, por un monto total de $728 millones.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) revelar de manera detallada la información relacionada con el monitoreo de los medios de comunicación impresos y digitales a nivel nacional. Esta solicitud abarca tanto el periodo no electoral como el electoral.
La instrucción del INAI establece que la información debe desglosarse por fecha, nombre del medio, tipo del medio, subtipo de medio y contenido de la pieza informativa, incluyendo transcripciones, capturas o cualquier pieza de información original recopilada por el INE.
Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del INAI, subrayó la importancia de la circulación de información de calidad y fidedigna para que la sociedad pueda tomar decisiones informadas, crucial para una democracia participativa. Destacó el papel del INAI como aliado en la construcción de ciudadanía y enfatizó la relevancia de esta resolución para contribuir a un voto informado.
La comisionada mencionó que la jornada electoral del 2 de junio próximo será la más grande en la historia de México, con la elección de más de 20 mil cargos a nivel federal y cerca de 20 mil en elecciones locales. La apertura al escrutinio público de la información sobre el monitoreo de medios permite que los ciudadanos conozcan cómo el árbitro electoral nacional cumple con una de sus funciones fundamentales para la preservación de la democracia mexicana.
La solicitud original fue presentada por un particular al INE, que respondió proporcionando enlaces al portal de informes de monitoreo del INE y vínculos electrónicos para consultar spots de radio y televisión. Ante la insatisfacción del solicitante, quien interpuso un recurso de revisión, el INAI determinó que el INE incumplió el procedimiento de búsqueda y utilizó un criterio restrictivo. Por unanimidad, el pleno del INAI revocó la respuesta del INE y le instruyó realizar una nueva búsqueda exhaustiva y congruente, proporcionando la información detallada solicitada.
El INE deberá rendir un informe pormenorizado de la cobertura mediática de las elecciones del 2 de junio de 2024
Ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, a quienes se les revocó la prisión preventiva el pasado sábado, abandonaron la prisión del Campo Militar 1-A en las primeras horas de este miércoles. Su liberación conlleva el desarrollo de su proceso penal por el cargo de desaparición forzada en completa libertad, según informaron fuentes vinculadas al ámbito militar.
La salida de dichos individuos de las instalaciones castrenses tuvo lugar por la puerta 3 del Campo Militar, enlazando con la avenida Conscripto, una ubicación cercana a la zona que fue objeto de vandalismo por parte de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en el año 2022, tal como precisaron las fuentes consultadas.
Estos elementos castrenses cumplieron con las medidas cautelares estipuladas por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo. Dichas medidas incluyeron el desembolso de una fianza de 50 mil pesos, así como la entrega de sus pasaportes como garantía de su permanencia en el país.
A partir de este momento, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, se verán obligados a comparecer ante el juzgado de distrito los días 1 y 16 de cada mes, donde deberán firmar el libro de procesados.
Adicionalmente, se les impuso la restricción de salir del país y de aproximarse al estado de Guerrero, escenario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También se les prohíbe cualquier tipo de contacto o comunicación con las víctimas o testigos protegidos, siempre y cuando esto no menoscabe su derecho a la defensa.
Los militares cubrieron las medidas cautelares impuestas por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, consistentes en el pago de una garantía de 50 mil pesos, así como la entrega de su pasaporte.
En Hidalgo, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) han asegurado dos pozos ilegales de agua operados por una compañía extranjera. Durante el operativo de cumplimiento de una orden de cateo en el sitio ubicado en la Carretera Federal Pachuca – Ciudad Sahagún, Emiliano Zapata, Hidalgo, se descubrió la presencia de 148 trabajadores de nacionalidad china. De este grupo, 39 individuos carecían de la documentación necesaria para permanecer legalmente en el país.
La acción de aseguramiento se llevó a cabo como resultado de una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el apoderado legal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Además de los pozos ilegales, las autoridades incautaron un tractocamión, una plataforma tipo remolque, un camión, un vehículo pipa, una camioneta tipo pick up, dos máquinas perforadoras montadas en una plataforma, y un predio que abarca aproximadamente 763 mil metros cuadrados.
Todos estos bienes, junto con la propiedad en cuestión, quedaron bajo la custodia de las autoridades federales mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones correspondientes. Los trabajadores extranjeros fueron entregados al Instituto Nacional de Migración (INM) para tomar las medidas apropiadas en cuanto a su situación migratoria.
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en Hidalgo, dos pozos ilegales de agua que eran explotados por una empresa extranjera; en el lugar localizaron a 148 trabajadores de nacionalidad china, de los cuales 39 no tenían documentos para permanecer en el país.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Banco del Bienestar a proporcionar la documentación que detalle el monto pagado a instituciones bancarias comerciales por las dispersiones a tarjetas del bienestar, abarcando el periodo de 2018 a noviembre de 2023.
Este recurso permite entender la conexión entre el Banco del Bienestar y la banca comercial como medio para facilitar las dispersiones de recursos a las tarjetas del bienestar, subrayando el papel en expansión del Banco como la entidad financiera principal para la entrega de programas sociales en México.
El Banco del Bienestar, que emergió en junio de 2019 en sustitución de Bansefi, inicialmente necesitó apoyarse en la infraestructura operativa de otros bancos comerciales para operar de manera eficiente.
La solicitud específica que motivó la intervención del INAI fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, solicitando conocer el monto pagado a instituciones bancarias comerciales que realizaron las dispersiones a tarjetas del bienestar desde 2018 hasta noviembre de 2023. La respuesta inicial del Banco del Bienestar, declarándose incompetente y sugiriendo dirigir la solicitud a las dependencias responsables de los programas sociales, llevó al recurrente a interponer un recurso de revisión ante el INAI.
En su resolución, el INAI consideró fundado el recurso de revisión, indicando que el Banco del Bienestar sí es competente para proporcionar la información solicitada. La comisionada Julieta Del Río Venegas destacó que dentro de la estructura del Banco se encuentra la Gerencia de Dispersión y Control, una unidad administrativa clave que no fue consultada inicialmente y que está encargada de verificar el cumplimiento de los procesos de dispersión de recursos.
En consecuencia, el INAI revocó la respuesta del Banco del Bienestar y le instruyó asumir su competencia, entregando la documentación respaldando las dispersiones a tarjetas del bienestar durante el periodo solicitado.
Banco del Bienestar debe proporcionar la documentación que detalle el monto pagado a instituciones bancarias comerciales por las dispersiones a tarjetas del bienestar, abarcando el periodo de 2018 a noviembre de 2023.
“La próxima administración federal arrancará en un contexto terrible: importantes retrocesos en seguridad, fortalecimiento de los grupos delictivos, una creciente participación de los jóvenes en la criminalidad, así como con los mayores índices de violencia e impunidad de nuestra historia”, advierte Francisco Rivas Rodríguez, director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano.
“Ya vimos –detalla– los efectos de un gobierno que soslaya su responsabilidad, desmantela instituciones, debilita el gasto, protege a los delincuentes, revictimiza y dirige una campaña en contra de periodistas y activistas: esa administración pasará a la historia como el peor gobierno en materia de seguridad y justicia”.
Agrega el activista que se trata de “un gobierno que fracasó en proteger a los mexicanos y heredará a la próxima administración las peores condiciones de incidencia delictiva y violencia que podamos recordar”.
Rivas sostiene que se debe insistir en que la ruta actual, con la misma lógica y el gasto en seguridad, llevará a un aumento de la ya gravísima crisis de violencia e impunidad.
Según las cifras de la ONG, los niveles de homicidios en esta administración, cuyo lema ha sido “abrazos, no balazos”, superan incluso los de la “guerra contra el narcotráfico” emprendida en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
“Cuando las tasas de homicidios dolosos son desagregadas a nivel estatal, se identifica lo lejos que está el país de superar la violencia enquistada desde hace más de 15 años. Las entidades del noroeste del país y aquellos ubicados en la costa sur del Pacífico mantienen altos niveles de violencia letal. Aunque se afirme que hay reducción del delito, hay poblaciones que están experimentando niveles de violencia récord, como Zacatecas y Guanajuato”.
Asimismo los resultados estatales del Índice de Paz en México (IPM) muestran que desde 2022 Colima se consolidó como el estado más violento del país, con un incremento exponencial de la inseguridad, al arrojar la peor calificación de paz y la tasa de homicidios más alta.
“La violencia en Colima se intensificó en la última década, después de que los cárteles mexicanos cambiaran sus intereses de las drogas de origen vegetal, como la mariguana y la heroína, a las drogas sintéticas. De este modo, los cinco mil 600 kilómetros cuadrados que abarca el estado se han convertido en un sitio de gran interés para los cárteles de la droga que operan en México.
El puerto de Manzanillo es ideal para que arriben desde Asia los precursores químicos empleados para la fabricación de opioides y otras drogas sintetizadas en laboratorios clandestinos en México y posteriormente trasladadas por aire, mar y tierra por la frontera de Estados Unidos.
“La lucha por el dominio de Manzanillo entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas ha hecho que Colima se convierta en un foco de violencia, con un aumento de 169% en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada entre 2016 y 2022”, señala el informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El 26 de julio de 2023 la Secretaría de Marina, vía la Armada de México, informó que personal naval, en coordinación con la Aduana de Manzanillo, aseguró aproximadamente cinco mil 400 kilos de metanfetamina contenidos en botellas de mezcal artesanal.
El aseguramiento fue resultado de la inspección a un contenedor señalado de portar carga ilícita en un buque de bandera liberiana con destino a Australia. En él se localizaron siete mil 200 botellas de mezcal artesanal con un peso bruto de nueve mil 440 kilos.
Más contundente es el balance empresarial. “El sexenio de Andrés Manuel López Obrador será el más violento de la historia de México. Los asesinatos son los delitos que más nos lastiman como sociedad. Duele profundamente confirmar que la herencia que dejará la administración, a 10 meses de concluir, es ser el sexenio más violento de la historia”, lamenta José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desde finales de 2023.
El dirigente afirma que, en 58 meses de gobierno, se registra un alarmante aumento de 50% de homicidios en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador se han registrado más de 134 mil 594 homicidios (documentados) en carpetas de investigación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo 89 mil 860 carpetas por homicidio”, afirma el líder patronal.
De acuerdo con el mapa del narcotráfico en México elaborado por el gobierno de Estados Unidos que se difundió en noviembre pasado, las fuertes disputas por el control del tráfico de drogas y otros delitos sigue generando una ola de violencia en el país, la cual causa que la presencia de las organizaciones criminales sea “difusa”, tras las fragmentaciones de sus estructuras, aunque se mantienen las principales y las más antiguas.
Las autoridades no han informado o actualizado algún documento sobre el dominio de estos grupos en territorio nacional, pero documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), filtrados en la llamada Guacamaya Leaks, mencionan incluso a grupos locales de los cuales no se tenía mayor información.
De acuerdo con el documento “Mexico: Organized Crime and Drug Trafficking Organizations”, del Servicio de Investigación del Congreso, fechado en junio de 2022 y firmado por June S. Beitttel, el CJNG es la organización con mayor presencia en México y domina Jalisco, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Nayarit y Baja California Sur.
La organización que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, está presente en otros 11 estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Además, se disputa otras entidades con otros cárteles o grupos locales.
Y aunque para el exagente de la DEA Mike Vigil el Cártel de Sinaloa es la “más potente que existe en el mundo porque opera en seis de los siete continentes”, según el reporte para el Congreso estadunidense esa organización controla Sinaloa y Durango, mientras que tiene presencia en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Baja California y Quintana Roo.
El grupo que encabezan Ismael el Mayo Zambada, Los Chapitos, Aureliano Guzmán Loera, el Guano, y Rafael Caro Quintero se pelean con el CJNG Sonora, Zacatecas y Baja Caja California, pero también Chihuahua con el Cártel de Juárez. En el sur el Cártel de Sinaloa o del Pacífico se enfrenta con Los Zetas en Veracruz y Tabasco.
La misma investigación indica que el Cártel del Golfo tiene su base de operaciones en Tamaulipas, y aunque ya no domina alguna entidad, está presente en Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo; en tanto que se pelea con Los Zetas Tamaulipas y Veracruz.
Este grupo criminal, fundado por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén –quien posiblemente salga de prisión en agosto, está aliado con el CJNG en algunos estados.
El Cártel del Golfo se ha escindido varias veces, por lo que algunos analistas ya no la consideran como una sola organización, sino varias, como Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Rojos, Los Metros y Las Panteras, facciones que combaten entre ellas.
De igual forma, el Cártel de los Beltrán Leyva no domina ningún estado, pero tras “una serie de reveses a manos de las fuerzas de seguridad, comenzando con el asesinato de Arturo Beltrán en 2009, y seguido de por el arresto de Carlos Beltrán Leyva”, mantienen su presencia en Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas.
El documento señala que Los Rojos, organización disidente del Cártel de los Beltrán Leyva, tiene presencia en Morelos y el Estado de México.
En el caso de Los Zetas, que fueron el brazo armado del Cártel del Golfo, operan en Tamaulipas, Nuevo León y Zacatecas, donde se enfrentan con el CJNG y el Cártel del Golfo. También se ha identificado su presencia en Oaxaca y Quintana Roo. Además del tráfico de heroína y cocaína, esta organización se dedica al robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y otros delitos.
De esa organización se desprendió el Cártel del Noreste, “una versión renombrada del núcleo tradicional de Los Zetas”, la cual tiene presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca y Quintana Roo.
A su vez, Los Caballeros Templarios, Los Viagras y La Familia Michoacana están presentes en el Estado de México, Guerrero y Michoacán. En algunas regiones de estas entidades estos grupos y otros formaron una alianza (Cárteles Unidos) para combatir el arribo del CJNG.
A su vez el Cártel de Tijuana, también conocido como el de Los Arellano Félix, domina ese municipio fronterizo de Baja California, mientras que el Cártel de Juárez lo hace en Ciudad Juárez, Chihuahua. Aunque por la posición estratégica de ambos estados concurren ahí el CJNG y el Cártel de Sinaloa en la disputa por las plazas.
A su vez, en la CDMX operan por lo menos 13 grupos delictivos: la Unión Tepito, Fuerza Anti Unión, Cártel de Tláhuac, Los Rodolfos, Los Canchola, CJNG, Ronda 88, Güero Fresa, Los Molina, Los Maceros, Los Tanzanios, El Maestrin y Juan Balta.
En la región de la frontera sur del país, el pasado 16 de enero la violencia provocada por el Cártel de Sinaloa y el CJNG obligó a la población chiapaneca de Chicomuselo a huir de sus tierras.
Los habitantes desplazados denunciaron que el Ejército y la Guardia Nacional irrumpieron en el ejido de Nueva América, lanzaron gases lacrimógenos y amenazaron a los pobladores, luego de acusarlos de formar parte de los cárteles que el pasado 15 de enero se enfrentaron en la zona.
Diversos pobladores narraron que las Fuerzas Armadas entraron al ejido “quitando las cercas” instaladas por ellos “para evitar el ingreso de los cárteles” y resguardarse de “la creciente violencia”.
En un comunicado, los pobladores relataron que cientos de familias de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia “se encuentran huyendo por el ingreso de las Fuerzas Armadas” tras el enfrentamiento de los cárteles en la noche del lunes 15, y señalaron que los militares violentan a la sociedad civil en vez de actuar contra las bandas delictivas:
“¿Por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años? En su lugar, entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.
“Además de los bloqueos y retenes del crimen organizado, en donde los grupos revisan celulares y mochilas, también impusieron el cobro de paso y de piso y controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos”.
Por ello, los desplazados hacen un llamado urgente a la comunidad internacional “a que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no sólo por la violencia del crimen organizado, ahora es por el ataque que sufrimos por parte de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el Ejército, quienes se están violentando con la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos”.
“Este gobierno fracasó en proteger a los mexicanos y heredará a la próxima administración las peores condiciones de incidencia delictiva y violencia que podamos recordar”, Observatorio Nacional Ciudadano.
Dos miembros de la comunidad LeBarón, incluyendo el hermano del activista Julián LeBarón, fueron liberados tras ser secuestrados en el municipio de Madera, Chihuahua. Christian Bruce LeBarón Jhonson y Shem Lamar Stubbs Gwin regresaron a su comunidad la madrugada de este martes, mientras que Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob aún permanecen desaparecidos.
Julián LeBarón confirmó la información a través de X (antes Twitter) y señaló que la comunidad mormona organiza una movilización para exigir al gobierno de Chihuahua resolver la ausencia de los otros dos secuestrados.
Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua no ha emitido comentarios sobre el caso. El secuestro fue reportado la tarde de ayer lunes, cuando los cuatro miembros de la comunidad fueron presuntamente plagiados el domingo por la noche en la zona de la sierra. Julián LeBarón difundió un mensaje de vídeo en redes sociales informando sobre la desaparición y pidiendo a la gente de la región que proporcione cualquier información que pueda ayudar a encontrar a los secuestrados.
Adrián LeBarón, también activista y miembro de la comunidad, expresó en redes sociales que, a pesar de no ser el primer golpe contra su comunidad, no se dejarán vencer y seguirán buscando vivir en paz. Se difundió una ficha de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas, y se hizo un llamado a la colaboración de la comunidad para obtener información que contribuya a su localización.
Christian Bruce LeBarón Jhonson y Shem Lamar Stubbs Gwin regresaron a su comunidad la madrugada de este martes, mientras que Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob aún permanecen desaparecidos.
Dos miembros de la comunidad LeBarón, incluyendo el hermano del activista Julián LeBarón, fueron liberados tras ser secuestrados en el municipio de Madera, Chihuahua. Christian Bruce LeBarón Jhonson y Shem Lamar Stubbs Gwin regresaron a su comunidad la madrugada de este martes, mientras que Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob aún permanecen desaparecidos.
Julián LeBarón confirmó la información a través de X (antes Twitter) y señaló que la comunidad mormona organiza una movilización para exigir al gobierno de Chihuahua resolver la ausencia de los otros dos secuestrados.
Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Chihuahua no ha emitido comentarios sobre el caso. El secuestro fue reportado la tarde de ayer lunes, cuando los cuatro miembros de la comunidad fueron presuntamente plagiados el domingo por la noche en la zona de la sierra. Julián LeBarón difundió un mensaje de vídeo en redes sociales informando sobre la desaparición y pidiendo a la gente de la región que proporcione cualquier información que pueda ayudar a encontrar a los secuestrados.
Adrián LeBarón, también activista y miembro de la comunidad, expresó en redes sociales que, a pesar de no ser el primer golpe contra su comunidad, no se dejarán vencer y seguirán buscando vivir en paz. Se difundió una ficha de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas, y se hizo un llamado a la colaboración de la comunidad para obtener información que contribuya a su localización.
Christian Bruce LeBarón Jhonson y Shem Lamar Stubbs Gwin regresaron a su comunidad la madrugada de este martes, mientras que Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob aún permanecen desaparecidos.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito ha decidido que México puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos, reviviendo un caso presentado por el Gobierno mexicano contra destacadas empresas de la industria armamentista estadounidense.
Este fallo anula el obstáculo principal que enfrentaba la causa mexicana: la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA), que otorga inmunidad a la industria armamentista ante demandas relacionadas con el mal uso de sus productos. La corte argumentó que la demanda mexicana presentó de manera plausible por qué la inmunidad no debería aplicarse en este caso específico.
Este fallo histórico marca la primera vez que una corte de apelaciones decide en contra de la inmunidad otorgada a las armerías por la PLCAA desde su entrada en vigor en 2005. La demanda mexicana acusa a seis armerías y un distribuidor de armas, incluyendo a empresas prominentes como Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger, de prácticas comerciales negligentes. Se alega que estas compañías tienen estrategias deliberadas de mercadotecnia y diseño de productos para atraer a grupos criminales y beneficiarse del tráfico ilegal de armas.
El caso se inició durante la gestión de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con el objetivo de responsabilizar a las armerías por su contribución a la violencia armada en el país. A pesar de diversos obstáculos legales, las autoridades mexicanas buscan una indemnización por daños que podría llegar al 2% del PIB de México. El proceso legal regresa ahora a un tribunal de Massachusetts para ser revisado nuevamente, marcando un paso significativo en la batalla legal que se espera que dure varios años.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito decidió que México sí puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos. El asunto regresa ahora a un tribunal de Massachusetts, el mismo que rechazó la demanda en septiembre de 2022
