Mujeres, activistas, periodistas, académicas e integrantes de colectivas exigen la renuncia de Rosario Piedra Ibarra al cargo de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a distintas leyes del estado de Yucatán que establece no ser deudor alimentario como requisito para que un hombre pueda ser designado funcionario público.
La Ombudsperson promovió la acción de inconstitucionalidad a esos lineamientos, acordados originalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE), argumentando que violan el derecho de igualdad y no discriminación de los aspirantes a ocupar un cargo popular o un lugar en la administración pública. En su razonamiento, exigir a los padres los alimentos atenta contra la libertad de trabajo y de acceso a un empleo en el servicio público.
En respuesta, las colectivas feministas afirman que los lineamientos –que fueron aprobados unánimemente y apoyados por todos los partidos políticos– son hoy una herramienta para prevenir la violencia contra las mujeres. En consecuencia, lo que demanda la CNDH altera al fortalecimiento del Estado social de derecho, que garantiza que todas las personas, gobernantes e instituciones se sujeten al cumplimiento de leyes respetuosas de los derechos humanos, y que se apliquen de forma equitativa, justa y eficiente.
Consideran que Rosario Piedra intentar quitar el derecho que tienen niñas y niños a recibir una pensión por parte del padre y afirman que su acción “raya en una maldad sin límites”.
Este miércoles solicitarán formalmente su renuncia ante el Senado de la República con un documento firmado por miles de mujeres “hartas de agresiones institucionales”.
También solicitarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación que confirme la constitucionalidad de las reformas en Hidalgo y Yucatán, que adoptaron en su legislación, y los lineamientos 3 de 3 contra la violencia, ya ley, y que tienen por objeto garantizar que quien aspire a una candidatura deba cumplir con tres criterios: no ser acosador sexual, no ser deudor de pensión alimentaria y no tener reporte de cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
Los documentos de inconformidad y la petición de firmas recogen acuerdos internacionales y legislación que condena la falta de responsabilidad de los padres de no pagar alimentos a sus hijos en separaciones, divorcios y otros casos (sólo dos de cada 10 infantes reciben pago de alimento).
En México, 40 por ciento de los hogares son sostenidos por una mujer; muchas demandan pensión alimenticia, pero los juicios suelen ser muy largos. En Oaxaca, por ejemplo, un juicio de este tipo tarda siete años, mientras que en Yucatán puede tardar hasta 20.
En este contexto, el recurso de inconstitucionalidad “es inaceptable”, afirmaron desde hace cinco días organizaciones como Brujas del Mar, Nosotras Tenemos Otros Datos, Las Constituyentes Feministas, Red Nacional de Alertistas, Red por ti, por mí, por todas, Aquelarre Materna, Mujer Sola, Rebeldes con Causa y La Manada, por lo que, ahora interpondrán un recurso jurídico conocido como amicus curiae.
El documento extraña que sea la CNDH –organismo constitucional cuyo objeto de creación es velar y proteger los derechos humanos y el encargado de observar, dar seguimiento, evaluar y monitorear las acciones del Estado en materia de igualdad entre mujeres y hombres–, quien se afane para que se invaliden dichas normas.
Desde hace dos años colectivas de mujeres impulsan la iniciativa 3 de 3 contra la violencia, para que un deudor alimentario no pueda acceder a una candidatura o puesto de elección popular, la cual también se aprobó en Querétaro, Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Yucatán.
Y ahora litigarán en la Corte la acción de inconstitucionalidad de la CNDH porque “no aceptamos esta patraña”, precisó a SemMéxico la abogada Patricia Olamendi Torres.
Consideran injustificables los razonamientos de Rosario Piedra y afirman que “esta señora está aliada a lo peor que tenemos, que son los deudores alimentarios, personas a las que la sociedad debería rechazar de entrada”, insistió Patricia Olamendi, integrante de la red Nosotras Tenemos Otros Datos.
La exdiputada federal por Morena, Lorena Villavicencio, integrante de los colectivos Todas MX y Mujeres en Plural, dijo que es preocupante que una institución como la CNDH recurra a una acción de inconstitucionalidad, lo que refleja “su falta de compromiso con las mujeres, con las feministas y con la niñez mexicana”.
La acción de inconstitucionalidad de Piedra Ibarra coincide con la campaña para convertir en ley la 3 de 3 en toda la República.
Con información de El Sol de México
