- El incumplimiento reiterado a cumplir con un mandato judicial pone en severo riesgo económico al fraccionamiento
- Un juzgado federal pone en evidencia el contubernio entre el Ayuntamiento de Cuautlancingo y la mesa directiva de STG
Por Amparo Menchaca
Tras años de un costoso y desgastante litigio, el reloj de la justicia corre en contra de más de 300 familias que residen en Santa Cruz Guadalupe, un fraccionamiento que otrora fuese modelo de convivencia, buenos servicios y armonía. Hoy, en cambio permanece en un estado de abandono casi absoluto, con calles destrozadas, con plagas, jardines y áreas verdes sin mantenimiento y con crecientes problemas de alumbrado e inseguridad.
Como lo hemos informado, la negativa de un pequeño grupo de vecinos que durante casi cuatro años se hizo del control de la mesa directiva, aunado a actos de corrupción en el ayuntamiento panista de Cuautlancingo, ha puesto en jaque la estabilidad del fraccionamiento debido a la multa millonaria que un juzgado federal ha dictado ante el incumplimiento reiterado de sendas resoluciones dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el juicio de amparo indirecto 1687/2019.
Desde hace más de cuatro años, los propietarios afectados en sus legítimos derechos, aún habiendo obtenido el amparo de la justicia en varias ocasiones, se han visto impedidos de disponer de terrenos que forman parte de Santa Cruz Guadalupe, debido a la cerrazón de las mesas directivas encabezadas por Iliana Barroeta e Iván Castañeda, quienes han sorprendido la buena fe y la confianza de sus vecinos al propalar versiones falsas acerca del destino de esas propiedades, como ha quedado fehacientemente demostrado en los procesos judiciales resueltos.
Específicamente, se señala el doble papel que juega el actual presidente, Iván Castañeda, al representar como abogado los intereses de varios dueños de terrenos aledaños a Santa Cruz Guadalupe, cuya pretensión es extender los límites del fraccionamiento para elevar la plusvalía de sus propiedades.
Así las cosas, cuando a mediados del 2022 se avizoraba una solución de acuerdo al derecho y a la ley, entraron en juego dos funcionarios del ayuntamiento que preside Filomeno Sarmiento Torres, quien habría ordenado la obstrucción a los titulares de las direcciones de Obras Públicas y Desarrollo Urbano: Sandra María Tlaque Gómez y Juan Carlos Cotzomi Solís, respectivamente.
En el modus operandi del llamado Cartel Inmobiliario de Cuautlancingo, participaría también, de acuerdos a fuentes del ayuntamiento consultadas, la síndico municipal Lizbeth García Pedraza, no sólo en el citado fraccionamiento sino en otras colonias y demarcaciones chantajeando a poseedores y dueños de bienes inmuebles mediante un esquema copiado del que condujo a demandas penales en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, igualmente gobernadas por el PAN en la ciudad de México.
