⁃ La mesa directiva que preside Iliana Barroeta Pérez pone en grave riesgo la seguridad de más de 300 colonos
⁃ Denuncian a Barroeta por exigir moches del 10 por ciento a proveedores de la conocida unidad habitacional
Por AMPARO MENCHACA
El 19 de noviembre del 2019 en este espacio se dieron a conocer las irregularidades que hoy mantienen en zozobra permanente a los residentes del fraccionamiento Santa Cruz Guadalupe. Una historia plagada de abusos, ilegalidades y corrupción.
El tiempo ha confirmado los peores temores de los vecinos que hace 16 meses se acercaron a la reportera para manifestar su inconformidad y disgusto frente al estilo autoritario que desde el comienzo de su gestión exhibió la psicóloga Iliana Barroeta, quien en aquel momento se negó a responder a los cuestionamientos de nuestro medio.
Un estilo autoritario que le permitió imponer su voluntad a sus supuestos representados, que la han visto no solamente prolongar ilegalmente el periodo de la mesa directiva sin la menor rendición de cuentas, imponiendo decisiones que van en contra de los intereses del fraccionamiento.
Así, con la complicidad de quienes han sido señalados en la denuncia penal interpuesta por la empresa de seguridad Grupo Bazvic, cuyo prestigio profesional se trató de poner en entredicho por negarse a otorgar un moche del 10 por ciento de su contrato, exigido por Barroeta para renovar su servicio.
Lo anterior se detalla en la querella presentada el pasado 8 de marzo ante la Fiscalía General del Estado, en la que se relatan los hechos que provocaron el aumento de la presión de los vecinos del fraccionamiento para que cesen las acciones abusivas y delincuenciales de la mesa directiva presidida por Barroeta Pérez.
Y es que, de acuerdo a testimonios recibidos por esta reportera, el aferramiento de Barroeta y los demás integrantes de la mesa obedece a intereses inconfesables, y principalmente al manejo opaco de las cuotas que mensualmente superan los 300 mil pesos.
En contraste, en el fraccionamiento se observa un abandono casi total del mantenimiento, con calles plagadas de baches, basura, luminarias inservibles y áreas comunales deterioradas.
Claramente el problema ha rebasado a las autoridades del ayuntamiento de Cuautlancingo y ahora serán las instancias judiciales las que se encarguen de poner un alto a Barroeta y la obliguen a la rendición de cuentas que ha logrado eludir durante más de dos años.
Por último, el Grupo Bazvic ha anunciado que debido a la falta de pagos, a partir del 15 de marzo se verán obligados a suspender el servicio de vigilancia al fraccionamiento, que quedará inerme frente a la ola de robos y asaltos que se multiplican en la zona.
