En un intrigante giro de los acontecimientos que rodean el escándalo provocado por la asignación directa de tres contratos a la misteriosa Comercializadora Realza en 2019, la cual supuestamente debía proveer de manera «urgente» hidrogel para el programa Sembrando Vida por un monto de 728 millones de pesos, la Secretaría del Bienestar ahora alega que dicha proveedora nunca cumplió con la entrega oportuna de los bienes y servicios. Como consecuencia, las tres adjudicaciones fueron revocadas.
En respuesta a una solicitud de transparencia presentada por el periodista Fernando Toledo y Rivadeneyra, la nueva declaración de la Secretaría del Bienestar deja un sinfín de incertidumbres sobre las artimañas que pudieron haber ocurrido durante la gestión de Joaquín Díaz Mena, actualmente aspirante por tercera vez al cargo de gobernador en Yucatán. No se esclarece la manera en que se asignaron los contratos de forma directa, a pesar de que el proveedor no cumplía con los requisitos y estaba bajo la lupa del SAT por simular sus operaciones comerciales.
La urgencia que supuestamente justificó en ese momento el programa Sembrando Vida para obtener hidrogel tampoco se aclara ahora. Comercializadora Realza nunca poseyó almacenes de hidrogel; sus dos direcciones fiscales son viviendas de interés social en el fraccionamiento Ciudad Caucel, una destinada a la venta de comida japonesa Sushi en la calle 31 No.379-D, y otra con un carrito de perros calientes en la calle 53 No.605.
A pesar de las reticencias iniciales de la delegación de la Secretaría del Bienestar para recibir la solicitud de información, Toledo y Rivadeneyra ejerció su derecho constitucional a la información y solicitó copias simples de los contratos en cuestión, así como un desglose detallado de los materiales adquiridos y la lista de beneficiarios. La respuesta de María Eugenia López García, directora de Análisis e Información Institucional de la Secretaría del Bienestar, reveló que los contratos fueron rescindidos debido a la falta de entrega de bienes en el tiempo y forma acordado.
Toledo y Rivadeneyra anticipa que presentará nuevos recursos legales para descubrir si el contrato fue asignado a otra empresa, cómo se abordó la «urgencia» que justificó la contratación directa de Realza y, por supuesto, cómo esta empresa ficticia figuró en la lista de proveedores de la dependencia. El manto de dudas que rodea este episodio plantea interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de las acciones tomadas durante ese período.
