Las extorsiones del crimen organizado en algunas localidades de la Tierra Caliente de Michoacán se han expandido al sector farmacéutico, donde los residentes se ven obligados a sufragar los costos derivados del control que los grupos delictivos han ejercido sobre la comercialización de medicamentos.
Debido a la violencia imperante y el problema de la extorsión, las grandes cadenas de farmacias no cuentan con sucursales en estas zonas, según afirmó una autoridad del ayuntamiento de Buenavista. Durante un recorrido realizado por periodistas de EL UNIVERSAL en la región, un habitante advirtió: «No grabes afuera, porque si nos ven esos Viagras, nos levantan y son capaces de matarnos de inmediato».
Crispín, residente local, considera inhumano que la población tenga que afrontar costos elevados para adquirir medicamentos básicos como paracetamol o ibuprofeno para tratar enfermedades comunes en niños. Expuso que la situación se ha vuelto complicada debido a la presencia de Los Viagras, quienes imponen tarifas exorbitantes y controlan la distribución de medicinas en localidades de Apatzingán y Buenavista, operando bajo nombres como Pinzándaro, Santa Ana Amatlán, División del Norte y Cenobio Moreno, entre otras.
Crispín detalló que este grupo criminal obliga a los proveedores a vender medicamentos a precios más bajos para luego acapararlos en sus almacenes y revenderlos a farmacias y tiendas locales. Incluso, cerró una tienda de abarrotes porque lo forzaban a adquirir todo su inventario, incluyendo medicinas.
El comerciante compartió ejemplos de sobreprecios impuestos por Los Viagras, como el alcohol para curaciones, cuyo costo oscila entre 15 y 17 pesos y es revendido hasta en 35 pesos. Afirmó que este control afecta la capacidad de las familias con escasos recursos para adquirir medicamentos esenciales.
El encargado de una farmacia en la región, que solicitó el anonimato por motivos de seguridad, confirmó que el crimen organizado les suministra o revende los medicamentos. Narró que intentó obtener medicamentos en otro lugar para vender al precio del mercado, pero fue interceptado en un retén, le quitaron el medicamento y lo amenazaron, imponiendo multas por surtir fuera de sus condiciones.
Las autoridades locales afirman no tener conocimiento de la situación debido a la falta de denuncias. Sin embargo, habitantes y comerciantes no consideran viable presentar denuncias, temiendo represalias inmediatas por parte de los grupos criminales. Muchas farmacias y pequeños negocios han cerrado porque no pueden hacer frente a las cuotas e impuestos impuestos por estos delincuentes.
