El sector inmobiliario en Yucatán se ve sacudido una vez más por una grave denuncia judicial. La abogada representante del banco HSBC ha presentado una querella contra Gabriel Antonio Dávila Alva, a quien se le acusa de incumplimiento contractual y fraude financiero en relación con un crédito millonario otorgado por la institución bancaria.

De acuerdo con la documentación legal presentada, Dávila Alva ha sido declarado judicialmente en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, estipuladas en el acta número 811 de fecha 26 de junio de 2019. Este incumplimiento ha derivado en una serie de consecuencias económicas y judiciales que afectan directamente a HSBC y ponen en evidencia presuntas irregularidades en el manejo de recursos financieros.

Las exigencias legales contra Gabriel Antonio Dávila Alva:

1. Pago del adeudo principal: Se exige la liquidación de $9,326,333.16 (nueve millones trescientos veintiséis mil trescientos treinta y tres pesos con 16 centavos), correspondiente al capital vencido según el contrato de crédito firmado entre ambas partes.
2. Intereses ordinarios vencidos: Se reclama el pago de $847,588.29 (ochocientos cuarenta y siete mil quinientos ochenta y ocho pesos con 29 centavos), generados hasta el 13 de junio de 2023, con la advertencia de que seguirán acumulándose hasta la liquidación total del adeudo.
3. Primas de seguros impagas: Se exige el pago de $46,168.80 (cuarenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos con 80 centavos) en concepto de primas de seguro vencidas hasta la fecha de la demanda.
4. Gastos de cobranza: La demanda contempla una penalización por gastos de cobranza impagos por $1,800.00 (mil ochocientos pesos), así como un impuesto al valor agregado (IVA) de $288.00 (doscientos ochenta y ocho pesos).
5. Gastos y costas del juicio: Se solicita la condena de Gabriel Antonio Dávila Alva al pago de los gastos procesales generados en este litigio, los cuales serán cuantificados al momento de la ejecución de la sentencia.

El caso ha sido radicado en el Juzgado Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, bajo el número de inscripción 1041819, y es supervisado por la jueza Elsa Guadalupe Rivera Uc.

Un nuevo golpe a la confianza en el sector inmobiliario

Este caso representa un fuerte golpe a la credibilidad del sector inmobiliario en Yucatán, donde recurrentemente se han denunciado fraudes y malas prácticas financieras. HSBC busca recuperar su capital y evidenciar la falta de cumplimiento de Dávila Alva, cuyas acciones podrían afectar a otros inversionistas y empresas vinculadas con sus proyectos.

Mientras la demanda sigue su curso, la comunidad empresarial y los afectados están a la espera de una resolución que siente un precedente en el combate a las irregularidades en el sector financiero e inmobiliario de la región.

El pasado 18 de marzo de 2025, se presentó una denuncia más en la Fiscalía Anticorrupción, ahora en contra de la Vice Fiscal, Nora Patricia Cauich May, por el delito de falsedad ante autoridad judicial; resulta que de acuerdo con la Ley, cuando se niegan órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía, bajo el supuesto de que los hechos investigados no constituyen delito, surge la obligación de archivar definitivamente la carpeta y devolver los bienes relacionados a sus legítimos propietarios.

Aunque es cierto que en 2023 una Juez de Quintana Roo libró unas órdenes de aprehensión por el caso Mayaland, también lo es que se ganó un amparo federal en el que se resolvió que los hechos derivados de una promesa de venta no son relevantes para el Derecho Penal; y es que, todo este escándalo tiene su origen en una promesa de venta y nada más.

En cumplimiento a ese amparo la Juez de Quintana Roo canceló definitivamente las órdenes de aprehensión, lo que motivó la petición de Fernando Barbachano – legitimo dueño -, en el sentido de archivar definitivamente esta farsa y devolverle de una vez por todas lo que es suyo; pero la Vice Fiscal, teóricamente regida por deberes de lealtad y objetividad, le informó a la Juez de Mérida – encargada del trámite -, que las órdenes de aprehensión siguen vigentes y que no puede cumplir con lo que marca la Ley hasta que el amparo quede firme.

Según se lee en la denuncia, el amparo quedó firme e incluso el Juez Federal ya reconoció su cumplimiento, pues, en efecto, ya no existen tales órdenes de aprehensión; el documento concluye aseverando, que, si para la Fiscalía Anticorrupción mentirle descaradamente a una Juez no es delito, entonces quedará evidenciada su colusión en este extenso y complejo entramado de corrupción. ¿Investigan delitos o los cometen?

En un hecho histórico, la Ciudad de México ha prohibido las corridas de toros tradicionales, eliminando la posibilidad de herir o matar a los toros en espectáculos públicos. Con 61 votos a favor y solo 1 en contra, los legisladores capitalinos aprobaron una ley que da paso a una «tauromaquia sin violencia», en la que los toreros podrán usar únicamente capotes y el tiempo de participación de cada toro será limitado.

La medida, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum y promovida por la alcaldesa Clara Brugada, busca equilibrar la tradición taurina con una visión más moderna sobre el bienestar animal. Xóchitl Bravo Espinosa, legisladora que impulsó la iniciativa, enfatizó: «Mi corazón siempre late por el bienestar de los animales», señalando que la propuesta también consideró el impacto económico en quienes dependen de la tauromaquia.

Sin embargo, el sector taurino ha calificado la decisión como un ataque a la «tradición cultural más arraigada en el país». La Plaza México, la más grande del mundo, afirmó que la medida «desvirtúa por completo la esencia de la tauromaquia». Cuatro grupos taurinos anunciaron que continuarán luchando por la preservación de su práctica, mientras que Tauromaquia Mexicana anticipó impugnaciones legales.

A nivel histórico, las corridas de toros en México datan de 1526, pero han enfrentado una creciente oposición en décadas recientes. Desde 2013, cinco estados han prohibido la práctica, y la capital se suma ahora a esa tendencia. En 2019, 168 toros fueron sacrificados en la Plaza México, según datos legislativos.

Los defensores de los derechos animales celebraron la medida, aunque consideran que el cambio es insuficiente. «La tauromaquia sin sangre es solo el principio», afirmó Animal Heroes, organización que lucha por la abolición total de estos espectáculos.

En un plazo de siete meses, el gobierno de la ciudad deberá definir un nuevo reglamento taurino, integrando las posturas de todos los actores involucrados. Mientras tanto, la tauromaquia tradicional enfrenta un nuevo golpe en su larga batalla entre cultura y derechos de los animales.